Todas las fuentes coinciden en definir el espacio periodístico de América Latina como una de las zonas del mundo donde no existe un ejercicio pleno de la libertad de expresión. En unos casos, aunque las constituciones nacionales enuncian un amplio abanico de libertades, la práctica de los medios está dificultada por medidas proteccionistas de los poderes públicos, que impiden la acción crítica y la investigación. En otros, la proximidad entre las instituciones y los medios, la dependencia de éstos de ayudas o inversiones publicitarias, recorta el ejercicio profesional. También abundan los escenarios nacionales donde los medios, especialmente los de ámbito local, están sujetos a actuaciones menos visibles de las autoridades gubernativas o de quienes, a través de posiciones económicas, ejercen viejas modalidades de caciquismo o control territorial, con una vigilancia especial sobre las manifestaciones críticas de los medios.

"A fin de cuentas, detrás del asesinato, del ataque, de la presión o del encarcelamiento injusto de un periodista, casi siempre hay un gobierno, un funcionario, aluna organización, alguna red criminal o simplemente un individuo que pretende evitar a toda costa que una información determinada se haga pública (...).La inmensa mayoría de los ataques contra periodistas latinoamericanos ha quedado sin castigo, pero no sólo por la incapacidad judicial o, incluso, la complicidad de las autoridades, sino por la casi nula respuesta gremial, que acusa inconsistencia al tratarse de sus pares" (1).

En la mayoría de las naciones se observa un denominador común: la impunidad con la que actúan los agentes perturbadores del orden democrático, en el que se inscribe la libertad de expresión y la consiguiente independencia de los medios frente a los poderes político y económico. Las coacciones se manifiestan de forma muy diversa, pero como hipótesis de trabajo se puede suponer que por debajo de las agresiones y de los asesinatos, que son las más visibles, las que se denuncian habitualmente, hay mecanismos menos burdos, más sutiles, que atenazan la expresión mediática. Estas presiones, amenazas y violencias se producen, además, en un espacio profesional laboralmente endeble, en el que el ejercicio de la independencia puede sucumbir, en ocasiones, ante las seducciones corruptoras u optar por respuestas de autocensura o de sumisión a inducciones externas.