Todas las naciones de América Latina, excepción hecha de Cuba, reconocen la libertad de expresión como un principio constitucional, independientemente de la práctica real de este derecho o de las cortapisas a su ejercicio inherentes a una cultura política que recela, en la práctica, de la expresión libre como una amenaza. Como una válvula de escape para la denuncia de situaciones de dominio social endémico, de corrupción muy arraigada o de apropiación del espacio público por parte de fuerzas políticas que restringen el Estado de derecho a expresiones de democracia débil, donde los derechos se adaptan, en ocasiones, a los acusados perfiles de la dualización social. "A pesar de la problemática de la prensa latinoamericana que, en muchos casos, no funciona en forma objetiva e independiente, el periodismo fiscalizador es, ante la falta de voluntad de los gobiernos para enfrentar la corrupción, quizás el único recurso con que los ciudadanos cuentan actualmente para vigilar a sus gobernantes" (1).
Aunque en ocasiones se hagan expresiones genéricas sobre América Latina, como un todo homogéneo, no es correcto abordar las cuestiones referentes al sistema de medios de la zona en esos términos, e injusto extender al conjunto de la región las visiones más pesimistas sobre el respeto a la libertad de expresión. Como señala Daniel E. Jones, "América Latina existe más como proyecto que como realidad, y las enormes diferencias de todo orden que separan a unos países de otros han dificultado desde antiguo cualquier intento unificador, ya sea en el terreno político, en el económico o en el cultural" (2).
A pesar de esa diversidad, lógica en un espacio demográfico de 550 millones de habitantes, integrado por más de veinte realidades nacionales, lo cierto es que la coincidencia en la definición de la libertad de expresión está acompañada, también de una manera muy extendida, por las restricciones, tanto por la existencia de leyes específicas que recortan el concepto amplio, meramente enunciativo de las cartas magnas, y lo conducen a circuitos de fiscalización administrativa o de fácil intervención judicial. Es así como se desvirtúa un derecho fundamental y se relega a la defensa del honor de los políticos y funcionarios, al resguardo de éstos frente a la crítica, al tiempo que se genera una cultura autocensora en una clase profesional desvertebrada, laboralmente deprimida, sin condiciones para generar un criterio ético y una proyección social de su trabajo (3). Las leyes mordaza, duramente criticadas desde la Relatoría especial de la OEA, la SIP y otras organizaciones, son el verdadero cáncer que impide la existencia de una prensa libre en la mayoría de las naciones de América Latina.
Estas circunstancias, cuya casuística se detalla en los informes nacionales, mantiene como asignatura pendiente de la democratización en la región la cuestión de la libertad de los medios. Entre los sectores profesionales más críticos, se trata de un valor convenido, sometido a códigos pre-democráticos, bien entendidos no sólo por los gobernantes y los grupos de poder, sino por las empresas editoras, muchas veces vinculadas a las estructuras de permanencia, esto es, a aquellas que resisten las transiciones políticas. "...los objetivos políticos, religiosos o de intereses económicos vinculados a familias propietarias de los grandes medios han sido mucho más frecuentes como motivación profesional que los principios clásicos del periodismo como un poder independiente al servicio del público y de la verdad" (4).