LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN IBEROAMÉRICA  DECLARACIONES SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   AMENAZAS Y ATENTADOS CONTRA PERIODISTAS  INFORMES SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   PERFILES NACIONALES  ORGANIZACIONES PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ASPECTOS LEGALES  
1. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN IBEROAMÉRICA
1.1. La libertad de prensa, más allá de la libertad de empresa
La libertad de expresión constituye una de las piedras angulares de la retórica latinoamericana de la democratización. Magnificada o ignorada durante la segunda mitad del siglo XX, por la circunstancias cambiantes de la política, queda lejos de la práctica en las naciones que carecen de un escenario natural -el Estado de derecho-. La democracia se resiente, en gran medida, allí donde la dualización sostenida de la estructura económica, social y cultural de naciones institucionaliza la desigualdad a través de prácticas corruptas o restrictivas. A pesar de que, excepción hecha de Cuba, todas las constituciones de la región abrazan la fe democrática, bien es cierto que con significativas cautelas, en muchos casos, cuando hacen referencia a la libertad de expresión.
La libertad de expresión, como problema y desiderátum, se ha avivado significativamente en la agenda de los últimos veinte años. Y se ha avivado, en muchos casos, desde fuera de la región, a través de asociaciones, organismos y fundaciones que no siempre han sabido traducir sus planteamientos a la realidad ambiental en la que se cometen los mayores atropellos, que llegan a los asesinatos de periodistas y son una extensión más del clima de violencia que se proyecta en otras manifestaciones de la realidad. Un clima de violencia y corrupción que no es común a toda la zona y se define en relieves estadísticos bien perfilados, donde no siempre el periodista es la víctima de una tropelía contra la libertad de expresión. En algunos casos, los periodistas están sujetos a ajustes de cuentas propios del entramado en el que participan, circunstancia que no empaña, sin embargo, el buen nombre de quienes sufren agresiones por practicar un periodismo independiente.
En México o Colombia, por ejemplo, los periodistas muertos en situaciones violentas no siempre se corresponden con atentados contra la libertad de expresión. En la nación azteca, con una prensa corrompida por los postores de la política, del narcotráfico y las mafias locales, en 30 años se registraron 137 muertes violentas de periodistas, pero muchas de ellas fueron simples ajustes de cuentas. Según un estudio de la organización Article 19, en el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) hubo seis muertos, doce durante la presidencia de López Portillo (1976-1982); 33 durante el mandato de Miguel de la Madrid (1982-1988); 46 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), nueve de ellos por motivos ajenos al oficio profesional; 40, en fin, durante la magistratura de Ernesto Zedillo, con 17 asesinados por motivos extraperiodísticos. "Tales muertes, por lo comúnnunca son suficientemente y profundamente investigadas por las autoridades, por lo que en muchos casos se desconocen los móviles o éstos se definen a partir de especulaciones periodísticas" (1). Unas prácticas que se han mantenido en la primera década del siglo XXI, cuando México se ha convertido en el país con el mayor número de muertes violentas de periodistas en América Latina.
Los procesos de democratización han servido también para acercar las prácticas periodísticas a nuevos perfiles de indagación, esto es, al descubrimiento de parcelas de la realidad antes ocultas, pero no desaparecidas por el acceso a un mayor grado de libertad. Así, en Guatemala, por poner un caso frecuente en las repúblicas centroamericanas, "tanto el ejército como la oligarquía económica, ligada al gobierno desde el nombramiento de Alvaro Arzú como presidente [1996-2000], representan los grupos fuertes de presión sobre los medios de comunicación. Las leyes que regulan los medios de comunicación siguen sin apenas cambiar o aplicarse (...). Estos cambios no se rigen por principios democráticos sino suponen una adaptación del Gobierbo, del Ejército y de la oligarquía económica para mantener sus posiciones de poder", escribe Hans Koberstein, que califica el proceso de "transición sin democratización" (2).
¿Cómo evaluar, en términos democráticos, el caso de Honduras en 2001, ante la purga de periodistas en el período previo a las elecciones de noviembre? El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Cofadeh) denunció el cese de conocidos periodistas de El Heraldo, por presiones del Gobierno "a través de los dueños vulnerables con el poder político". Según es comunicado de Cofadeh, el presidente de la República "está acostumbrado a llamar a los dueños de los medios de comunicación por alguna información que no sea de su parecer".
Paradójicamente, en ocasiones puede suceder que, a mayor amplitud del discurso democrático institucional, se produzcan también mayor número de presiones y soluciones legales para impedir la plena transparencia; esto es, la denuncia periodística se combate con la denuncia del periodista, su sometimiento a través de las leyes y de los jueces. Pero también se dan situaciones extremas, ajenas a la sutileza de las estrategias de las administraciones que inscriben su acción en sistemas llamados democráticos. Es lo que Koberstein denomina "políticas de comunicación informales" (3). Es el caso de algunas naciones latinoamericanas en las que se mantienen tensiones que anulan la eficacia del Estado de derecho. "La violencia contra la prensa -escribe Silvio Waisbord- está vinculada a la crisis del Estado (...). Una compleja red de intereses que incluye jefes de la droga, políticos locales, policías, militares y guerrilleros, en algunos casos se ha confirmado y en otros se sospecha que está detrás de decenas de ataques contra periodistas" (4).
(1) Omar Raúl Martínez, "Actos contra periodistas en México", Pulso del Periodismo, Miami (Florida, USA), 27.08.1999 (v. artículo). Omar Raúl Martínez, director de la Revista Mexicana de Comunicación, viene haciendo desde hace años, en colaboración con Verónica Martínez y otros, un seguimiento detallado sobre los atentados a la libertad de prensa en México, donde las manifestaciones de violencia y las presiones adquieren dimensiones sorprendentes. El conocido como Informe Buendía 2007 (v. informe) pone de manifiesto "el panorama desolador para el derecho a la información en la República Mexicana, pues aquí no sólo se registran agresiones, atentados o amenazas para coartar la libertad de expresión sino también puntuales y rigurosas reflexiones sobre los artilugios o prácticas para inhibir el ejercicio de la misma a través de la aplicación sesgada o discrecional de las leyes en la materia y, en el peor de los casos, vía el abuso en el ejercicio del derecho que se permite desde la propia ley."
(2) Hans Koberstein, "Políticas de comunicación y democratización. El caso de Guatemala", en Latina, La Laguna (España), núm. 13, nov. 1999 (v. artículo). Un texto más amplio y completo de este autor, "Democratización y políticas de comunicación. El caso de Guatemala", en Chasqui, Quito (Ecuador), núm. 65, marzo de 1998).
(3) Ibídem.
(4) "La política del palo: violencia contra la prensa en América Latina", en Pulso del Periodismo, Miami (Florida, USA), abril de 2000 (v. artículo).