Los 'carga ladrillos' a los que se refiere Martín-Barbero
son, además, más baratos y debilitan el prestigio social de la profesión.
El difícil sacrificio democrático de la independencia profesional no tiene
la contrapartida económica de unos salarios dignos, y muchas empresas
se rigen por la ley de la mínima inversión y el máximo beneficio. Así,
en El Salvador, según un comentario de hace una década que sigue estando vigente, excepción hecha de algún medio de referencia, los empresarios
"no invierten lo más mínimo en la producción
de información eficiente. Mantienen las unidades de periodistas en condiciones
anémicas y destartaladas: Pocos periodistas, salarios bajos, sobrecargo
de funciones, recursos materiales e infraestructura insuficientes. Frecuentemente,
los comunicadores se quejan del deficiente transporte, de que no tienen
baterías para sus grabadoras..." (1).
Las debilidades profesionales apuntadas no se atemperan con un contrapeso
profesional sólido. Resulta paradójica la escasa incidencia que las estructuras
sindicales o profesionales tienen en la denuncia de los atentados contra
la libertad de expresión. Y sorprende también que en una región afectada
por problemas comunes, en la que las coaliciones y asociaciones de editores
están bien arraigadas, una profesión con centenares de víctimas no haya creado una estructura supranacional de defensa efectiva e independiente.
Muchas de las prevenciones que han limitado el protagonismo de los periodistas
de América Latina radican en inercias de etapas de restricción más acusadas,
en las que el compromiso de los periodistas con la libertad de expresión
excitó acusaciones que les asociaban sistemáticamente con corrientes ideológicas
perseguidas. Así, por ejemplo, una denuncia de corrupción era asociada
a una posición comunista, con lo que se ampliaba así la conspiración de
silencio de Gobiernos escasamente democráticos.
John Virtue, subdirector del Centro de Prensa Internacional de la Universidad
Internacional de Florida, autor de un informe sobre los periodistas en
los países andinos, aparecido en 1995, sintetiza en su casuística la "falta
de una actitud de respeto hacia ellos [los periodistas] por parte de los
dueños de los medios". "[Político y dueños] nos tratan como a peones",
testimonia un profesional boliviano (2). Para Virtue,
el primer problema que afecta a la libertad de expresión en la zona está
en los propios medios.
"La amenaza más fuerte que enfrentan los medios de comunicación
en América Latina no son los esfuerzos gubernamentales o de otra índole
para restringir la libertad de prensa, sino la corrupción interna. Durante
los periodos dictatoriales, cuando la prensa peleaba por su propia sobrevivencia,
hubo una tendencia de pasar por alto el comportamiento antiético de los
medios. Pero ahora, cuando hay gobiernos democráticos en todos los países
de América Latina, salvo en uno, los medios de comunicación deben mantener
patrones de conducta ética mucho más altos que otros negocios, debido
a su compromiso con el público" (3).
"Pero, ¿cómo pueden los medios de comunicación cumplir su papel fiscalizador
si entre sus filas hay gente corrupta? ¿No sería hipocresía si los corruptos
están detrás de otros corruptos? Los medios de comunicación en América
Latina cuentan con algunos miembros que están entre los profesionales
más éticos en el mundo entero. Pero estos son una minoría. Muchos dueños
toleran la aceptación, por parte de sus periodistas, de pagos ilícitos
de sus fuentes o pagos que provocan conflictos de interés, porque representan
un tipo de subsidio que les permiten pagar bajos salarios" (4).
La desventurada práctica del tiro sobre el periodista,
de las amenazas más salvajes, no son, a pesar de la desmesura estadística
en América Latina, el tipo de acción más frecuente, pero ejercen una indudable
tensión ambiental en algunos países. Una tensión que acentúa una práctica
restrictiva, bastante generalizada, institucionalizada como norma de conservación
del puesto laboral: la autocensura.
Este blanqueo de conciencia crítica, reductor del poder ideológico del Estado
de derecho, ha trascendido también al ámbito académico, que, en buena medida,
se ha desprendido de las corrientes críticas y hasta de las concepciones
cristianas de comunicación para el desarrollo, para descubrir un recorrido
curricular más acrítico, menos comprometido con los procesos de transición
democrática, en los que llegan a mimetizarse esquemas de centros norteamericanos
o europeos que parten de entornos económicos, sociales y culturales diferentes.
Las apuestas por la libertad de expresión son, en términos de programación
académica, casos excepcionales o manifestaciones de rango inferior a los
del desarrollo tecnológico, las rutinas constructivas o la preceptiva narrativa.
En la mayoría de las naciones de América Latina cohabitan constituciones
que abrazan la libertad de expresión con prácticas antidemocráticas que,
a través de mecanismos de poder y control, reducen la efectividad de este
derecho fundamental, condicionado y sujeto a prevenciones
que parten de una concepción represiva del fenómeno de la expresión libre.
"Una de las principales herramientas para silenciar a la prensa -según
Santiago Cantón, ex-relator especial de la OEA sobre libertad de expresión (1998-2001)-
es utilizar las leyes de desacato (más conocidas como leyes "mordaza"),
todavía vigentes en la mayoría de los países del hemisferio, y el delito
de calumnias e injurias, especialmente en lo penal. En muchos casos, las
leyes de calumnias e injurias en vez de proteger el honor de las personas
se utilizan para atacar o silenciar lo que se considera crítico de la administración
pública". Es por ello que Santiago Cantón cree en la necesidad de control
completo y eficaz de la gestión de los asuntos públicos para garantizar
una sociedad democrática requiere, en la que políticos y funcionarios no
cuenten con protección frente a las críticas distinta de la que tendría
"cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés público" (5).
Las leyes que protegen a los funcionarios frente a la crítica de los medios
excitan, en algunos países, un desaforado celo de la Justicia, que actúa
inmediatamente contra el periodista y el medio. Así, en Panamá, en la primavera
de 2001, se llegó a un grado de verdadera asfixia sobre la profesión: "72
periodistas panameños -uno de cada tres reporteros en ejercicio- está siendo
procesado por estos delitos, en un 70 por ciento promovido por funcionarios
que se han sentido afectados por noticias" (6).
La democratización ha producido, en algunos países, que
la complicidad de editores con los viejos regímenes, que trasladaba a
una censura externa a la empresa la intervención, haya cambiado. Y, para
los nuevos Gobiernos, el fin de la caza de brujas institucionalizada y
abierta, con la necesidad de crear modelos menos toscos de control de
los medios y contención de la expresión.
Resulta inquietante contrastar el celo de la Justicia, en muchas de las
naciones de América Latina, al aplicar las que se han dado en llamar 'leyes
mordaza' con la impunidad bajo la que se escabulle la autoría de las agresiones
a medios y periodistas. A la "inconsistencia judicial en materia de conceptos
fundamentales sobre la libertad de expresión, tales como las defensas
contra acusaciones de difamación" (7), hay que añadir,
como otra de las lacras que aparecen en las radiografías sobre los males
de la libertad de expresión, la ineficacia en la persecución del crimen.
"La ineficacia del sistema judicial exacerba esta situación
anárquica en gran parte de América Latina. Los sospechosos rara vez son
procesados, y cuando lo son, los casos se engavetan y se olvidan; por
ejemplo, los responsables fueron identificados y capturados en solamente
seis de los 108 asesinatos de periodistas colombianos entre 1977 y 1995.
El problema no es tanto la falta de legislación como el incumplimiento
de las leyes" (8).
Cuando la neutralidad de los Gobiernos ante los medios
se rompe, se advierte una amplia gama de intervenciones que va desde
el uso de los medios como cancha de proyección política interesada a
las presiones seductoras, corruptoras o de simple advertencia. Además
de la vinculación de determinadas opciones políticas a grupos editores,
a la inducción de estos últimos en los períodos electorales o el acompañamiento
informativo en la gestión ejecutiva, existe una variada gama de modalidades
de intervención, generalmente basadas en la posición dominante de las
fuerzas rectoras. La publicidad de las entidades públicas se convierte
en ocasiones en una forma de gratificación o penalización de las posiciones
informativas, al tiempo que el uso de estrategias fiscales, política de
concesiones, etc.
"Los métodos de mano dura, utilizados por los dictadores,
han sido reemplazados por formas más sutiles de coerción, como auditorías
abusivas de las declaraciones de impuestos, negación de permisos de importación,
amenazas de no renovar las licencias de transmisión, así como el uso de
la propaganda oficial para premiar o castigar a los medios" (9).
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(1) "Las facultades de comunicación no pueden renunciar a un proyecto de país". en Signo y Pensamiento, núm. 31. Bogotá, 1997. pp. 51-62.
(2) Virtue, John, "La popularidad de la prensa latinoamericana", en Sala de Prensa, México, marzo 1999.
(3) Ibídem.
(4) Virtue, John, "Problemas éticos en América Latina", en Chasqui, núm. 61,Quito, marzo 1998.
(5) Cantón, Santiago A., "Informe anual del relator especial para la libertad de expresión", OEA, 2000.
(6) Amat, Octavio, "Los riesgos del periodista en democracia", en Sala de Prensa, México, septiembre 2001.
(7) Lanso, Jairo E., "¿Quiénes restringen a la prensa?", La Red de Periodistas de Investigación, núm. 14, México, julio-agosto 1999.
(8) Waisbord, Silvio, "La política del palo: violencia contra la prensa en América Latina", Pulso del Periodismo, Miami.
(9) Virtue, John, "La popularidad de la prensa latinoamericana", en Sala de Prensa, México, marzo 1999. |