LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN IBEROAMÉRICA  DECLARACIONES SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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1. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN IBEROAMÉRICA
1.6. La infravaloración del periodista

Los 'carga ladrillos' a los que se refiere Martín-Barbero son, además, más baratos y debilitan el prestigio social de la profesión. El difícil sacrificio democrático de la independencia profesional no tiene la contrapartida económica de unos salarios dignos, y muchas empresas se rigen por la ley de la mínima inversión y el máximo beneficio. Así, en El Salvador, según un comentario de hace una década que sigue estando vigente, excepción hecha de algún medio de referencia, los empresarios "no invierten lo más mínimo en la producción de información eficiente. Mantienen las unidades de periodistas en condiciones anémicas y destartaladas: Pocos periodistas, salarios bajos, sobrecargo de funciones, recursos materiales e infraestructura insuficientes. Frecuentemente, los comunicadores se quejan del deficiente transporte, de que no tienen baterías para sus grabadoras..." (1).
Las debilidades profesionales apuntadas no se atemperan con un contrapeso profesional sólido. Resulta paradójica la escasa incidencia que las estructuras sindicales o profesionales tienen en la denuncia de los atentados contra la libertad de expresión. Y sorprende también que en una región afectada por problemas comunes, en la que las coaliciones y asociaciones de editores están bien arraigadas, una profesión con centenares de víctimas no haya creado una estructura supranacional de defensa efectiva e independiente.
Muchas de las prevenciones que han limitado el protagonismo de los periodistas de América Latina radican en inercias de etapas de restricción más acusadas, en las que el compromiso de los periodistas con la libertad de expresión excitó acusaciones que les asociaban sistemáticamente con corrientes ideológicas perseguidas. Así, por ejemplo, una denuncia de corrupción era asociada a una posición comunista, con lo que se ampliaba así la conspiración de silencio de Gobiernos escasamente democráticos.
John Virtue, subdirector del Centro de Prensa Internacional de la Universidad Internacional de Florida, autor de un informe sobre los periodistas en los países andinos, aparecido en 1995, sintetiza en su casuística la "falta de una actitud de respeto hacia ellos [los periodistas] por parte de los dueños de los medios". "[Político y dueños] nos tratan como a peones", testimonia un profesional boliviano (2). Para Virtue, el primer problema que afecta a la libertad de expresión en la zona está en los propios medios.

"La amenaza más fuerte que enfrentan los medios de comunicación en América Latina no son los esfuerzos gubernamentales o de otra índole para restringir la libertad de prensa, sino la corrupción interna. Durante los periodos dictatoriales, cuando la prensa peleaba por su propia sobrevivencia, hubo una tendencia de pasar por alto el comportamiento antiético de los medios. Pero ahora, cuando hay gobiernos democráticos en todos los países de América Latina, salvo en uno, los medios de comunicación deben mantener patrones de conducta ética mucho más altos que otros negocios, debido a su compromiso con el público" (3).

"Pero, ¿cómo pueden los medios de comunicación cumplir su papel fiscalizador si entre sus filas hay gente corrupta? ¿No sería hipocresía si los corruptos están detrás de otros corruptos? Los medios de comunicación en América Latina cuentan con algunos miembros que están entre los profesionales más éticos en el mundo entero. Pero estos son una minoría. Muchos dueños toleran la aceptación, por parte de sus periodistas, de pagos ilícitos de sus fuentes o pagos que provocan conflictos de interés, porque representan un tipo de subsidio que les permiten pagar bajos salarios" (4).

La desventurada práctica del tiro sobre el periodista, de las amenazas más salvajes, no son, a pesar de la desmesura estadística en América Latina, el tipo de acción más frecuente, pero ejercen una indudable tensión ambiental en algunos países. Una tensión que acentúa una práctica restrictiva, bastante generalizada, institucionalizada como norma de conservación del puesto laboral: la autocensura.
Este blanqueo de conciencia crítica, reductor del poder ideológico del Estado de derecho, ha trascendido también al ámbito académico, que, en buena medida, se ha desprendido de las corrientes críticas y hasta de las concepciones cristianas de comunicación para el desarrollo, para descubrir un recorrido curricular más acrítico, menos comprometido con los procesos de transición democrática, en los que llegan a mimetizarse esquemas de centros norteamericanos o europeos que parten de entornos económicos, sociales y culturales diferentes. Las apuestas por la libertad de expresión son, en términos de programación académica, casos excepcionales o manifestaciones de rango inferior a los del desarrollo tecnológico, las rutinas constructivas o la preceptiva narrativa.
En la mayoría de las naciones de América Latina cohabitan constituciones que abrazan la libertad de expresión con prácticas antidemocráticas que, a través de mecanismos de poder y control, reducen la efectividad de este derecho fundamental, condicionado y sujeto a prevenciones que parten de una concepción represiva del fenómeno de la expresión libre. "Una de las principales herramientas para silenciar a la prensa -según Santiago Cantón, ex-relator especial de la OEA sobre libertad de expresión (1998-2001)- es utilizar las leyes de desacato (más conocidas como leyes "mordaza"), todavía vigentes en la mayoría de los países del hemisferio, y el delito de calumnias e injurias, especialmente en lo penal. En muchos casos, las leyes de calumnias e injurias en vez de proteger el honor de las personas se utilizan para atacar o silenciar lo que se considera crítico de la administración pública". Es por ello que Santiago Cantón cree en la necesidad de control completo y eficaz de la gestión de los asuntos públicos para garantizar una sociedad democrática requiere, en la que políticos y funcionarios no cuenten con protección frente a las críticas distinta de la que tendría "cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés público" (5).
Las leyes que protegen a los funcionarios frente a la crítica de los medios excitan, en algunos países, un desaforado celo de la Justicia, que actúa inmediatamente contra el periodista y el medio. Así, en Panamá, en la primavera de 2001, se llegó a un grado de verdadera asfixia sobre la profesión: "72 periodistas panameños -uno de cada tres reporteros en ejercicio- está siendo procesado por estos delitos, en un 70 por ciento promovido por funcionarios que se han sentido afectados por noticias" (6).
La democratización ha producido, en algunos países, que la complicidad de editores con los viejos regímenes, que trasladaba a una censura externa a la empresa la intervención, haya cambiado. Y, para los nuevos Gobiernos, el fin de la caza de brujas institucionalizada y abierta, con la necesidad de crear modelos menos toscos de control de los medios y contención de la expresión.
Resulta inquietante contrastar el celo de la Justicia, en muchas de las naciones de América Latina, al aplicar las que se han dado en llamar 'leyes mordaza' con la impunidad bajo la que se escabulle la autoría de las agresiones a medios y periodistas. A la "inconsistencia judicial en materia de conceptos fundamentales sobre la libertad de expresión, tales como las defensas contra acusaciones de difamación" (7), hay que añadir, como otra de las lacras que aparecen en las radiografías sobre los males de la libertad de expresión, la ineficacia en la persecución del crimen.


"La ineficacia del sistema judicial exacerba esta situación anárquica en gran parte de América Latina. Los sospechosos rara vez son procesados, y cuando lo son, los casos se engavetan y se olvidan; por ejemplo, los responsables fueron identificados y capturados en solamente seis de los 108 asesinatos de periodistas colombianos entre 1977 y 1995. El problema no es tanto la falta de legislación como el incumplimiento de las leyes" (8).

Cuando la neutralidad de los Gobiernos ante los medios se rompe, se advierte una amplia gama de intervenciones que va desde el uso de los medios como cancha de proyección política interesada a las presiones seductoras, corruptoras o de simple advertencia. Además de la vinculación de determinadas opciones políticas a grupos editores, a la inducción de estos últimos en los períodos electorales o el acompañamiento informativo en la gestión ejecutiva, existe una variada gama de modalidades de intervención, generalmente basadas en la posición dominante de las fuerzas rectoras. La publicidad de las entidades públicas se convierte en ocasiones en una forma de gratificación o penalización de las posiciones informativas, al tiempo que el uso de estrategias fiscales, política de concesiones, etc.

"Los métodos de mano dura, utilizados por los dictadores, han sido reemplazados por formas más sutiles de coerción, como auditorías abusivas de las declaraciones de impuestos, negación de permisos de importación, amenazas de no renovar las licencias de transmisión, así como el uso de la propaganda oficial para premiar o castigar a los medios" (9).


(1) "Las facultades de comunicación no pueden renunciar a un proyecto de país". en Signo y Pensamiento, núm. 31. Bogotá, 1997. pp. 51-62.
(2) Virtue, John, "La popularidad de la prensa latinoamericana", en Sala de Prensa, México, marzo 1999.
(3) Ibídem.
(4) Virtue, John, "Problemas éticos en América Latina", en Chasqui, núm. 61,Quito, marzo 1998.
(5) Cantón, Santiago A., "Informe anual del relator especial para la libertad de expresión", OEA, 2000.
(6) Amat, Octavio, "Los riesgos del periodista en democracia", en Sala de Prensa, México, septiembre 2001.
(7) Lanso, Jairo E., "¿Quiénes restringen a la prensa?", La Red de Periodistas de Investigación, núm. 14, México, julio-agosto 1999.
(8) Waisbord, Silvio, "La política del palo: violencia contra la prensa en América Latina", Pulso del Periodismo, Miami.
(9) Virtue, John, "La popularidad de la prensa latinoamericana", en Sala de Prensa, México, marzo 1999.