Ciertamente, las denuncias sobre violaciones de la libertad de expresión ofrecen una estampa dramática cuando alcanzan la violencia de los asesinatos. Aún así, a pesar de las decenas de muertes que cada año sitúan a América Latina a la cabeza de la estadística mundial, lo cierto es que las víctimas de las agresiones no son, por regla general, directivos o trabajadores de los grandes medios escritos o audiovisuales. Salvo en casos excepcionales o en situaciones políticas críticas de períodos pasados, las muertes tienen por escenario pequeñas poblaciones y alcanzan a periodistas de medios locales y comunitarios o a corresponsales de grandes medios en ciudades menores; esto es, allí donde la proximidad entre los poderes corruptos o mafiosos de la zona y la debilidad de las estructuras mediáticas crean unas relaciones dialécticas asimétricas, en las que la muerte es la solución última y excepcional, y es mucho más frecuente el silencio o la complacencia con situaciones de abuso y violación de la ley.
Así, entre 1989 y 2001, según los datos de la SIP, de los 124 periodistas asesinados en la región, 105 (el 84,7 por ciento) ejercían en medios locales, 41 de ellos en radio, 30 en diarios, 15 en publicaciones no diarias y 12 en televisiones. Sólo 7 (el 5,6 por ciento) pertenecían a medios escritos de ámbito nacional, 6 a radios de capitales de nación y 2 a televisiones de cobertura estatal. En los medios locales, con infraestructuras muy reducidas, los atentados mortales son, en no pocos casos, contra los directores, propietarios o responsables de medios familiares o de propiedad comunitaria.

"Los periodistas de las regiones aplican la autocensura en cada palabra que escriben, como única garantía para seguir ejerciendo sin ser víctimas de señalamientos que podrían costarles la vida" (1). "Faltándole la visibilidad y la prominencia de los medios noticiosos metropolitanos y el control efectivo sobre los poderes locales, los reporteros regionales son vulnerables a la brutalidad policíaca y a la represión paramilitar" (2).

No es frecuente, salvo en situaciones excepcionales, encontrar casos de violencia máxima en las relaciones y tensiones de poder con los grandes medios, con las emisoras de televisión y diarios de circulación nacional. Aquí se da una gama de posiciones que va desde la dignidad e independencia de muchos medios, cuya fuerza y respeto se basa en la credibilidad y la cultura democrática que emana de sus contenidos, a la connivencia con los entramados económicos y políticos dominantes, en torno a los cuales giran parte de las finanzas, la política, la publicidad, las ayudas, sin restricciones éticas por los colores gobernantes o por la naturaleza de las contraprestaciones informativas y de opinión exigidas por el ambiente.