El papel de la Sociedad Interamericana La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrada por los editores de prensa diaria de todo el continente, con sede en Miami, aborda preferentemente aquellos casos en los que la libertad de expresión afecta a la libertad de empresa. No suele denunciar las trabas que proceden de las propias empresas, circunstancia no tan infrecuente en América Latina, como tampoco su juego político o la prevalencia del interés mercantil en la construcción informativa -incluidos los silencios- por encima del derecho a la información de las audiencias democráticamente mal amparadas, y con reservas evidentes hacia la función social e independencia profesional del periodista. Es sorprendente la capacidad de absorción ideológica de esta organización, muy activa en la consignación, tipificación y denuncia permanente de una parte del problema que enmascara como el todo. Y ese enmascaramiento no sólo es lesivo para el debate para la libertad de expresión, por reduccionista e interesado, sino que, por monopolizar el discurso, impide el desarrollo de políticas democráticas tendentes a garantizar, de manera equilibrada, la libertad de expresión y el derecho a la información.

"Hay organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa en su dimensión empresarial. Estas organizaciones nunca se han preocupado de garantizar el derecho de expresión y de conciencia del periodista frente a la empresa propietaria del medio; tampoco han sido favorables al derecho de respuesta de los ciudadanos agredidos por los medios y no han defendido el derecho de expresión como acceso del ciudadano a los medios de prensa. Tampoco se han preocupado de proteger al consumidor (lector) exigiendo una calidad mínima de las noticias que propalan los periódicos" (1).

A este déficit democrático en el ejercicio de la libertad, que descubre responsabilidades más acentuadas de las que se dan en las democracias estables, se une, en muchos casos, un inadecuado tratamiento salarial de los periodistas, que debilita su posición y les convierte en presas frágiles de las tensiones ambientales.
Esta misma filosofía, que residencia casi todos los males contra la libertad de expresión en las acciones que atentan contra la libre empresa, es la que, lógicamente, anima el espíritu de la Asociación Mundial de Editores (WAN). Cuando en los Estados Unidos se produjo, a comienzos de 1991, la fusión entre America Online y Time-Warner, con una respuesta crítica en numerosos ambientes profesionales y cívicos sobre los peligros para la libertad de expresión derivados de la mayor concentración conocida hasta la fecha, el director general de la WAN, Timothy Balding, sólo vio ventajas, esto es, el comienzo de "una etapa suplementaria en el proceso de consolidación que conduce a las empresas integradas de medios...".
La falta de una dimensión política y ética en la utilización del concepto de libertad de expresión se arropa, sin embargo, con constantes declaraciones que vinculan la dimensión reivindicativa a un desiderátum democrático, circunstancia que permite idealizar y hasta sacralizar el papel de los emisores como paladines de la democratización latinoamericana, con un refuerzo de su posición en las relaciones de poder. Sin embargo, a diferencia de otras realidades culturales, como la centroeuropea, esa posición no se blinda con un compromiso con las audiencias, como ya se señala, por vez primera, en la declaración de la III Cumbre de las Américas celebrada de Québec (Canadá) en 2001, a través de mecanismos de autorregulación del sector (editores, periodistas y sociedad civil). En la cita canadiense, los jefes de Estado de la OEA dedicaron un apartado a los medios, a los que se asigna "un papel importante en la promoción de una cultura democrática", y recomiendan se establezcan mecanismos de autorregulación con normas de conducta ética "que tomen en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil".