|  2.8. Pedagogía de la 
        libertad 
 El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en San José 
        de Costa Rica, presentó en 2000 el proyecto Libertad de Expresión y Sistema 
        Interamericano de Derechos Humanos, destinado a fomentar "la incorporación 
        de estándares internacionales de protección a la libertad de expresión 
        en el derecho interno, mediante un proceso de entrenamiento y capacitación" 
        entre funcionarios y representantes de la sociedad civil. Con el apoyo 
        de la fundación estadounidense Robert R. McCormick Tribune, el proyecto 
        se inició con el desarrollo de dos programas en Paraguay y Venezuela. 
        El IIDH había celebrado anteriormente, con la colaboración de la Agencia 
        Española de Cooperación Internacional (AECI), seis seminarios sobre Medios 
        de Comunicación y Sociedad Democrática, a partir del eje temático central 
        de la libertad de expresión en relación al control de la corrupción de 
        funcionarios públicos y la incorporación de estándares normativos internacionales.
 
 El IIDH parte del reconocimiento de una situación crítica. "En América 
        Latina -señala en la presentación del programa-, el problema entre el 
        poder político y la libertad de expresión no se centra en el conflicto 
        que puede existir sobre el rol del Estado como distribuidor de recursos 
        para garantizar que todas las voces sean escuchadas, sino en el conflicto 
        'tradicional': Estados que obstaculizan las libertades ciudadanas". Y 
        trata de aplicar soluciones complementarias a la denuncia de casos desarrollada 
        por la SIP y su entorno: "el mecanismo de denuncia ha demostrado ser necesario 
        pero insuficiente para enfrentar los ataques a este derecho. Si bien hay 
        situaciones que se solucionan por medio del sistema de casos, para la 
        resolución de muchos otros se necesitan capacitación, promoción e investigación".
 
 El proyecto del IIDH se basa en la promoción de valores ajenos a la práctica 
        latinoamericana entre los agentes de los poderes legislativos, judiciales 
        y de la sociedad civil, donde se incluyen los periodistas, a quienes se 
        asigna un papel determinante en el fortalecimiento de una cultura democrática: 
        "el periodismo debe ejercer su rol tradicional de crítica y control de 
        los tres poderes del Estado, pero, teniendo presente la debilidad institucional 
        imperante en América Latina, la crítica debe tener un fuerte sustento 
        en la profundización de la democracia; es decir, no debe atentar contra 
        los valores democráticos o proponer 'soluciones' autoritarias. A la vez, 
        la sociedad civil en general debe controlar la vigencia de este derecho 
        y, en caso de violaciones, debe estar en capacidad para recurrir a instancias 
        internacionales de protección".
 
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