2.6. Conferencia Hemisférica de Guatemala (1997)

El 30 de julio de 1997 se reunió en Ciudad de Guatemala la Conferencia Hemisférica Crímenes sin Castigo contra Periodistas, convocada por la SIP como continuación de la celebrada tres años antes en el Castillo de Chapultepec (Ciudad de México). En esta ocasión, presidió el foro el estadounidense David Lawrence Jr., director del Miami Herald. Además de una fuerte presencia profesional, con cerca de 300 periodistas, se dieron cita políticos, intelectuales y representantes de instituciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión.

Una comisión de notables del mundo jurídico, universitario, editorial, cultural, etc., fue la encargada de escuchar, durante el foro, las alegaciones de periodistas o familiares de éstos sobre agresiones durante el ejercicio profesional. Entre otros, comparecieron la guatemalteca Anabella Flaquer, que testimonió las vivencias de su hermana Irma antes de ser asesinada; la también guatemalteca Marta Arrivillaga, viuda del periodista Carpio Nicolle, director de El Gráfico; el colombiano Francisco Santos, de El Tiempo de Bogotá, que relató su largo secuestro a manos del Cartel de Medellín en 1990; el argentino Gabriel Minchi, que narró el secuestro, la tortura y el asesinato en 1997 de su colega José Luis Cabezas.

También participaron las mujeres de dos directores de medios asesinados: Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, director de La Prensa de Managua, asesinado en 1978, y Teresa Bolaños de Zarco, presidenta de la comisión negociadora de paz de Guatemala, viuda de Isidoro Zarco, director de Prensa Libre, muerto en 1970.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en un informe presentado en el foro, ofreció datos de 45 profesionales abatidos en el país durante los últimos 30 años, a lo largo un "período trágico "para el periodismo nacional iniciado con la muerte, en septiembre de 1967, del presentador de televisión José Torón Barrios.

Las resoluciones pasaron del marco más amplio y teórico de Chapultepec a una condena concreta de la violencia habitual contra los periodistas en numerosos países de América Latina, como manifestación límite de otro tipo de presiones y coacciones sobre el conjunto del sistema de medios. Así, la Conferencia Hemisférica acordó:

"Condenar el asesinato y toda violencia física contra periodistas como uno de los mayores crímenes contra la sociedad porque con ello se cercena la libertad de expresión y como consecuencia los demás derechos y libertades; "Condenar la conducta omisa o cómplice de quienes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar estos crímenes y no lo hacen, dejándolos en la impunidad y así sumándole aún más gravedad; "Demandar de las autoridades que cumplan con su deber de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes y reparar sus consecuencias".

Entre las recomendaciones a los Gobiernos, aprobadas por la comisión de notables, cabe destacar, entre otros puntos, la de la anulación "de cualquier prescripción por crímenes cometidos con el fin de restringir el ejercicio de la libertad de información e impedir la declaración de amnistías o el perdón de aquellos responsables", al tiempo que "alentar reformas legales que incluyan el enjuiciamiento y declaratoria de culpabilidad de los autores intelectuales en el asesinato de periodistas". Asimismo, recomienda "que las leyes que gobiernan los estados de emergencia no autoricen la restricción de la libertad de prensa" y se prohíban "los juicios por parte de tribunales militares o especiales de aquellos acusados de crímenes contra los periodistas".

La conferencia de clausura corrió a cargo del premio Pulitzer Anthony Lewis, columnista del New York Times, quien concluyó: "esta conferencia no ha sido, en realidad, sobre el periodismo, sino sobre las necesidades de una sociedad decente, sobre el anhelo humano de un orden tolerable y de libertad".

Asimismo, se diseñó un Plan de Acción, tendente a evitar los atentados contra la libertad y el ejercicio profesional, avalado por la firma, entre otras organizaciones, del IPI, Reporteros Sin Fronteras, CPJ, WAN, Freedom Forum, FIP, WPFC y la propia SIP. De este Plan cabe destacar dos aspectos, el que promueve la realización de "campañas masivas de difusión sobre crímenes sin castigo contra periodistas y otros hechos de violencia", y el destinado a crear una conciencia crítica entre los futuros periodistas, mediante el fomento en los planes de estudio de Periodismo de materias que analicen "el terrible impacto que para las sociedades democráticas tienen los crímenes contra periodistas y su impunidad" y motiven la inclusión de asignaturas específicas "sobre la libertad de prensa".

Consecuencia de la reunión de Guatemala fue la resolución de la Unesco en noviembre de 1997, a partir de un texto presentada por cuatro naciones de América Latina (Uruguay, Colombia, Costa Rica y México) y Alemania, con el apoyo de Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Venezuela y otras ocho naciones. El acuerdo hace referencia específica a las muertes de periodistas latinoamericanos e invita al director general de la Unesco a "condenar el asesinato y toda violencia física contra periodistas como un crimen contra la sociedad, porque con ello se cercena la libertad de expresión y, como consecuencia, los demás derechos y libertades enunciados en los instrumentos internacionales de derechos humanos". Y pide a los Gobiernos que adopten el principio de que "no prescriben los crímenes" contra los periodistas cuando son perpetrados "para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión".

En la resolución se pide que se perfeccione las legislaciones nacionales para posibilitar el procesamiento y la condena de los "autores intelectuales de los asesinatos" cometidos contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión, y que dicha justicia sea ejercida por tribunales ordinarios.

En el proceso inclusión en la agenda de este punto destacó Horacio Aguirre, director del Diario Las Américas de Miami, que años antes se había opuesto al movimiento de los no alienados en la Unesco sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC).

En mayo de 1999, la Unesco convocó en Bogotá a las distintas organizaciones defensoras de la libertad de prensa para impulsar el proyecto Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas y extenderlo por otros continentes. La SIP, presente en todas las iniciativas, promovió la creación de una instancia supramacional, en el marco de la OEA, que abordase de manera específica los problemas de la libertad de expresión, iniciativa que sería impulsada por la Administración Clinton.