La focalización del estudio de la libertad de expresión en la trasgresión de los problemas que afectan a la libertad de empresa impide profundizar en las causas de muchas de las aberraciones denunciadas. La ética de las empresas, sus relaciones con las estructuras de poder fáctico y sus derivas desestabilizadoras de situaciones políticas escasamente estables, forman parte, en ocasiones, de la amalgama de factores que impiden el desarrollo de la cultura democrática. A veces, se produce la paradoja de la búsqueda de un derecho inalcanzable, porque no se apoya en una estructura de derechos consolidada o en un ambiente social y de seguridad propio de otros referentes externos. Porque, en ocasiones, son ciertos medios, a través de su construcción periodística de la realidad y sus inducciones de opinión, quienes patrimonializan el usufructo de la libertad de expresión en beneficio de posiciones escasamente democráticas, parciales e interesadas, instaladas en estructuras corruptas o ajenas a los proyectos de modernización, cambio social y cultura propias del Estado de derecho.
John Virute ha analizado con detalle algunas de las causas que provocan el déficit democrático de los medios, con tres categorías de comportamientos externos a la acción de los Gobiernos, que minan, desde el interior de las empresas editoras y de las redacciones, la naturaleza ética inseparable de un ejercicio de la libertad de expresión que se corresponda con el derecho a la información de las audiencias:

"La primera tiene que ver con la gerencia. Es decir, que existe poca o ninguna independencia en la sala de redacción. Las notas se eliminan o se confeccionan, a la medida, para satisfacer a determinados anunciantes, gobernantes, políticos, empresarios o a los intereses del dueño o director de ese medio de prensa. La segunda es la corrupción en la sala de redacción. Invariablemente se trata de pagos ilícitos a los periodistas, regalos, conflictos de interés o uso indebido de influencia. La tercera categoría se trata del comportamiento antiético en la investigación, preparación y redacción de las noticias. Me refiero a casos de invasión de la privacidad, mal manejo de las fuentes, plagio, uso de subterfugios y engaños, edición distorsionada y manipulación de fotos" (1).

En el ámbito profesional, además de las debilidades ya señaladas, se producen situaciones muy diversas, según las naciones, pero no siempre existe el criterio de necesidad de una formación sólida del periodista, con la genuina afirmación de que limitar el acceso a la profesión a los titulados en escuelas y universidades es tanto como limitar a este núcleo la libertad de expresión... Doctrina insostenible, que no sólo elimina los criterios de responsabilidad social y capacitación para la defensa del derecho a la información de las audiencias, sino que pone en entredicho las limitaciones a la libertad de expresión provenientes de la selección económica de los emisores: no todos pueden emitir, sino aquellos afortunados que poseen la propiedad de un medio y éstos no garantizan la pluralidad. La degradación en los criterios selectivos de cualificación profesional puede convertirse, en ocasiones, en un instrumento de fidelización y proletarización de las plantillas redaccionales, muy alejado de las prácticas formativas y laborales que se dan en las democracias europeas.
Estos requerimientos no se corresponden con las demandas de los periodistas. Así, en Brasil, probablemente la nación de América Latina con mayor grado de afiliación sindical, la Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), emitía el 28 de noviembre de 2001 un "Manifesto em defensa do Jornalismo", en cuyo primer párrafo se señalaba: "La sociedad brasileña corre el riesgo de perder una de sus más relevantes conquistas: el derecho a la información independiente y plural, condición indispensable para una vida en una democracia. La amenaza parte de una nueva ofensiva patronal para desregular la profesión de periodista, a través de la tentativa de imponer el fin de la obligatoriedad del título para el ejercicio profesional".

"¿Cómo podemos aceptar -añade el manifiesto- que la necesidad de que el periodista sea un profesional titulado está cercenando la libertad de expresión en los medios y el derecho de la sociedad a la información? (...) Entendemos, por ello, que el carácter indispensable de la formación profesional es necesario para el ejercicio regular de nuestra actividad. Defender lo contrario es favorecer el poder desmedido de los propietarios de las empresas de comunicación, los mayores beneficiarios de la no exigencia del diploma, los cuales, a partir de aquí, se convertirán en dueños absolutos y de las conciencias de los periodistas y, por consiguiente, de la de todos los ciudadanos".

Jesús Martín-Barbero cree que la formación académica está reñida con la sensibilidad de algunas empresas, que prefieren a los que denomina carga ladrillos: "Mucha gente que no encaja es porque las empresas de medios no quieren gente que venga a cuestionar y que venga a democratizar lo que está pasando. Lo que quieren es 'carga ladrillos' que se pregunten muy pocas cosas sobre el mundo, sobre la vida y sobre el país. Cuanto menos se pregunten, mejor" (2).