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      Después de un año en el que  los conflictos referentes a la libertad de expresión se habían visto reducidos  a cuestiones legislativas, El Salvador guardó luto en 2009 por la muerte del  documentalista franco-español Christian Poveda, asesinado por las ‘maras’ el 2  de septiembre en las afueras de San Salvador. Una semana después del crimen,  las autoridades detuvieron a cinco miembros de la ‘Mara 18’ y a un policía. En  el escenario planteado por la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de  Prensa, el Movimiento para la Comunicación Democrática (MCD) creó una  plataforma de reivindicaciones comunicativas para el nuevo gobierno, dirigido  por el ex periodista Mauricio Funes. 
       
        Tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,  elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la  Organización de Estados Americanos (OEA); como el Committee to Protect  Journalists (CPJ), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) o  Reporteros Sin Fronteras (RSF), condenan el asesinato del fotoperiodista  franco-español Christian Poveda, muerto a manos de las ‘maras’ (pandillas  juveniles) cerca de San Salvador, el 2 de septiembre de 2009.   
        El cuerpo tiroteado y  sin vida de Poveda, que estrenaba a finales de ese mes un documental sobre una  pandilla juvenil salvadoreña (La vida  loca), fue encontrado por la policía a pocos metros de su automóvil en una  carretera solitaria de Tonacatepeque, enclave situado a unos 15 kilómetros de  la capital. El CPJ informó que le habían disparado a quemarropa en la cara en  al menos cuatro ocasiones. Poveda, de 52 años, llevaba tres décadas contando la  violencia que vivía El Salvador. Para confeccionar su último trabajo, había tratado  durante más de 16 meses con distintas pandillas del barrio La Campanera, al  este de San Salvador. La vida loca muestra la brutalidad de las bandas y denuncia la ineficacia del sistema  judicial para combatir a las maras. A lo largo del rodaje, el documentalista ya  había sido amenazado por miembros de las bandas.  
“Este brutal asesinato  envía un mensaje escalofriante a los periodistas en El Salvador, dónde  la violencia de las pandillas es uno de los temas más sensibles para la prensa”,  declaró nada más conocer la noticia Carlos Lauría, coordinador del Programa  Senior del CPJ para las Américas, que pocos meses antes había publicado un  estudio en el que incidía en la peligrosidad de distintos puntos de América  Latina para el ejercicio de la profesión periodística. Focos de riesgo entre  los que se encontraba San Salvador, donde las bandas hacen de los periodistas  un blanco fácil y recurrente.  
Los observadores  insisten en la necesidad de que el Estado, presidido por el ex periodista  Mauricio Funes, encuentre a los culpables de las agresiones, ya que el temor  real atenaza cualquier investigación que no esté soportada por las fuerzas de  seguridad. Poveda fue víctima de la guerra entre las dos principales ‘maras’  salvadoreñas,  la ‘Mara 18’ y la ‘Mara  Salvatrucha’, que provocó más de 3.700 víctimas a lo largo del año 2008. 
         
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  El 9 de septiembre, las  fuerzas del orden detuvieron a cinco presuntos miembros de la “Mara 18” y a un  agente de policía. Según RSF y la Red de Intercambio Internacional por la  Libertad de Expresión de –International Freedom of Expression eXchange (IFEX)-,  que presentan como fuente las versiones digitales de los diarios El Faro y El Salvador, la Policía Civil Nacional detuvo por su implicación en  la muerte de Poveda a Roberto Luis Romero Vásquez, alias ‘El tigre’, Calixto  Rigoberto Escobar, alias ‘El Toro’, y Miguel Ángel Ortiz, alias ‘El Cholo’.  Entre los sospechosos se encontraba también  José Alejandro Melara, alias ‘El Puma’, que ya llevaba varios días detenidos  por otro delito. El último de los sospechosos apresados ese día fue José  Napoleón Espinoza, policía de Urgencias 911 en Soyapango. Fue acusado de  conspiración y complicidad en el asesinato. Nelson Lazo Rivera, el sexto  implicado, se encontraba encarcelado por varios homicidios en la prisión penal  de Cojutepeque. La policía le consideró autor intelectual del asesinato.   
  Según testimonios  policiales, Napoleón Espinoza dijo a unos mareros que Christian Poveda era un ‘topo’  que había proporcionado a las autoridades vídeos, fotos y datos personales de  los miembros de algunas bandas, así como revelado los lugares donde escondían  sus armas. Antes de que el agente sembrara la duda, la “Mara 18” consideraba a  Poveda un amigo. Además del documental, les ayudaba con otros proyectos para  que tuvieran una oportunidad de reinserción.Aunque el episodio de la  muerte de Poveda fue el más grave, las tensiones físicas estuvieron presentes  durante todo el año, José Beltrán, Ludwing Iraheta y Vladimir Abarca,  periodistas de Radio Victoria,  tuvieron que pedir protección a las autoridades después de recibir amenazas de  muerte por cubrir el asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, un conocido activista  medioambiental. Durante la campaña electoral, la Asociación de Periodistas de  El Salvador (APES) denunció una ola de ataques sobre los reporteros. 
  En el marco del pasado Día  Mundial de la Libertad de Prensa, el Movimiento para la Comunicación  Democrática (MCD) creó una plataforma de reivindicaciones para el nuevo  gobierno en materia de información y comunicación. Las organizaciones que  conforman el MCD reclaman una ley de acceso a la información pública, petición  a la que se sumó la Alianza Regional para la Libertad de Expresión, y la  regulación de la asignación de la publicidad oficial atendiendo a “criterios  técnicos y equitativos, considerando aspectos nacionales, regionales y locales,  segmentados por públicos, para garantizar que ésta no sirva para premiar o  castigar a los medios de comunicación que no coinciden con las políticas  gubernamentales”. 
          Además,  exigen una consulta nacional sobre el proceso de digitalización de las  frecuencias en la que participen los tres sectores de la radiodifusión: el  público-estatal, el privado-comercial y el comunitario. También consideran  necesaria la revisión y reforma de la Ley de Telecomunicaciones, para asegurar  un acceso democrático, justo y equitativo a las frecuencias de radio y  televisión. 
              
       
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