Desde hace años Colombia presenta uno de los índices de peligrosidad más altos de Sudamérica para la prensa y los siete asesinatos acaecidos en 2009 no contribuyen a mejorar su ratio en las estadísticas que elaboran organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o Freedom House. Al margen de los periodistas muertos, el país entró en convulsión cuando la revista Semana destapó una serie de escuchas y seguimientos ilegales cometidos por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República, que, desde varios años atrás, han afectado a una veintena de periodistas.

De acuerdo con el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) seis periodistas, cinco según el monitoreo de la Federación Internacional de (IFJ) y cuatro para el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), perdieron su vida en Colombia durante 2009. Así, el IPI registra en su informe ‘Death Watch’ los asesinatos, por orden cronológico, de María Eugenia Guerrero, José Everardo Aguilar, Hernando Salas Rojas, Diego de Jesús Rojas Velázquez, Ferney Henao y Harold Humberto Rivas Quevedo.
Exceptuando el deceso de María Eugenia Guerrero, donde los forenses hablan de asalto sexual, en el resto de crímenes la labor comunicativa de las víctimas parece estar en la génesis de las agresiones. No obstante, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) únicamente vincula al ejercicio profesional el asesinato de José Everardo Aguilar: “En el año 2009 se registraron seis asesinatos de periodistas, una cifra que a priori’ generaría una gran preocupación en términos de libertad de prensa en Colombia. Sin embargo, luego de recoger información de múltiples fuentes en cada caso, la FLIP encontró que sólo en uno de ellos habría razones de oficio periodístico para cometer el crimen. Se trata de José Everardo Aguilar”. En dos de los sucesos restantes, la Fundación encuentra razones económicas y personales, mientras que en los últimos tres descarta, en principio, la motivación profesional, aunque deja abierta esa posibilidad a expensas de lo que dictaminen las investigaciones de la justicia colombiana.
Entre los seis asesinatos que figuran en el Informe sobre la Libertad de Prensa en Colombia no se encuentra el de Ferney Henao (sólo registrado por el IPI) y sí el de Jamel Torres Zamora, fallecido en la madrugada del 30 de julio de 2009 cuando salía de un establecimiento comercial en Montería, Córdoba.  Torres Zamora, locutor de la emisora Tropicana Estéreo, fue asesinado por el vigilante de seguridad del centro comercial después de que el periodista le reclamara por dejar que la policía se llevara su moto.
Así pues, una vez cotejados los datos de los principales trabajos de monitorización, serían siete los periodistas asesinados en Colombia durante 2009. En el crimen de José Everardo Aguilar las pruebas parecen confirmar el móvil profesional, en el de María Eugenia Guerrero y Jamel Torres Zamora lo descartan  y los otros cuatro quedarían pendientes de investigación.
María Eugenia Guerrero, locutora de Rumba Estéreo en Ipiales (Nariño), fue vilmente asesinada el sábado 7 de febrero en la ciudad ecuatoriana de Tulcán, próxima a la frontera con Colombia, mientras volvía de visitar a unos parientes. La FIP y la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER)  reclaman una investigación binacional que aclare las circunstancias del crimen y lleve a los culpables ante la justicia.
José Everardo Aguilar, veterano periodista de 72 años con voz en Bolívar Estéreo, Canal Local del Bordo y Radio Súper Popayán, murió en su domicilio, el 24 de abril, después de que un extraño le disparara a quemarropa en seis ocasiones. Según informan el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), filial de la FIP en esta región del planeta, el asaltante se acercó hasta la residencia de Aguilar en El Patía con las excusa de entregarle fotografías y documentos. Después del tiroteo, se marchó caminando tranquilamente. Everardo Aguilar recibía constantes amenazas por sus denuncias de corrupción en Cauca y Norte de Nariño. En julio, la policía detuvo a Arley Manquillo Rivera, alias ‘El Huracán’, como presunto autor del crimen. Fue absuelto por el Juzgado Primero Penal Especializado de Popayán el 14 de noviembre.
Hernando Salas Rojas, director de la televisión local de Curillo Costa de Oro, también fue tiroteado en su hogar, el 20 de mayo, aunque su muerte sólo se conoció a nivel nacional cuando su hermano Melquisedec, también periodista, se vio obligado a huir del departamento de Caquetá. La FECOLPER solicitó que se investigaran unas declaraciones del alcalde de Curillo, Esneider Mayorga, que podrían ser interpretadas como amenazas previas.
Diego de Jesús Rojas Velázquez, reportero de la emisora comunitaria Supía TV, fue fusilado en Antioquía, el 22 de septiembre, tras acudir a una cita telefónica en Caramanta para cubrir una noticia. Aunque el móvil del crimen no está claro y no se conoce la existencia de amenazas previas, los observadores apuntan a su labor al frente de la televisión comunitaria como desencadenante de la tragedia.
Ferney Henao, redactor de los diarios La Patria y Q’Hubo, falleció el 25 de noviembre al recibir tres disparos mientras cruzaba un puente en Irra (Risaralda) con su motocicleta.
Finalmente, el 15 de diciembre perdió su vida Harold Humberto Rivas Quevedo, informador comunitario de la televisión CNC Buga en el departamento del Valle. Siguiendo uno de los modus operandi más habituales en las muertes por encargo, un sicario lo acribilló a balazos y escapó en una motocicleta. Según la FEPALC, el periodista asesinado era conocido por criticar algunos aspectos de la administración local.
En su informe, la FLIP considera a las operaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República, contra numerosos periodistas (escuchas y espionajes que empezaron a salir a la luz en octubre de 2008) como la mayor violación perpetrada en Colombia contra la libertad de expresión en 2009. La Fundación registra, en total, 157 ataques contra la libertad de prensa, los cuales afectaron a 258 personas.
En el caso de las interceptaciones y seguimientos ilegales, la revista Semana denunció, el 21 de febrero, que desde organizaciones de inteligencia del gobierno de Álvaro Uribe, en especial el DAS, se vigilaba a periodistas, miembros de la oposición, magistrados de las altas cortes e, incluso, funcionarios del gobierno nacional. Las investigaciones judiciales revelan, continúa el informe de la FLIP, que no sólo se intervenían las comunicaciones y se seguía a las personas, sino que también se diseñaron manuales para amenazar, como expone la Fiscalía en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor. De acuerdo con los datos facilitados por el CPJ, en septiembre fueron detenidos 10 funcionarios de alto rango, entre ellos el subdirector: Miguel Ángel Narváez.
Parte de los reporteros fueron espiados por los mismos agentes destinados a protegerlos. El escándalo obligó al gobierno a cerrar el DAS. La FLIP recogió durante el pasado año información relativa a 16 periodistas cuyas comunicaciones fueron intervenidas de manera ilegal en años anteriores, aunque se dieron a conocer en 2009. Faltando aún por revisar la mayor parte de las pruebas, la organización cree que el número de afectados será mucho mayor.
Aparte de las actuaciones ilícitas de la inteligencia estatal, las amenazas son el otro gran aspecto destacado en el monitoreo de la FLIP, que las presenta como la manera más frecuente de silenciar la labor comunicativa. El informe expone 74 casos dirigidos a 97 víctimas y presupone otros muchos autocensurados. Las zonas donde la libertad de expresión sufrió más vejaciones fueron el Distrito Capital Bogotá (39 casos) y el departamento de Valle del Cauca (22). No obstante, el espionaje del DAS incrementó el número de incidencias registradas en la capital, donde se contabilizaron 14 amenazas, dos agresiones y 21 obstrucciones. Una de las amenazas más graves la sufrió Radio Diversia, emisora comunitaria que defiende los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, a la que robaron parte de sus equipos e intimidaron mediante correos electrónicos.

Valle del Cauca, Antioquia, Tolima y Huila son enclaves donde la actividad comunicativa presenta un peligro extremo, merced al narcotráfico, amenazas, agresiones y obstrucciones al ejercicio profesional. Entre los sucesos más significativos, del relato presentado por la FLIP, se encuentran los de Luis Fernando Gil, director del informativo Hora 13 de la televisión local CNC en Cartago, declarado objetivo militar junto a otros líderes cívicos por parte de ‘Los 12 del patíbulo’, un grupo dedicado al tráfico de drogas y a otras actividades delictivas en el Valle; Oswaldo Páez, fotógrafo del diario EL País de Cali agredido por la policía el 30 de marzo, y los 14 periodistas nominados en una ‘lista negra’ que comenzó a circular en marzo en Barranquilla y en la que el ‘Frente Común de la Ultraderecha Militar’, adscrito a las ‘Águilas Negras’, anunciaba que silenciarían a los comunicadores si no cesaban en sus críticas a la alcaldía municipal.
Resalta la Fundación que en 2009 pervivió la tendencia alcista en las agresiones cometidas por funcionarios públicos (26%), aunque en la mayoría de los reportes el autor nunca se conoce (32%). Las fuerzas públicas son culpables del 14 por ciento de los ataques, la mayoría de ellos perpetrados en manifestaciones y protestas. Las violaciones cometidas por las bandas paramilitares (6%) y la guerrilla de las FARC (3%) dibujan una evolución decreciente. Las acciones de estos grupos suelen ser intimidatorias, como las que encaminaron hacia el exilio a un grupo de comunicadores, encabezados por el cineasta Juan José Lozano, que trabajaban en un documental, Impunity, acerca de un juicio contra líderes paramilitares relacionados con varias masacres civiles.
Las FARC, por su parte, vio como la inteligencia militar frustraba sus atentados contra Herbin Hoyos, director del programa Las Voces del Secuestro de Caracol Radio, y Enrique Santos Calderón, miembro directivo de la editorial El Tiempo y ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Hoyos abandonó Colombia tras conocer los hechos.Para frenar las agresiones contra la prensa, el gobierno de Álvaro Uribe implementó su esfuerzo en el Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, aunque las monitorizaciones le reclaman algunos fallos importantes en la ejecución de las medidas de seguridad contempladas en el plan, así como la interrupción en julio por falta de fondos. En este punto, la Relatoría de la CIDH hizo pública su inquietud por las posibles demoras en la aplicación de medidas de protección y las órdenes judiciales emitidas contra funcionarios del gobierno encargados de esa materia.
En el apartado negativo, la FLIP denuncia estigmatizaciones y descalificaciones públicas a periodistas por parte de funcionarios del Estado, como la acusación de ser allegados a las FARC lanzada por el presidente Uribe sobre Hollman Morris (detenido, además, de manera presuntamente irregular por el Ejército Nacional cuando volvía de entrevistar a varios secuestrados de la guerrilla) y Jorge Enrique Botero. La publicidad oficial es, como en toda Latinoamérica, otra de las vías preferentes para silenciar a los medios críticos. En este contexto, los relatores para la libertad de expresión de la OEA y la ONU emitieron un comunicado de prensa conjunto en el que manifestaron su preocupación por las declaraciones de altas autoridades del gobierno en contra de los periodistas, aludiendo que el discurso podría sugerir actos violentos destinados a silenciar a la prensa.
En el capítulo judicial, las mejores noticias proceden de los avances en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre las actividades ilegales del DAS. Además, el 21 de enero de 2009 el ex alcalde de Barrancabermeja (Santander), Julio César Ardila Torres, y dos personas más fueron declaradas culpables por el asesinato del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido el 6 de abril de 2003.
Asimismo, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó (Chocó) condenó a 34 años de prisión a Franklin Isnel Díaz Mosquera, alias ‘Juancho’, como coautor material del asesinato del periodista y abogado Elacio Murillo Mosquera, el 10 de enero de 2007.
El 24 de marzo, el Consejo de Estado condenó al Estado a pagar una indemnización de 613 millones de pesos (unos 250 mil dólares) a la familia del periodista Henry Rojas Monje, corresponsal de El Tiempo asesinado en Arauca el 28 de diciembre de1991.
Por otro lado, a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa les preocupa que queden impunes la mayoría de las vejaciones, especialmente las que tienen que ver con amenazas, a tenor de la lentitud con la que están operando los tribunales. Cada vez es más habitual, además, la apertura per se de procesos judiciales por injurias y calumnias contra periodistas y medios de comunicación. Rodrigo Pardo, director de la revista Cambio, estuvo cerca de la cárcel por la presunta desobediencia de un fallo judicial que le ordenaba a rectificar ciertas informaciones, al igual que el columnista de El Tiempo Mauricio Vargas o Alejandro Santos, director de Semana, y sus articulistas Daniel Coronell y María Jimena Duzán.
Finalmente, El Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de Los Andes (G-DIP) y la FLIP presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 224 del Código Penal, el cual establecía una excepción a los eximentes de responsabilidad de los delitos de injuria y calumnia que exponía que no era posible eximirse de la responsabilidad penal, aún si la persona acusada lograba probar la veracidad de sus afirmaciones, “cuando éstas hubieran versado sobre la imputación de cualquier delito que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento”.
La demanda argumentaba que la disposición no garantizaba la seguridad jurídica, coartaba el derecho a la libertad de expresión, restringía el debate público sobre los asuntos de interés y agravaba la situación de la prensa en Colombia.  En julio de 2009, la Corte Constitucional dio la razón a  los demandantes.
En materia legislativa, la CIDH planteó sus inquietudes en torno a varios artículos de la Ley de Inteligencia, que delegan en el Poder Ejecutivo la definición concreta de la información que puede estar sometida a reserva y su temporalidad. Considerando que tales aspectos pueden dar cabida a graves violaciones contra los derechos humanos y constituirse en una traba para el derecho de acceso a la información, la Comisión recordó al gobierno colombiano que tiene que cumplir con lo recogido en el punto cuarto de la Declaración de Principios, donde se afirma que “los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”.
Junto a las vejaciones expuestas, el informe de la CIDH se hace eco de la agresión sufrida por el columnista y escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal, atacado en su domicilio por seis hombres armados que le robaron parte de su material periodístico.

La SIP,  que sufrió a comienzos de año un intento de atentado de las FARC contra su entonces presidente Enrique Santos Calderón, centró sus esfuerzos durante 2009 en reclamar al Estado colombiano que se resolviera las muertes de periodistas que aún continúan en la impunidad, caso de de Jaime Garzón, asesinado en Bogotá el 13 de agosto de 1999.