Los indicadores de la libertad de expresión plantean en Chile un escenario similar al de las naciones europeas, próximo a la transparencia informativa. Lejos de la violencia que padecen otros países de la región, los conflictos de la prensa chilena apuntan, en su mayoría, a cuestiones políticas y legislativas, aunque también se registran algunos ataques puntuales. Freedom House lo considera un país libre. En el mes de abril entró en vigor la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. Dentro de este marco normativo, en mayo se reanudaron los trámites parlamentarios para regular la radiodifusión comunitaria sin el consenso de los emisores.

La Fundación de la Prensa de Chile y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales (Santiago) presentaron en noviembre de 2009 el VI Barómetro de acceso a la información, una investigación cualitativa, realizada por la empresa Adimark GFK,  en la que 389 periodistas de todo el país analizan los canales comunicativos en el marco de la nueva Ley de Transparencia. De acuerdo con los resultados, uno de cada tres encuestado valora positivamente el acceso a la información pública, que ha mejorado significativamente a lo largo de 2009 en comparación con los años anteriores. El poder judicial es el que mejores opiniones recibe, mientras que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) lidera el ranking de acceso.
Los responsables del estudio señalan que Chile camina hacia la transparencia informativa, aunque todavía restan numerosos objetivos por cumplir. Tras seis ediciones, el Barómetro se ha convertido en un referente para los ciudadanos y las instituciones públicas. La investigación, planteada mediante cuestionarios online, analiza tres dimensiones en 39 organismos públicos: disposición, confiabilidad y precisión y entrega oportuna de la información.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Organización de Estados Americanos (OEA), celebra la entrada en vigor, el 20 de abril de 2009, de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado (Ley 20.285), promulgada en 2008 como parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acusaba al Estado chileno de haber violado el derecho de acceso a la información, consagrado en la Convención Americana,  en casos como el de Claude Reyes.
Por otro lado, el informe se hace eco de la detención, el 17 de mayo de 2009, del periodista freelance Marcelo Garay Vergara mientras realizaba un reportaje en la Región de La Araucanía sobre un conflicto surgido entre una empresa forestal y la Comunidad Autónoma Juan Quintremil, en la comuna de Padre de Las Casas. Vergara acusado de fotografiar un campamento policía temporal, fue encarcelado por violar la intimidad de un lugar privado. Ante los hechos, la CIDH recordó al Gobierno que establecer relaciones penales de este tipo pueden contradecir los términos de libertad de expresión establecidos por la Convención Americana.
Por último, el informe insta al poder público a que promueva “en condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera sea su modalidad tecnológica”.
En mayo se reiniciaron los trámites parlamentarios del proyecto de ley para regular la radiodifusión comunitaria en Chile, considerado insuficiente por la mayoría de los agentes emisores, entre ellos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y Caribe (AMARC-ALC). Después de obtener el visto bueno del Congreso de los Diputados, el Senado aprobó continuar con la discusión del texto el 3 de noviembre. Sin legislación propia, los emisores comunitarios operan dentro de la Ley Mínima de Cobertura de 1994.

En otro asunto, AMARC-ALC denunció ante la comunidad internacional una campaña contra las radios comunitarias, ejecutada por el Gobierno, mediante cierre y amenazas de clausura por incumplimiento de la legalidad, con el apoyo de la Asociación de Radiodifusores Comerciales de Chile (ARCHI). Para la Asociación, que también alude a al acoso policial sufrido por Umbrales TV, el objetivo de esta campaña es silenciar las voces críticas con el mando político.
En un marco más positivo, en mayo surgió la Red de Medios de los Pueblos (RMP), una organización ciudadana, nacida en el IV Encuentro Nacional de Medios de Comunicación Populares,  que agrupa a diarios impresos, emisoras de radio y televisión y medios online de todo Chile para, de acuerdo con su declaración fundacional, luchar por el derecho a la información y la democratización de las comunicaciones bajo el lema “Comunicación del tercer sector para romper el cerco informativo”.
Al margen de lo expuesto, Reporteros sin Fronteras (RSF) registra dos incidencias más. En primer lugar, la identificación del agresor de Víctor Salas, corresponsal de la agencia Efe, atacado por un agente de la fuerza pública durante una manifestación el Valparaíso el 21 de mayo de 2008. Las pesquisas policiales, continúa RSF, sitúan a Iván Barría, sargento de carabineros, como autor de los hechos. Al igual que la mayoría de los observadores, la organización acoge con satisfacción el esclarecimiento del asalto donde Salas resultó herido de gravedad en un ojo, aunque no se explica cómo los mandos de los carabineros han tardado más de un año en culminar la investigación. En este punto, la Relatoría insta al poder judicial a que juzgue al agresor, en virtud de la obligación que deben asumir los Estados en la defensa de los medios y comunicadores frente a cualquier amenaza o agresión.
En el mes de agosto de 2009, Reporteros recoge la detención violenta del fotógrafo Jorge Zúñiga San Martín, presidente del Sindicato y Asociación de Periodistas Independientes (ARI), retenido durante varias horas por un grupo de carabineros mientras cubría una manifestación en la capital. “La policía reprimió severamente la concentración, convocada por organizaciones indígenas mapuches y de defensa de los derechos humanos siguiendo la muerte de un dirigente comunitario. Según el diario online Elciudadano.cl, el periodista fue detenido mientras fotografiaba la retención violenta de una mujer embarazada. “Otro caso más que pone de manifiesto la increíble intransigencia de las autoridades hacia todo lo que tenga que ver, de cerca o de lejos, con la cuestión mapuche. Un tema, muy sensible, que ya ha dado lugar a numerosos abusos con los medios que se hacen eco de él”, añade RSF.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se hace eco de las agresiones de estudiantes de secundaria a reporteros de tres televisiones en Santiago. “Los periodistas agredidos fueron Alfonso Concha, del Canal 13; María Graciela, de Telecanal Henríquez; y Karim Butte, de Chile Visión. El presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Nicolás Menares, dijo que no justificaba las agresiones, pero aseguró que fueron los reporteros los que agredieron primero, aunque no explicó cómo”.