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La estabilización después de la crisis social vivida en 2008 ha cubierto Bolivia con un halo de prudencia contenida. La reforma constitucional y la victoria en los comicios electorales han reforzado la posición del gobierno de Evo Morales frente a la oposición autonomista, reservando la animadversión para un registro menos público. No obstante, la prensa continúa atrincherada en medio de la hostilidad política, catalizadora de la mayoría de las agresiones contra periodistas. En una cumbre con la Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente se comprometió a crear los instrumentos legales necesarios para que los ataques a la libertad de expresión no quedaran impunes, pero la realidad dictamina que la supervivencia para los medios críticos es compleja y las investigaciones de muchos crímenes, como el de Carlos Quispe en 2008, no avanzan.
Las consecuencias del asesinato de Carlos Quispe en marzo de 2008 se sintieron profundamente en 2009. Bolivia llevaba seis años sin lamentar el asesinato de ningún periodista en el ejercicio de su profesión y la muerte del locutor de la radio municipal de Pucarani ha movilizado a los observadores internacionales, que reclaman a la justicia una contundencia mayor a la hora de castigar a los responsables. El 19 de junio, Reporteros sin fronteros (RSF) expresaba por escrito su preocupación ante la posibilidad de que el asesinato de Quispe cayera en la impunidad: “Ni el contexto de violencia política en el momento de los hechos, ni los movimientos de personal dentro del aparato judicial justifican tal inercia. El aplazamiento sine die del proceso de los presuntos responsables de la muerte de Carlos Quispe Quispe ha causado la pérdida del sumario. Esta situación señala en el peor de los casos una voluntad asumida de no volver a sacarlo, y en el mejo’, indiferencia”.
Un año sin delitos de sangre han devuelto a Bolivia al top cien de la clasificación de RSF. Alcanza el puesto 94 después de que los tumultuosos acontecimientos de los últimos tiempos condujeran a la nación andina desde los niveles europeos hasta la posición 115, en 2008. RSF insiste en que a pesar de la leve mejoría en los informes más actuales, la libertad de prensa y expresión continúa siendo víctima de la polarización política nacida del antagonismo entre Evo Morales y la oposición autonomista. Hostilidad liderada por la reforma constitucional aprobada mediante referéndum el 25 de enero.
La intervención de UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) en 2008 evitó que la crisis institucional degenerara en un conflicto bélico interno, aunque la relación entre Evo Morales y los medios privados sigue siendo tensa y ha sembrado de violencia el país, tanto en la consulta popular, como en las elecciones generales de diciembre y en otras fechas menos señeras: ataques en Santa Cruz a la prensa pública del grupo de extrema derecha regionalista Unión Juvenil Cruceñista, llamamientos al odio racial y al asesinato del presidente y algunos ministros en medios locales como Radio Oriental, ataque de miembros del Comité Cívico Popular -simpatizantes con el Gobierno- a representantes de periódicos, canales de televisión y radios del sector privado; entre otros.
En una reunión con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el presidente se comprometió a respetar la libertad de expresión y afirmó que su gobierno implementará una ley que castigue las agresiones a profesionales y medios de comunicación. No obstante, en el mismo escenario, Evo Morales acusó a medios de jugar a ser la oposición política. Después de dos días de conversaciones con diversos representantes públicos, Enrique Santos Calderón, legado de la SIP, concluyó que en Bolivia existía libertad de prensa, aunque estaba amenazada por la radicalización política. Exacerbación que lleva al poder central a discriminar a la prensa nacional y a obstaculizar el acceso a la información pública. La organización habla, en este punto, de un planteamiento oficial de amedrentamiento contra medios y periodista mediante la descalificación y el menoscabo de la credibilidad, como ocurre en el caso La Prensa, primer juicio de un presidente contra un diario.
La SIP también planteó en el debate su intranquilidad ante la puesta en marcha con dinero público de una estructura de radiodifusión, que tildó de propagandista, y la presunta compra de medios, las quejas de agentes privados por la discriminación en el reparto de la publicidad oficial, la renovación de licencias y concesiones, así como la presión económico-fiscal.
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En el capítulo de acciones violentas, El Comité para la Protección de los Periodistas –Committee to Protect Journalists (CPJ)- recoge el ataque al cámara de Gigavisión Marcelo Lobo, el 25 julio, en los alrededores de la emisora en La Paz. Según relata el CPJ, acudiendo a la prensa local y al director de la cadena Álex Arias como fuente, dos personas golpearon a Lobo en la cabeza y, una vez perdió la consciencia, le cortaron la mejilla y parte de la lengua. Carlos Lauría, Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, se refirió al ataque como un “deplorable mensaje para impedir que el periodista se exprese”.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) denuncia el ataque policial a dos reporteras de la red televisiva PAT, Shirley Flores y Karen Paola Rueda, mientras esperaban para cubrir una noticia. El International Press Institute (IPI)- monitorizó el secuestro de otra profesional de esta emisora, Paola Maella, a manos de dos asaltantes que, después de siete horas de retención, la abandonaron en las inmediaciones de Santa Ana.La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, elaborada anualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Organización de Estados Americanos (OEA), valora de manera positiva que la nueva Constitución Política del Estado consagre el derecho a la libertad de expresión en sus artículos 106 y 107. No obstante, la Relatoría Especial hace un llamamiento en torno a la redacción del artículo 107 de la Constitución, “que señala que los principios de veracidad y responsabilidad se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. Tal como fuera mencionado en el Informe Anual 2008, este condicionamiento a la ley podría ser interpretado como una restricción ilegítima al ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. El documento de la CIDH recomienda al Estado que tome en cuenta el principio siete de la Declaración de Principios, que establece que los condicionantes previos (veracidad, oportunidad e imparcialidad por parte de los Estados) son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los estándares internacionales.
En su trabajo marco, la OEA se congratula por la orden de arresto contra Adolfo Cerrudo, activista acusado de haber perpetrado agresiones contra medios de comunicación y periodistas. Además, celebra los avances en la investigación del sabotaje sufrido por Radio Rurrenabaque (filial de la red estatal Patria Nueva) que han derivado en la detención de los hermanos Juan Carlos y Saúl Abrego, miembros del Comité Cívico de Beni, presente en una serie de actos violentos durante octubre. También fueron objeto de sabotaje La Razón, El Diario y 7-Bolivia TV.
Entre las acciones registradas destaca, por la posición del autor, el insulto del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, a la redactora de Unitel María Cerdeño tras formularle una pregunta durante una rueda de prensa; la agresión de un miembro de la seguridad del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al reportero de Radio San Miguel Juan Carlos Soto; la embestida supuestamente intencionada de un coche patrulla de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) a un vehículo de Unitel; la represión policial de una marcha de periodistas en La Paz el 3 de septiembre y la agresión de Santos Ramírez Valverde, ex director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a varios periodistas. La nómina de acciones violentas se hace más extensa con los ataques de los que fueron víctimas Pédro Pérez, Erik Balcázar (ambos de Canal 15RTV), William Wasase y Mariano Delgado (Ángel TV) mientras cubrían un disputa entre terratenientes en Potosí.
El periódico La Prensa fue objeto de amenazas anónimas por la publicación de una serie de informaciones referidas a un caso de contrabando en el departamento de Pando. En la misma coyuntura se vio John Arandia, Radio Uno, que se encontró con mensajes que atentaban contra la seguridad de su familia.
Aun tomando en cuenta la estabilización social en 2009, Freedom House (FH) y el International Press Institute se agregan a las voces que claman prudencia y que exigen un compromiso de todos los poderes ciudadanos para garantizar la libertad de expresión. “La profesión periodística está contra las cuerdas y luchando por mantenerse con vida, ya que las presiones de los gobiernos, los sectores de poder y la crisis económica mundial se cobran un precio enorme”, afirma Jennifer Windsor, responsable de FH. El Instituto va más allá y predice que la reelección de Evo Morales, el 6 de diciembre, supone la renovación de la amenaza para los críticos con el sistema.
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