ARGENTINA [informe 2009]

   
     
 

La vida política y mediática argentina estuvo condicionada en 2009 por la regulación audiovisual emprendida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La 'Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual’ (Ley 26.522) fue aprobada por el Congreso en octubre y, con posterioridad, suspendida por la Cámara Federal de Mendoza. También en el plano legislativo, Argentina hizo un importante movimiento en pro de la defensa de la libertad de expresión al eliminar los delitos de calumnia e injuria del código penal. Las mayores trabas a la libertad de prensa continúan apareciendo en el ámbito local, donde la opacidad coadyuva a numerosos delitos. A lo largo de 2009, el informe que elabora FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) ha monitorizado un total de 168 casos: 147 agresiones y 21 acciones favorables.

El proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue enviado al Congreso en marzo de 2009 respaldado por una amplia mayoría de los representantes sindicales, la universidad, la empresa, las asociaciones radiodifusoras y otras agrupaciones civiles. Consenso este que también expresaron desde un principio los observadores internacionales de la Libertad de Expresión. Así, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) -International Federation of Journalists (IFJ)- respaldó el proyecto mediante un comunicado oficial rubricado por su secretario general, Aidan White, que recogía lo siguiente: “La FIP, que cuenta con organizaciones miembros en 123 países y que representa a más de 600 mil periodistas de los cinco continentes, respalda plenamente el proyecto argentino de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que representa un decisivo avance para la consolidación del sistema democrático”.
La IFJ justifica su apoyo en los informes de su filial en el país andino, la FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa), del que se desprende un esfuerzo conjunto de las organizaciones sociales, culturales y académicas para confeccionar los 21 puntos que, actualmente, sirven de preámbulo a la iniciativa. La FIP insiste, además, en la necesidad de terminar con la ley de la dictadura militar (Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, conocida como la Ley 22.285) para alcanzar un equilibrio entre los deberes y responsabilidades de quienes difunden y reciben el mensaje, “al tiempo que se posibilita la multiplicidad de voces que hagan realidad el Derecho universalmente reconocido que todos tenemos de informar libremente y ser verazmente informados”.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) se sumó a las voces de apoyo a la renovación legislativa de la presidenta Kirchner y, tras la aprobación del Congreso, emitía el siguiente escrito: “Esta ley era necesaria y es valiente, teniendo en cuenta los medios de presión de algunos grupos de prensa bastante egoístas. Y es que, de hecho, el objetivo que se persigue es la democratización de los medios y su desconcentración; es decir, el fin del casi monopolio actual del grupo Clarín, que por sí solo posee 264 licencias de difusión. Otra medida clave reside en el hecho de que el 33% del espacio audiovisual se pone a disposición de medios o soportes sin ánimo de lucro, lo que abre la vía a otros medios comunitarios hasta ahora ausentes en las frecuencias argentinas”.
La voluntad democratizadora de la que hablan estas organizaciones se intuye, además, en la ‘Relatoría Especial para la Libertad de Expresión’, elaborada anualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Organización de Estados Americanos (OEA). En la presentación del informe, Catalina Botero, relatora especial, insistió en que la ley 26.522 supone un avance cualitativo en relación a la situación preexistente, ley de la dictadura, en Argentina: “Bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación dependía del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas”.
El documento de la OEA recalca que el principio rector de la nueva norma es el respeto y la garantía de la libertad de expresión, alaba la implementación del concurso público para obtener la licencia de emisión e insiste en el carácter plural de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en contraposición a la voluntad mostrada por la dirección vigente.
No obstante, se reserva un capítulo para la crítica, en virtud de los acuerdos establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. De este modo, considera que algunas de las disposiciones pueden resultar incompatibles con los principios garantes, caso de la asignación a la Iglesia Católica de una autorización privilegiada para usar una frecuencia sin entrar en concurso. También advierte al gobierno que ha de fijar con claridad asuntos sensibles como la caducidad de las licencias.
El Comité para la Protección de los Periodistas –Committee to Protect Journalists (CPJ)- en su ‘Ataques contra la prensa: 2009’ se muestra preocupado por el aumento de la tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, especialmente con el Grupo Clarín, a causa del debate suscitado por la nueva regulación. Además, el CPJ expone que la mayoría de los profesionales, si bien consideran que era necesario revisar las normas militares, temen que la ley pueda coartar la libertad de prensa. A finales de 2009, el Comité se comprometió a controlar todos los movimientos hasta su implantación y así evitar que sea utilizada como herramienta política: “El CPJ comprobará si el organismo está sometido a influencias políticas indebidas. Pese a los desmentidos del gobierno, muchos analistas sostienen que la legislación también aspira a debilitar al Grupo Clarín”.

 


Dejando a un lado la discusión legislativa, el CPJ denuncia cuatro ataques más contra la libertad de expresión. En primer lugar, se refiere al allanamiento, por parte de unos 200 agentes fiscales de la administración Kirchner, de las oficinas del diario Clarín, después de que el rotativo publicara una noticia exponiendo que el gobierno otorgó indebidamente un subsidio a una granja. La agencia tributaria rápidamente dio marcha atrás, alegó que la redada se había producido por error y cargó la responsabilidad en la actuación particular de dos funcionarios. Para el Comité, Clarín fue objeto de otro boicot político cuando el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano (persona cercana al Gobierno de Kirchner), bloqueó la distribución de su tirada, junto a las de La Nación, Perfil y otras cabeceras, exigiendo a los conductores los documentos que les vinculaban al Sindicato. Junto a la Ley Audiovisual, la actuación más notoria en Argentina en 2009 fue la eliminación, el 19 noviembre, de los delitos de injuria y calumnia del código penal, tildada por periodistas y observadores (CPJ, RSF, FOPEA o la Sociedad Interamericana de la Prensa) de gran avance para la libertad de prensa. Esta supresión responde a una recomendación, en mayo de 2008, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la que se recurrió la sentencia de Eduardo Kimel, periodista y escritor condenado por calumnia e injuria tras la publicación de un libro sobre la masacre de San Patricio (1976) en el que criticaba la lentitud de la justicia.
El CPJ  también pone el acento en la cancelación, el 2 de febrero, del espacio radiofónico ‘Puntos de Vista’ de Radio Del Plata, conducido por el periodista Nelson Castro. Tanto el Comité, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), apuntan al desacuerdo de los responsables del programa con la presidenta Kirchner como causa de la supresión, hecha pública mediante la siguiente declaración de la emisora: “Del Plata ha decidido retirar del aire y dejar de emitir a partir del 2 de febrero de 2009 y, consecuentemente, rescindir el contrato”. En una conversación con FOPEA, Castro exponía: “Hubo quienes desde la radio hicieron trascender que era yo quien me quería ir y que todo esto no era más que una estrategia para conseguir un contrato mejor. Un verdadero disparate que queda desmentido por el texto citado y por la realidad de mi presente laboral: a 2 de febrero y con todo un año por delante me he quedado sin el programa de radio que, con mi equipo, venía haciendo desde hace 16 años. Es cierto que ha habido una indemnización. Pero a un daño como éste no hay indemnización que lo resarza”.
En su vertiente garante de la libertad de expresión, la compilación del CPJ reporta una sentencia de un tribunal federal, el 10 de febrero, que sancionaba al Gobierno por haber eliminado la publicidad oficial de varias publicaciones de la editorial Perfil por ser críticas con las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner. Partiendo de esta actuación, el Comité para la Protección de los Periodistas expuso que la presidenta ha utilizado frecuentemente la publicidad oficial como herramienta de castigo para los sectores críticos y de recompensa para los cercanos.  
En el ámbito coercitivo, Reporteros sin Fronteras se hace eco de las amenazas de muerte  y la agresión sufrida el 7 de enero, a manos de dos oficiales de seguridad,  por Ximena Marenco, locutora de la emisora privada Radio Fénix (provincia de La Rioja, en el Noroeste), a causa de su disenso con las autoridades locales, según expone la organización: “Los problemas de la periodista comenzaron a finales del año 2008, cuando se marchó de la emisora FM Provincia, cercana al poder local, para trabajar en la redacción de Fénix. “Cuida tu boca, es un aviso”, es uno de los últimos mensajes que Ximena Marenco recibió en su teléfono móvil, el 20 de febrero de 2009”.RSF también denunció el sabotaje sufrido por LT6 Radio Goya el 12 de enero de 2009 en Corrientes (Noroeste), que tuvo que interrumpir sus emisiones en AM porque unos desconocidos cortaron los cables de la antena. 
Adoptando una perspectiva de control político, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP)  expresó, en diciembre, su preocupación por una serie de medidas del Gobierno que, a su parecer, cercaban a Papel Prensa, la principal empresa productora de papel para diarios en el país, “acción que podría esconder el riesgo de que se condicione el suministro del insumo con la intención de controlar la labor informativa”.
En el ámbito local, el ostracismo mediático continúa vigorizando los ataques a la prensa y la presión sobre los líderes de opinión. El ‘Monitoreo de la Libertad de Expresión’, confeccionado por FOPEA, recoge 168 casos en 2009: 147 ataques, a razón de alerta cada día y medio, y 21 casos favorables a la libre circulación de informaciones y opiniones.  La Capital Federal y la provincia de Buenos Aires son las zonas que más incidencias registran, aunque al Foro le preocupan más otras regiones menos pobladas que presentan un mapa denso y conflictivo, como Entre Ríos y Corrientes.
El 35% de los casos nominados por FOPEA corresponden a agresiones físicas o psíquicas. El segundo patrón más habitual son los atentados contra la propiedad y la emisión de informaciones, especialmente las vertidas por agentes críticos con la administración local. No obstante, en el monitoreo también aparecen amenazas (la de Ximena Marenco, entre ellas), denuncias por censura, falta de respeto al ejercicio de la profesión, abuso de poder y otras obstaculizaciones. Dentro de sus reclamaciones, el Foro se lamenta de que la mayoría de los agresores no son descubiertos, de la lentitud de la justicia, de la aparición de policías como autores y de la opacidad de las vejaciones acaecidas en los pequeños municipios.
Las buenas noticias para FOPEA vienen, principalmente, de sentencias judiciales, como la condena de cadena perpetua dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires al ex comisario de Pinamar Alberto Gómez, acusado de haber liberado la zona en la que mataron al fotógrafo José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997; o la despenalización de los delitos por injurias y calumnias.

 

 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

Libre

29

1995

 

 

 

 

Libre

29

1996

 

 

 

 

Parcialmente libre

31

1997

1

 

 

 

Parcialmente libre

31

1998

0

 

 

 

Parcialmente libre

36

1999

0

 

 

 

Parcialmente libre

41

2000

0

0

 

 

Parcialmente libre

41

2001

0

0

 

 

Parcialmente libre

33

2002

0

0

42

12

Parcialmente libre

37

2003

0

0

67

15,17

Parcialmente libre

39

2004

0

0

79

21,33

Parcialmente libre

35

2005

0

0

59

13,67

Parcialmente libre

41

2006

1

0

76

17,3

Parcialmente libre

45

2007

0

0

82

24,83

Parcialmente libre

49

2008

0

1

68

14,08

Parcialmente libre

47

2009

0

0

47

11,33

Parcialmente libre

49