|  | El análisis  de la libertad de expresión en Argentina durante el año 2007 muestra, como  aspectos centrales el avance hacia la regulación legal  del reparto de la publicidad oficial y la persistencia de las  agresiones y amenazas contra la prensa. A pesar de las mejoras en materia  legislativa, el ejercicio de la profesión periodística sigue encontrando muchos  obstáculos en el país, razón por la cual  la posición de Argentina en las  clasificaciones internacionales ha empeorado durante este tiempo, tanto para  Reporteros Sin Fronteras como para la Freedom House. 
 La noticia más positiva para el desarrollo  efectivo de la libertad de expresión en Argentina proviene de la sentencia  judicial, del 7 de septiembre de 2007, por la que la Corte Suprema de  Justicia condenaba a la provincia de Neuquén por privar de publicidad oficial a  un diario crítico. Esta medida ayudará a proteger a los medios de comunicación  de la arbitrariedad gubernamental en la distribución de la pauta publicitaria.
 El Comittee to Protect Journalists (CPJ) se felicita por la noticia y  analiza la sentencia. Según ésta, los medios no deben esperar una determinada  cantidad de ingresos por publicidad oficial pero, al mismo tiempo, deja patente  que la publicidad de la administración no puede utilizarse para presionar a los  medios. Así, la sentencia dictamina que el Estado “no puede manipular la  publicidad, dándola o retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios”.
 El asunto de  la distribución de la publicidad oficial preocupaba a todas las instituciones  que monitorean la libertad de expresión en la zona. Por ello, en octubre de  2007, se publicó el informe “Noticias a la Venta”, en el que el CPJ afirmaba que: “Al no existir un  marco legal con reglas claras para la distribución de la pauta publicitaria  oficial a nivel nacional y provincial, según el CPJ y otros analistas, el  reparto irregular de dinero público en concepto de pauta oficial tiene  influencia sobre la cobertura de noticias, incluyendo información sobre las  elecciones presidenciales y legislativas. Los medios que proporcionan cobertura  favorable a los candidatos oficiales obtienen muchos avisos; aquellos que son  críticos consiguen pocos o ninguno”.  El  informe revela que, desde que Néstor Kirchner se convirtiera en presidente en  el 2003, el presupuesto de publicidad oficial del gobierno se multiplicó un 354  por ciento y que, debido a la inexistencia de una regulación específica, ésta  se repartía entre los medios afines y postergaba a aquellos que se mostraban  más críticos con el gobierno.
 La sentencia  viene a zanjar el problema vivido por el diario Río Negro cuando, en 2002, tras publicar un informe  sobre la corrupción en  Neuquén  vio como diversos organismos públicos le retiraron la publicidad. La Relatoría  de la Comisión Inter-americana de  Derechos Humanos concluye instando a los gobiernos locales y al nacional a  unirse al espíritu de este fallo y abstenerse de utilizar la asignación de  publicidad oficial para manipular a los medios.
 Sin embargo,  esta optimista noticia no debe distorsionar la percepción sobre la realidad del  ejercicio de la profesión periodística en Argentina, pues aún se padecen  numerosas agresiones a la libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras (RSF) tachó de indigna y peligrosa la decisión  judicial por la que, el pasado mes de septiembre, se prohibía al periodista  Sergio Poma ejercer su profesión durante un año por un delito de injurias.
 El periodista  argentino denunció algunas irregularidades en la gestión del gobernador de  Salta, Juan Carlos Romero. Para RSF una decisión judicial como esta podría crear jurisprudencia e incitar a la  prensa a autocensurarse. Romero había pedido que la condena fuera “ejemplar”,  para que “el periodista comprenda que existen algunos límites” y, según parece,  ha logrado su objetivo. Sergio Poma es un periodista de investigación que ha  padecido, en dos ocasiones, denuncias similares por parte de políticos.
 Los periodistas argentinos son las primeras víctimas  del mal clima profesional que se vive en el país. La Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta  que,  durante este año, se ha continuado  recibiendo denuncias de agresiones y amenazas contra periodistas. En particular,  la Relatoría señala su preocupación por lo sucedido en agosto de 2007 en Salta,  donde efectivos policiales detuvieron por más de una hora en la Comisaría y  agredieron al reportero del diario El  Tribuno, Darío Illanes, cuando estaba recogiendo información sobre un motín  ocurrido el día anterior.
 |  |  El 13 de septiembre de 2007, en Buenos Aires, Tomás  Eliaschev, redactor jefe del portal perfil.com, sufrió una agresión como  consecuencia de un conflicto laboral. En septiembre de 2007, Carlos Furman, que  denunciaba haber sufrido hostigamiento desde 2006, fue detenido y golpeado por  funcionarios policiales en un calabozo de la ciudad de Santa Elena, en Entre  Ríos. La Relatoría Especial exhorta  a las autoridades del gobierno argentino a tomar las medidas necesarias para  garantizar que estos reporteros puedan ejercer su derecho a la libertad de  expresión sin sufrir este tipo de consecuencias, así como a investigar y  sancionar a los responsables de tales hechos.A propósito de todas estas agresiones, Reporteros Sin Fronteras ha declarado: “(…)  apreciamos que el conflicto, por su amplitud y brutalidad, ha sobrepasado  ampliamente el simple contencioso profesional. La agresión de Tomás Eliaschev  se inscribe en el insostenible clima de violencia que rodea a la prensa, y en  el que la detención de Carlos Furman pone igualmente de manifiesto la  persistencia. Ya va siendo hora, cuando se acercan las elecciones del 28 de  octubre, de que los periodistas, las organizaciones profesionales y las  autoridades, se comprometan conjuntamente a pacificar la situación”.
 A  propósito de estas elecciones, RSF se hace eco de las declaraciones de la entonces candidata a la presidencia del  país, Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente Néstor Kirchner,  que  durante la fiesta nacional del 9 de  julio, calificó públicamente a los periodistas de “burros” e “ignorantes”. Con  esta perspectiva en el horizonte, el futuro de la libertad de expresión en  argentina no es demasiado esperanzador. El distanciamiento entre el poder y los  medios de comunicación, con negativas a comparecer y facilitar el acceso a la  información pública, también ha sido un obstáculo para el desarrollo de la  labor periodística.
 Sin  embargo, al final de la campaña electoral, Kirchner pareció reconocer la  necesidad de los medios en este proceso y decidió ofrecer una entrevista a un  medio local. Como recoge el diario El País, este hecho, que en  cualquier otro país no dejaría de ser un acontecimiento normal en campaña, en  Argentina se convirtió en algo realmente novedoso: “Los Kirchner consideran, y  así lo han declarado en público, que los medios de comunicación son un elemento  distorsionador en la relación entre el gobernante y el gobernado y de ninguna  manera constituyen un elemento necesario en una democracia. En consecuencia, el  silencio es la política oficial de comunicación de la Presidencia de la  República, cuyas opiniones y reflexiones sobre cualquier tema son conocidos  sólo mediante los discursos oficiales de Kirchner, una estrategia denominada  por importantes periodistas argentinos como “la dialéctica del atril”.
 También  el Freedom House,  en su informe sobre la libertad de expresión  en 2007, ha advertido del deterioro que ésta está sufriendo en Argentina. La  organización no gubernamental Freedom House, con sede en Estados Unidos,  monitorea la libertad de expresión desde 1984, en este último informe, ha  concluido que, bajo la presidencia de Kirchner, el país ha vuelto a la  consideración ‘Parcialmente libre’ (parcialmente libre) y que ha descendido hasta la  posición número 28 dentro de las 35 naciones que conforman el continente  americano.
 Argentina  se sitúa muy por debajo de otros países vecinos como Chile y Uruguay e,  incluso, de otros que han tenido tradicionalmente poco respeto hacia la  libertad de expresión, como México. En el ranking mundial, se sitúa al mismo  nivel que Turquía, por debajo de países con una vida democrática relativamente  reciente como Bosnia (posición 98) y   Serbia (84).
 El  informe destaca que en el deterioro de  la libertad de expresión en el país se debe a las acciones del Gobierno y a las  condiciones de inseguridad, y compara la situación de Argentina a la de Brasil y Venezuela, en las posiciones 22 y 34  (penúltimo, sólo por delante de Cuba) del continente americano respectivamente.
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