En Venezuela, la situación de la libertad de prensa, ha ido empeorando progresivamente, al menos según los indicadores internacionales. Para Freedom House, es uno de los pocos países latinoamericanos en los que la labor de la prensa no es libre y, para Reporteros Sin Fronteras, se mantiene como uno de los peor valorados del continente. El cierre de RCTV y la acaparación progresiva del espacio mediático por parte del presidente del país son los aspectos que han marcado 2007.

Todas las instituciones que monitorean la libertad de expresión en el mundo coinciden en señalar que 2007 ha sido un año negro para Venezuela. Los medios públicos y privados tienen discursos irreconciliables. Muestra de ello es que el Gobierno ha creado una red de 70 diarios locales y comunitarios, con un discurso homogéneo de apoyo a Chaves, para competir con los diarios críticos, según Reporteros Sin Fronteras. Pero, sin duda, el episodio con más trascendencia a nivel internacional ha sido el cierre de RCTV o, mejor dicho, la no renovación de su licencia para emitir.
El Comité para la protección de los Periodistas relata pormenorizadamente en su informe “Estática en Venezuela”  lo sucedido.  Hugo Chávez fue elegido, en su primer mandato, con el apoyo de los medios privados pero, a medida que su programa se encaminaba hacia su proyecto personal de socialismo, fue perdiendo el respaldo de los empresarios de los medios de comunicación. CPJ afirma: “A medida que su programa político se volvió más radical (o autoritario según algunos ejecutivos de medios), la prensa privada desempeñó un papel partidista, procurando activamente la destitución de Chávez y adoptando las posiciones y el lenguaje de sus opositores”. Así pues, según esta institución no debe infravalorarse el papel de los medios en la polarización a partir de 2001 en el país.
En abril del 2002 el mandatario venezolano sufrió un golpe de estado que pretendía apartarle del poder. En ese momento, al ver cómo reaccionaron los medios privados y públicos ante el golpe, Chávez llegó a la conclusión de que el aparato comunicacional del gobierno —compuesto por una cadena de radio, un canal de televisión y la agencia oficial de noticias— estaba en desventaja en comparación con los medios comerciales.
Así pues, desde entonces, la actual administración ha emprendido un ambicioso plan para robustecer la cartera de comunicaciones del gobierno. Chávez ha utilizado el cada vez mayor sector de medios estatales como un megáfono del gobierno: “copando el personal de simpatizantes suyos e influenciando los contenidos para asegurar una cobertura favorable”, según CPJ. Además, ha utilizado los medios públicos para contrarrestar la cobertura informativa de los medios privados y censurar a periodistas o dueños de medios, en lo que también coincide la SIP.
Como advertía RSF, la creación de medios comunitarios que, cierto es, dan voz a las poblaciones más dispersas y con menos recursos, ha sido subvencionada por el gobierno para extender las raíces de su red de apoyos mediáticos. Según esta institución, al número de medios que controla el gobierno, hay que añadir su la omnipresencia del presidente en antena: “Sobre todo, controla prácticamente la totalidad del espectro audiovisual; es decir, una veintena de radios, los canales públicos Venezolana de Televisión, Telesur, Vive TV, Asamblea Nacional y Tves, y el operador telefónico nacional CANTV. Recurriendo, entre enero de 1999 y noviembre de 2007, más de 1.500 veces al sistema de las “cadenas”, el presidente sobrepasó las 900 horas de antena, a las que hay que añadir, en el mismo período, 1.000 horas acumuladas de su propio programa dominical ‘Aló Presidente’, emitido por VTV”.
El gobierno de Chávez amplió su tejido radicular de medios y, según todas las instituciones internacionales que monitorean la libertad de expresión, se enfrentó con los críticos de forma implacable: no renovó la concesión de Radio Caracas Televisión, que llevaba emitiendo desde 1953. El 27 de mayo de 2007 la cadena fundió en negro para siempre.
Desde el 28 de diciembre de 2006, tras las declaraciones de Chávez,  el medio sabía que la renovación de su licencia estaba en peligro. Con el pretexto de que RCTV había apoyado el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 que le apartó del poder durante cuarenta y ocho horas, anunció que la frecuencia del canal, concedida en 1987 para veinte años, no se iba a renovar cuando caducara. El medio presentó recursos  ante el Tribunal Supremo de Justicia pero no sirvieron para nada. RSF afirma que, en ausencia de alguna condena judicial durante todo el período de la concesión anterior - y al no haber sido nunca condenado por su “participación en el golpe de Estado de 2002 - el canal podía legalmente conseguir la renovación de la frecuencia.
CPJ analiza los hechos con profundidad. Afirma que RCTV era un medio “acérrimamente” crítico con el gobierno de Chávez y que todo este proceso obedece a razones políticas pues, otros medios que apoyaron el golpe y, posteriormente, se han plegado al presidente, han conservado sus licencias. Para justificar su decisión, en marzo,  el gobierno distribuyó un libro gratuito de 360 páginas “mitad documental y mitad arremetida”, el Libro Blanco sobre RCTV; que posee capítulos dedicados a la concentración en la propiedad de los medios, una historia sobre el régimen de concesiones en Venezuela, su visión sobre el papel de RCTV en el fallido golpe del 2002, y lo que describe como efectos dañinos de la concentración en la propiedad de los medios. El libro explica la posición del gobierno, que goza de discrecionalidad en la renovación de las concesiones otorgadas a los radiodifusores por de acuerdo con un decreto de 1987. Jesse Chacón, ministro de Telecomunicaciones, anunció en una conferencia de prensa el 29 de marzo que la decisión sobre RCTV no era una sanción contra el canal sino simplemente un hecho "natural e inexorable" producto del vencimiento de la concesión.