Libertad de expresión

Las instituciones que estudian y evalúan la libertad de expresión en Honduras coinciden en señalar que los mayores problemas del país son la inseguridad generalizada para los periodistas, la impunidad, la lenta adaptación de la legislación nacional a la normativa internacional sobre libertad de expresión, la falta de idependencia de los medios y la tensión entre el gobierno y los titulares de los medios. En este escenario, 2007 contabilizó el asesinato de un periodista y el exilio forzoso de otros dos. Con todo ello, su clasificación en Reporteros Sin Fronteras empeoró significativamente y cayó más de veinte puestos respecto a 2006. Para Freedom House es considerado un país parcialmente libre.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) hondureño registró, en 2007, el asesinato del periodista y humorista radial Carlos Alberto Salgado Cruz, de Radio Cadena Voces (RCV), ocurrido el 18 de octubre. Así como la salida del país, para proteger sus vidas, de los comunicadores Dagoberto Rodríguez, director de RCV, y Giovanny García, de Hondured (Canal 13).
Salgado presentaba el programa “El Frijol Terrible”, de sátira política. Reporteros Sin Fronteras ha declarado a propósito de su muerte: “El asesinato de Carlos Salgado confirma el deterioro de la libertad de prensa en Honduras (que ocupa el puesto 87 en la clasificación mundial de Reporteros sin Fronteras). El clima, cada vez más execrable, entre el gobierno de Manuel Zelaya y los medios de comunicación contribuye, desgraciadamente, a esta situación. Esperamos de las autoridades, a quienes no consideramos en absoluto directamente responsables de la muerte del periodista, que aclaren rápidamente el caso. También les hacemos un llamamiento para que den muestras de mayor tolerancia frente a las críticas de los medios”.
Apenas dos semanas después de este asesinato, por el que ya se ha detenido a un sospechoso, el director de la misma emisora se vio obligado a exiliarse del país al ser informado por la policía de que estaba en el punto de mira de nuevos atentados.
En relación a los procesos penales incoados contra comunicadores, en 2007 fueron demandados 7 periodistas y un dueño de medio de comunicación. Sin embargo, como recogen RSF y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), varias jurisdicciones hondureñas han considerado que son inadmisibles las denuncias contra cinco periodistas, presentadas por el gerente de la empresa de telecomunicaciones Hondutel, Marcelo Chimirri, por “atentados al honor”. Los magistrados han estimado que no existen suficientes argumentos jurídicos para acusar a Renato Álvarez y Rossana Guevara, del canal Televicentro; Melissa Amaya y Juan Carlos Funes, de la emisora Radio Cadena Voces; y Carlos Mauricio Flores, jefe de redacción del diario El Heraldo.
Las amenazas a la prensa han seguido estando presentes. En febrero, dos periodistas de La Tribuna fueron objeto de intimidaciones y amenazas anónimas a muerte por investigar presuntas irregularidades administrativas y de dotación de medicamentos en el estatal Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). En mayo, en la Entrada, Copán, el director del Canal 12 (Telemaya), Carlos Chinchilla, el reportero Elmer Ramírez y el cámara Marlon Dubón, fueron objeto de amenazas e intimidaciones por parte del crimen organizado ligado a la banda delincuencial conocida como “Los Hidalgo”.
Para C-Libre tiene mucha trascendencia en la actual situación de la libertad de prensa en el país la tensión entre el gobierno y los propietarios de los medios. El 15 de octubre, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, denunció ante la SIP que algunos medios de comunicación son utilizados por sus dueños para presionar al gobierno con el fin de defender intereses de negocios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recoge que, en mayo de 2007, el presidente Zelaya anunció que todas las estaciones de radio y televisión del país deberán transmitir en simultáneo en un determinado horario, informes hechos por el gobierno y entrevistas con funcionarios públicos. Según el mandatario, estas cadenas buscan “contrarrestar la desinformación de los medios” sobre la gestión de gobierno.