Durante 2007 fue asesinado un periodista en Colombia y aún se está investigando si fue por motivos profesionales. La inexistencia de asesinatos a periodistas, que pudiera parecer un indicador básico para cualquier estado democrático, adquiere una relevancia especial en un país como Colombia, donde se han registrado más de diez asesinatos hace tan sólo 5 años. Sin embargo, existen serias dudas de que esta cifra se deba, no a una mejora efectiva de la protección de la libertad de expresión, sino a la extendida práctica de la autocensura, pues no se han promulgado medidas para proteger a los profesionales del periodismo y el número de amenazas y exilios forzosos sigue en aumento.  Colombia ostenta una de las peores posiciones del continente en la clasificación de RSF y apenas ha variado en los últimos años; al igual que su consideración como parcialmente libre para la Freedom House. Aunque hay que afirmar que, tímidamente, pero ha mejorado en ambas clasificaciones.

El asunto se hizo público gradualmente, después de que la revista Semana informara sobre conversaciones interceptadas que mostraban cómo líderes de grupos paramilitares continuaban participando en actividades ilegales desde cárceles de máxima seguridad. El gobierno indicó que personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol) había interferido ilegalmente las conversaciones y las había filtrado a Semana. En este comunicado, el gobierno reveló también que durante más de dos años, personal de la Dipol había grabado las conversaciones de personas que no estaban siendo investigadas, “entre quienes se encuentran miembros del Gobierno, de la oposición y periodistas”.
El 14 de mayo de 2007, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció públicamente que la policía nacional llevaba 2 años interceptando ilegalmente las llamadas de algunos funcionarios del gobierno y miembros de la oposición, así como de periodistas. Uribe condenó este procedimiento y se obligó a los directores de la policía nacional y de la central de inteligencia a renunciar. Sin embargo, cabe cuestionarse si esta filtración permitió conocer sólo la punta del iceberg de la violación sistemática de las libertades fundamentales recogidas en la Constitución y si las medidas adoptadas para atajarlo han sido suficientes.
La guerrilla de las FARC es, sin duda, uno de los mayores predadores para la libertad de expresión del mundo. En mayo y junio protagonizó una nueva oleada de amenazas contra los medios de comunicación. Miembros que se identifican como integrantes de las FARC secuestran y agreden a periodistas, en diferentes localidades del país, para amedrentarles y coartar el ejercicio de la profesión. Los casos de Afranio Franco en Tolima o Rodrigo Callejas, son algunos de los más conocidos.
A propósito de estas agresiones, RSF declara: “Las FARC no desmienten su reputación de predadores de la libertad de prensa en las regiones donde permanecen activas. Sus amenazas son cada vez más premeditadas y directas. Los odiosos métodos que emplean no tienen nada que envidiar a los de los paramilitares. Es urgente que se revisen los planes de protección de periodistas, que ligan al Gobierno con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el sentido de una mayor eficacia”.
Además de las limitaciones que le sobrevienen a la prensa por las FARC, los paramilitares, los grupos de narcotráfico o, como se ha visto, la indefensión ante las escuchas ilegales desde el Ministerio de Defensa, en periodo de elecciones todo se agudiza. El 28 de octubre de 2007 hubo elecciones municipales y departamentales y, durante la campaña, el Ministerio de Comunicación prohibió a las radios comunitarias emitir programación de carácter político en virtud de un decreto que intentaba suprimir el proselitismo político en este tipo de medios.
Se decreta que las radios comunitarias no pueden incluir declaraciones de los candidatos ni pueden vender espacios para la publicidad electoral. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) ha declarado que esta medida representa un “acto de censura previa, arbitrario e inconstitucional”. RSF entiende que estas radios son una herramienta fundamental del debate democrático y la única fuente de información en muchas localidades y que la lucha contra los grupos armados no debe llevar a las autoridades a equivocarse de objetivo, confundiendo el proselitismo con el derecho a informar.
En otro orden de cosas, la SIP se muestra preocupada por la concesión de la libertad condicional al autor material del asesinato del subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002, que fue condenado a 29 años. Ha sido  liberado cinco años después por acogerse a una serie de beneficios penales de la ley, pese a que el Código de Procedimiento Penal agrava las penas para los asesinos de periodistas.
Esta misma organización declara que empieza a verse la tendencia de regular los temas digitales con el positivo propósito de evitar abusos, y teniendo en cuenta la dificultad de equilibrar la interacción de varios derechos humano (el derecho a la fama, a la honra, a la intimidad y el derecho a la libertad de información).
En este período, la Corte Constitucional siguió consolidando la jurisprudencia a favor de la libertad de expresión a través de recientes sentencias como la que declaró improcedente la tutela instaurada por el magistrado Jaime Araújo Rentería en contra de la columnista del periódico El Tiempo, Salud Hernández. Junto a ésta, ha habido otras sentencias que han venido a recordar la responsabilidad social de los medios de comunicación y la prohibición constitucional de la censura.
Así pues, cabe concluir que en Colombia sigue existiendo un clima de impunidad y autocensura claramente marcado por el conflicto armado interno que no posee una solución a corto plazo. La inexistencia de asesinatos a comunicadores este año por el ejercicio de su profesión no viene determinado por una mayor protección legal ni respeto por la libertad de prensa sino por la autocensura y por la multiplicación de otras formas de hostigamiento y amenaza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó hace dos años al Estado colombiano tomar medidas para proteger la integridad física de los comunicadores sociales y la infraestructura de los medios de comunicación. También le recomendó realizar una investigación será, imparcial y efectiva de los hechos de violencia e intimidación contra los comunicadores sociales para poner fin a la demora en las investigaciones. Se pidió al Gobierno que se posicionara condenando públicamente los ataques contra la prensa para evitar que se desarrollara un clima de estigmatización hacia quienes desarrollaran una línea crítica con las acciones del Gobierno. Y, entre otras cosas, también se solicitó que se adecuara la legislación interna a los valores establecidos por la CIDH para afianzar la libertad de expresión y la democracia.
Sin embargo, como viene viéndose a lo largo de este informe, la situación en Colombia parece estancada, no se perciben cambios a corto plazo que apunte a una mejora de la situación del ejercicio del periodismo y el respeto a la libertad de expresión.