Me corresponde, en este panel sobre los Consejos Audiovisuales, hacer una aproximación a lo que puede ser el espacio del Consejo del Audiovisual de Andalucía. Cabe anticipar que se trata de una institución democrática de control que debe regular las relaciones entre los distintos agentes del audiovisual en la comunidad autónoma. Insisto en señalar que el Consejo del Audiovisual es un órgano de cultura democrática o, dicho de otra manera, una extensión de la soberanía popular que profundiza en el desarrollo de la democracia.

El desarrollo actual de la comunicación, bajo el paraguas de lo digital, parte de un proceso de desregulación, que en la práctica se traduce en una posición dominante del sector privado, a la vez que un cambio de la matriz tecnológica y de la dimensión de los negocios sectoriales.

La necesaria desregulación del audiovisual y de las telecomunicaciones se hizo bajo el señuelo de la libertad de expresión y el fin de los monopolios públicos. Una desregulación imbuida de excesivos tics tecnocéntricos y extremadamente parca en la evaluación de los impactos sociales, incluidos aquellos que alcanzan a la cultura democrática. Hoy, los recientes monopolios públicos nacionales han ampliado la naturaleza estratégica de su actividad, estimulando la concentración de los actores privados de referencia en oligopolios que ya no limitan su estructura de propiedad y de mercado al territorio nacional, y que, frecuentemente, se han apoyado, para su rápido crecimiento, en las antiguas infraestructuras públicas –redes de distribución- y en el acompañamiento político/normativo de la Administración. En un caso como el español, este acompañamiento, extraordinario en el tránsito público-privado y posterior desarrollo de Telefónica, contrasta con la orfandad en las iniciativas de amparo a la sociedad civil en el mismo ámbito de la comunicación.

La supervivencia de una democracia efectiva parece pasar por la restitución de los fundamentos del pacto social que han sido dañados o alterados por lo que, eufemísticamente, podría denominarse una rápida propensión globalizadora. La voracidad del fenómeno encierra, sin embargo, la semilla de su fragilidad. En muy pocos años, el cambio tecnológico, exhibido como catalizador de la modernidad y del progreso, conduce, en ciclos rápidos de consumo y moda, gran parte de las pautas y hábitos individuales y sociales; en buena medida, se ha apropiado de la capacidad de innovación social, esto es, de intervención de la propia sociedad en la construcción de su futuro. El futuro es, cada vez más, la moda, el halo redentor del nuevo ciclo tecnológico.

En términos de comunicación, las restricciones de la innovación social se traducen, en la práctica, en limitaciones de la expresión. A los problemas derivados de la titularidad se suman los que conciernen a los usos tecnológicos, que cambian estrategias, describen nuevos lenguajes, modifican los valores retóricos, redefinen la interlocución. En definitiva, queda en gran medida fuera del espacio de dominio público el control de instrumentos tecnológicos en permanente transformación, circunstancia que afecta, como queda dicho, a la capacidad de expresión y a la innovación social.

Es en esta esfera teórica donde cabe enunciar la institución Consejo del Audiovisual. Una institución que, aun cuando en el caso de Francia tiene una vigencia de once años –fue creado en 1989-, atiende a las nuevas necesidades del audiovisual. En los últimos diez años, en España se ha pasado de un sistema de monopolio público a un modelo mixto de televisión convencional, en el que concurren, además de TVE, nuevos operadores privados y autonómicos. Pero el sistema audiovisual se ha hecho aún más complejo con el cambio de matriz tecnológica que lleva al escenario digital. A pesar de los impulsos normativos de la desregulación, de la definición de estándares, de la ampliación de los soportes y de los recursos sectoriales, que sitúan a España entre los países más activos de la Unión Europea, los desarrollos normativos de amparo cívico, de anclaje democrático del fenómeno emergente son escasos o nulos.

Asimetría en el desarrollo del audiovisual

Hay una asimetría en el desarrollo del sistema audiovisual que inclina el peso de las políticas de comunicación hacia el lado de los emisores y abandona, prácticamente a su suerte, a las audiencias, cuyo máximo valor parece su cuantificación numérica como activo de los canales de televisión. Por eso, el Consejo del Audiovisual, y más si se define en el territorio de una autonomía, debe tratar de corregir esa asimetría y trabajar, de manera preferente –ahí radica el concepto de institución de cultura democrática-, sobre la dimensión cívica de las audiencias, esto es, en la dirección del enriquecimiento cultural de la población sobre la que esa institución se crea.

Entiendo que no es posible crear un Consejo Andaluz del Audiovisual (CAA) con un carácter mimético de otros modelos, adscritos a otros territorios. O se fija una razón clara de partida, un criterio de eficacia definido, o el CAA vendrá a ser una instancia más del control ineficaz, carente de contenidos, como en buena parte son hoy los Consejos de Administración de las televisiones públicas. Por eso es necesario establecer diáfanamente la dirección estratégica de una institución que puede alcanzar una importancia central en el desarrollo cultural y político de Andalucía.

Hay una primera prevención que es preciso manifestar antes de proseguir con esta exposición. El término Consejo del Audiovisual reproduce exactamente el enunciado del modelo francés de 1989, en el que se han inspirado hasta las más recientes formulaciones de control audiovisual en Europa, como es el caso del Consejo portugués. No obstante, el escenario de los medios y del mismo audiovisual ha cambiado radicalmente en los últimos once años. Las tecnologías convergentes, la formación de conglomerados multimedia, la disolución de los monopolios públicos, la diversificación mercantil del sistema de medios, la comunicación a través de nuevas redes, etc., hacen del Consejo del Audiovisual un instrumento de observación y control que reduce su mirada a una sola parte de la comunicación, tecnológica y económicamente unida a un espacio más amplio que se define como la integración multimedia. Hecha la salvedad, que permite extender estas reflexiones a escenarios más amplios, profundizaremos en la idea del CAA.

Como señalaba al principio, el Consejo del Audiovisual debe estar concebido con criterios muy equilibrados de representación social, con suficiente autonomía, porque si no es así difícilmente alcanzará la condición de institución de cultura democrática y será un órgano más de oligarquización del espacio de representación política a costa del espacio cívico, que es uno de los fenómenos que, en diferentes instancias, contribuye a la degradación de la democracia. Esto es, una expansión del espacio político delegado a costa de espacios cívicos que pueden ser gestionados directamente por la participación ciudadana.

Los procesos de oligarquización política pueden llevar a una devaluación de los medios y de las políticas informativas como instrumentos de la democracia, en la medida en que sirven a la formación de la opinión pública, llegando, en la práctica, a una especie de privatización partidista de los medios. En este sentido, los Consejos del Audiovisual deben estar dotados de una especial sensibilidad social y cultural, con un cierto grado de distanciamiento de la política partidista.

Efectos sociales, culturales y políticos

Porque los efectos sociales y culturales de los medios son bastante más significativos de lo que expresa la preocupación programática de los partidos. Hoy en Andalucía, por hablar de un territorio concreto, el consumo de televisión afecta de manera central a la vida de los ciudadanos. Voy a exponer un cálculo provocativo, tal vez espectacular, pero que induce a reflexionar sobre la importancia del medio. En 1998, la población laboral ocupada en Andalucía -1,8 millones de ciudadanos-, con una jornada laboral media de 5,48 horas, calculada a partir de 46 semanas útiles al año y 40 horas de trabajo semanal, suma en las tareas de trabajo reglado 9,3 millones de horas cada día. El consumo audiovisual en 1998, entre mayores de 14 años, se elevó a 21,4 millones de horas diarias, 2,6 veces más que la cifra del cómputo laboral, según cálculo hecho a partir de un consumo medio diario de 214 minutos diarios.

Por término medio, según los datos del referido año calculados a partir de las audimetrías de Sofres, cada andaluz dedicó 54,2 días en 1998 a ver televisión. Entre los mayores de 65 años, la cifra se elevó a 68 días; esto es, cada año, por término medio, la tercera edad se expone durante dos meses y ocho días ante el televisor. Creo que es preciso prestar atención a la realidad que encierran estas cifras y no volver la espalda a los efectos políticos, culturales y sociales del medio; aceptar que estamos ante un fenómeno que condiciona la capacidad de innovación y movilización sociales, la creatividad cultural, la socialización de los menores, el ocio y las expectativas de los mayores, etc.

Y también prestar atención o contextualizar en su verdadera dimensión el territorio de referencia, sobre el que se proyecta el CAA. Andalucía, con 7,4 millones de habitantes, más que Dinamarca, Irlanda o Finlandia, no lejos de los que pueblan Suecia, Grecia o Austria, tiene entidad demográfica suficiente para aspirar a un sistema de medios moderno y con proyección externa, pero también de órganos democráticos e independientes de control social que atiendan una parcela, la del audiovisual, que con tanta intensidad alcanza el tiempo libre de sus ciudadanos.

El CAA debe velar, en primera instancia, por la dignidad de los contenidos del audiovisual en general y, de manera más concreta, del audiovisual público. Evitar esa disparidad entre las políticas públicas de instrucción, de enseñanza reglada y un sistema audiovisual que debilita o desinstala aquellos valores de socialización que están el horizonte de los proyectos de gestión pública. Velar porque la televisión pública autonómica sea una televisión especializada en el territorio y en el desarrollo de aquellos valores que contribuyen al progreso de la comunidad que la sostiene. En este sentido, es inadmisible pensar que estamos pregonando propuestas utópicas, y basta con mirar el audiovisual público del Reino Unido, Francia o Alemania para entender el camino que le queda por recorrer al modelo español.

Redefinición del audiovisual público en Andalucía

El audiovisual público, así entendido, no renuncia al gran público, hasta ahora patrimonio de la seducción comercial, pero debe orientarse más a  los públicos, a los distintos públicos que configuran los intereses plurales del territorio. Profundizar en líneas de tematización que cubran demandas de las audiencias que no se ven satisfechas por la televisión generalista comercial. Enfocar el esfuerzo público hacia una oferta especializada que favorezca el desarrollo integral del territorio, la innovación social, la movilización de la inteligencia a través de incentivos en la programación. Lograr una complicidad creativa con los estamentos, núcleos e instancias sociales que influyen, a su vez, en el cambio y progreso sociales.

En materia de medios, Andalucía tiene claros déficits en cuanto al consumo de prensa diaria, revistas y radio convencional, con un acceso a los nuevos medios digitales, caso de Internet, que marca nuevos retardos respecto de otras comunidades españolas. Corresponde a la televisión, cuyo consumo es más amplio y generalizado, un papel de compensación de las carencias reseñadas, circunstancia que entraña, especialmente para la televisión pública autonómica, una enorme responsabilidad en la oportunidad y dignidad de los contenidos ofertados. Este campo de aplicación del audiovisual es, sin duda, uno de los espacios naturales del control y la reflexión del CAA.

Parece necesario, por consiguiente:

a)     Definir el alcance del CAA y su inserción en un discurso audiovisual complejo, ya que está descrito por la expresión de industrias culturales globales, directivas supranacionales, normativas nacionales y espacios autonómicos.

b)     Orientar la acción del Consejo hacia las audiencias, canalizando sus demandas y opiniones y contribuyendo a la formación de una cultura crítica del consumo de medios; fomentar la participación de las universidades, asociaciones de consumidores y otras entidades cívicas. Actuar como garante de la libertad de expresión y del derecho a la información, así como denunciar aquellos casos en los que la supuesta defensa de los derechos anteriores prevalezca sobre el conjunto del marco de derechos que define el Estado democrático.

c)      Crear una estructura con un alto grado de autonomía, fruto del consenso de las fuerzas políticas, pero desvinculada de la dialéctica partidista, con miembros nombrados por el Parlamento, pero con mandatos distintos a los períodos legislativos ordinarios.

d)     Incluir entre las atribuciones del CAA la de velar por la dignidad de los contenidos audiovisuales, incluso de las emisoras externas, denunciando aquellas expresiones que alteren o denigren injustamente la imagen de la sociedad andaluza.

Defensa del patrimonio cultural y del derecho a la información

El CAA debe unir a sus tareas de estímulo del audiovisual autonómico su decidida defensa del patrimonio cultural de Andalucía y, a la vez, de la imagen de la comunidad. La imagen de Andalucía forma parte del patrimonio de todos los andaluces y la defensa de esta imagen, aun cuando se genere con la torpeza de los tópicos desde el exterior, debe ser objeto de la lectura crítica y la denuncia del CAA. Es difícil entender esa discordancia entre la imagen tópica que recrean algunos medios –en ocasiones la propia televisión autonómica- y la realidad social y cultural.

El CAA debe ser, asimismo, garante del derechos a la información de los ciudadanos, pero con una extensión que, al menos, debe comprender a los medios públicos, como es el derecho al ocio y al entretenimiento dignos. Igualmente, promover el desarrollo de una cultura crítica y responsable del consumo de los medios.

La creación del CAA plantea ciertos problemas de competencias –ámbito de actuación, capacidad de intervención, etc.-, especialmente si se tiene en cuenta que en la próxima legislatura existe el compromiso de crear un Consejo del Audiovisual de ámbito estatal. El CAA no puede solaparse con la institución nacional. Si sobre Andalucía irradian 300 o 400 señales audiovisuales, que aumentarán en los próximos años, ¿cómo crear una institución que pueda ejercer control eficaz sobre ese conjunto disperso en su origen y alcance? Realmente estaríamos intentado poner puertas al campo y eso es, en términos tecnográficos, una tarea rayana en lo imposible. ¿Se puede sancionar o limitar la expresión de una señal que libremente se proyecta desde el exterior de la comunidad? Sería absurdo. Entonces, ¿debe limitarse únicamente esa acción sobre las emisoras regionales y locales de Andalucía, que en ningún caso alcanzarán el 25 por ciento de la audiencia?

El CAA, integrado por representantes cualificados de los diferentes sectores de la actividad y la cultura de la comunidad autónoma, debe definirse como institución de cultura democrática al servicio de la ciudadanía a la que representa, con una capacidad de intervención no muy desarrollada, por cuanto es difícil intervenir sobre las señales externas, que en ocasiones escapan al propio control nacional. La eficacia del Consejo radica en la formulación clara de su espacio de competencias. En ningún caso debe solaparse con otras instancias, como la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Control de la RTVA o el Consejo de Administración del ente público, cuyas atribuciones y responsabilidades deberán revisarse, para convertirlo en un órgano mucho más reducido, menos gravoso y más implicado en la gestión continuada de la empresa. La experiencia de diez años de Consejo de Administración de la RTVA debe servir para evitar futuros errores en la creación del CAA, porque el nuevo Consejo, más que una expresión de la dialéctica partidista, debe ser un instrumento de cultura democrática para el progreso de todos los andaluces.

b)    La asunción de aquellas competencias reguladoras y de control en materia audiovisual que le sean asignadas por la Junta de Andalucía.

c)    La denuncia de las irregularidades advertidas en las emisiones de acuerdo con las normativas vigentes, personándose en su caso como parte, cuando la ocasión lo requiera, en las instancias autonómicas, nacionales o supranacionales.

d)    El amparo a las audiencias en sus derechos cívicos (información, honor, privacidad, réplica, derecho de acceso, etc.)

e)    El cuidado de la imagen de Andalucía a través del audiovisual, dentro y fuera de la comunidad autónoma.

f)     El fomento del consumo crítico y responsable de la televisión, estimulando la socialización en estos valores durante los períodos de escolarización de los menores y jóvenes.

g)   La ampliación del espacio público de debate de los andaluces a los problemas reales de su tiempo, con la superación de un modelo de televisión pública paternalista y conservadora.

h)    La promoción y desarrollo del sector audiovisual y de la producción autóctona.