Asimismo, cabe señalar que siete de los once miembros del Directorio de Responsabilidad Social son elegidos por el poder ejecutivo, y que la Ley de Responsabilidad Social no establece criterio alguno para la designación de los miembros del Directorio de Responsabilidad Social, ni define un plazo fijo para el ejercicio de sus cargos ni establece causales taxativas para su remoción. No existen entonces garantías institucionales, orgánicas ni funcionales de independencia de los citados órganos.
La Relatoría Especial argumentó que la categoría “servicios públicos” que atañe a medios de comunicación públicos y privados puede “ser usada para restringir el derecho a la libertad de expresión de manera incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana”.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa reiteró su alerta sobre las intenciones del gobierno de Venezuela de clausurar medios de comunicación independientes, entre éstos la televisora Globovisión, contra la que inició el sexto proceso administrativo, además de la amenaza de cierre contra 29 radioemisoras que se sumarían a otras 34 ya retiradas.
Los medios de radiodifusión son en gran parte propiedad del Gobierno, que opera en siete canales con cobertura nacional. Sin embargo, los principales periódicos de Venezuela son de propiedad privada y la mayoría se identifican con la oposición. Según FH, como resultado de ello, los periódicos son objeto de amenazas y violencia por parte del Gobierno y sus partidarios, que a veces lleva a la autocensura. Los medios locales y regionales son particularmente dependientes de los ingresos por publicidad del Gobierno, haciéndoles vulnerables a represalias económicas de los grupos de oposición al Gobierno.
Dentro de este entramado de procesos de limitación de la libertad de prensa, la CIDH observó que en los últimos meses de 2009 se incrementaron los procesos administrativos sancionatorios contra los medios de comunicación críticos con el Gobierno. De manera particular, llama la atención de la CIDH que en varios de estos casos, las investigaciones y procedimientos administrativos se iniciaron después de que las más altas autoridades del Estado llamaran a las entidades públicas, en especial a Conatel, a “actuar” contra Globovisión y otros medios independientes y críticos con el Gobierno.
Según RSF, desde que, el 27 de mayo de 2007, el canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) fuera excluido de las ondas hertzianas, Globovisión es el único medio televisivo de la red que lanza al aire una voz netamente crítica con su Gobierno.  RSF envió el año pasado una carta al presidente venezolano en la que destacó que “nunca, en otros países de América Latina donde sus homólogos han tenido que enfrentarse a medios hostiles, o considerados como tales, la réplica del Estado ha asumido un cariz tan extremo. Nunca se ha dado la subordinación de la práctica totalidad del sector televisivo a una única voz dirigente. E, incluso, a veces se ha reanudado el diálogo. Es muy preocupante que este no sea el caso de Venezuela. Mantengo la esperanza de que ese diálogo pueda llegar algún día”.
Según deploró RSF “El presidente Hugo Chávez avisó recientemente de Globovisión dejaría las ondas por no modificar su línea editorial. Presionó a la Administración y a la Justicia en ese sentido. Hablando de un ‘problema de salud pública’ al respecto, el Presidente ha elegido un remedio peor que la enfermedad. La suspensión de su frecuencia hertziana sería el punto final de un auténtico acoso pleitista, jurídicamente discutible, en contra del canal por su contenido. Que el canal no sea libre de reproches no quita nada a la gravedad del proceso. No es digno de una democracia como Venezuela que el capricho del Jefe del Estado sea lo único en decidir del futuro de un medio de comunicación. Una vez liberado de Globovisión, Hugo Chávez dispondrá de un espacio televisual hertziano totalmente abnegado pero renuncia a un filtro mediático, lo que podría llevar a una radicalización de la oposición. Esta configuración es un revés para el pluralismo y el debate”.
El pasado 5 de septiembre, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, anunció el inicio de un sexto proceso administrativo contra el canal Globovisión por presuntamente instigar  el magnicidio y el golpe de Estado a través de un mensaje de texto mostrado durante la transmisión del programa de variedad Buenas Noches. También fue abierto un proceso administrativo contra una empresa independiente que produce el programa. De manera particular, durante 2008 y 2009 altas autoridades del Estado han descalificado la labor periodística y el rol de algunos medios de comunicación independientes del Gobierno, acusándolos de practicar “terrorismo mediático” y de fomentar un “discurso de odio” que afecta la “salud mental” de la población venezolana. En algunos casos, estas declaraciones se han visto seguidas de la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios por parte de Conatel, entidad que depende del poder ejecutivo.
Este tipo de manifestaciones dieron lugar a que el 22 de mayo de 2009 el Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emitieran un comunicado de prensa conjunto. En dicho comunicado manifestaron que las declaraciones de altas autoridades estatales en contra de Globovisión y otros medios de comunicación privados en Venezuela contribuían a generar “un ambiente de intimidación”, que limitaba seriamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Los relatores especiales enfatizaron que “en una democracia, la crítica, la oposición y la  contradicción, deben ser toleradas como condición del principio de pluralismo, protegido por el derecho a la libertad de expresión”, y que, por ello, “la labor de las autoridades es la de crear un clima en el cual todas las personas puedan exponer sus ideas u opiniones sin miedo a ser perseguidos, sancionados o estigmatizados”.
A continuación, se realizará un recuento de algunos de estos pronunciamientos, con una breve referencia al hecho que les dio origen.
Otro de los eventos que motivó declaraciones de altas autoridades públicas contra los canales privados independientes tuvo lugar después de la divulgación, el 4 de mayo de 2009, de la noticia sobre un seísmo que habría afectado a algunas localidades venezolanas. Esa madrugada, la producción del canal de televisión Globovisión intentó sin éxito comunicarse con Francisco Garcés, presidente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), para que explicara el alcance del sismo. Alrededor de las 5:20 a.m., el director general de Globovisión Alberto Federico Ravell informó sobre lo sucedido y señaló que, de acuerdo con el Centro Geológico de los Estados Unidos, el temblor había sido de 5.4 grados en la escala de Richter. Indicó, asimismo, que la población debía mantener la calma en tanto no se habían registrado daños graves.
El 11 de mayo de 2009 el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores Nicolás Maduro acusó a Globovisión de “terrorista”, y a su director Alberto Ravell de practicar “terrorismo mediático” y de generar “zozobra y terror” en la población venezolana por la transmisión de informaciones sobre el sismo. El Ministro Maduro sostuvo que el “espectro radioeléctrico no deb[ía] usarse para generar terrorismo”, y que una “cosa e[ra] informar sobre un movimiento sísmico o sobre las lluvias y otra cosa e[ra] usar un hecho natural para tratar de generar zozobra y terror en la gente para intentar aprovecharlo políticamente para fines reñidos con la Constitución y la paz pública”
Asimismo, tal como lo señaló la Corte Interamericana, las autoridades venezolanas deben tomar en cuenta que “las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que pueden provocar, sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, la seguridad persona u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen esa libertad de expresión”.
Resulta fundamental recordar al Estado que los funcionarios públicos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, también “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar de manera razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras de evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”.
La CIDH expuso en su último informe que todo este contexto “implica que toda investigación administrativa que pueda conducir a la aplicación de sanciones a los medios de comunicación, debe cumplir, cuando menos, los siguientes requisitos: debe estar sometida completamente a la ley vigente más favorable; la ley aplicable no debe contener términos vagos e imprecisos que puedan conducir a la aplicación arbitraria de sanciones que limiten la libertad de expresión; que cualquier restricción legal a la libertad de expresión debe perseguir fines compatibles con la Convención Americana;  toda sanción debe ser proporcionada y estrictamente necesaria para la satisfacción de los fines legítimos que la ley establece; en todo caso debe estar plenamente garantizado el debido proceso legal; y el órgano de aplicación de la ley debe ofrecer garantías de autonomía, independencia e imparcialidad”.
Tal como fuera señalado en la sección anterior, el 3 de julio de 2009 Conatel inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra Venevisión, Meridiano TV, Televen, Globovisión, Onda 107.9 FM y Fiesta 106.5 FM, por la transmisión de avisos publicitarios del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (en adelante, “Cedice”) y la Asociación Civil para el Fomento y Promoción del Esfuerzo (en adelante, “Asoesfuerzo”), relacionados con la “Campaña en Defensa de la Propiedad”. En la misma resolución, Conatel dictó además una medida cautelar contra Venevisión, Meridiano TV, Televen, Globovisión, Onda 107.9 FM y Fiesta 106.5 FM, para que se abstengan “en forma inmediata de difundir todas las propagandas que conforman la campaña ‘En Defensa de la Propiedad’ ofrecida por los anunciantes CEDICE y ASOESFUERZO, en sus distintas versiones o similares, tanto de radio como de televisión”.
Las piezas cuya difusión fue prohibida eran cuñas publicitarias contratadas por Cedice y Asoesfuerzo como parte de una campaña contra el denominado “Proyecto de ley de propiedad social” que cursaba en la Asamblea Nacional. En dichas piezas distintos personajes (como la que representaba a la nieta de un panadero, al hijo de un conductor, un agricultor o un ama de casa, entre otros) afirmaban que ellos y sus padres “habían trabajado muy duro” para lograr lo que tenían y cerraban diciendo: “Si intentan quitármelo, lo defenderé”. Al final de las cuñas el locutor en off indicaba: “La propiedad es tu orgullo, defiende la propiedad privada.”
La CIDH ha señalado en reiteradas ocasiones que la censura previa es el prototipo de violación extrema y radical de la libertad de expresión, precisamente, porque “por medio del poder público, se establecen medios para impedir en forma previa la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, por cualquier tipo de procedimiento que condicione la expresión o la difusión de información al control del Estado”.
El 20 de octubre de 2009, el programa "Pro-Defensa del Derecho a la Educación", que se trasmitía por la emisora comunitaria Cielo 99.3 FM de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, fue levantado del aire de forma intempestiva. Según denunció José Urbano, conductor del programa y director de la ONG del mismo nombre, el hecho ocurrió por órdenes del diputado Irán Aguilera, presidente del Consejo Legislativo Estatal, quien habría presionado a Otman Olivero, director de la radio, tras la denuncia emitida en el programa sobre un caso de abuso sexual por parte de un profesor hacia una alumna de una escuela de esa ciudad. En este sentido, el IPYS y la Sociedad Interamericana de la Prensa a través de su Informe de la Libertad de Prensa, reiteraron que durante la primera semana de enero de 2009, fueron cancelados dos programas en el canal Telellano y uno en radio Paraíso Stereo 102.9 FM. Los propietarios de los medios, que pertenecen al mismo grupo empresarial en el estado de Barinas, oeste del país, señalaron que la medida era una decisión familiar tras recibir una serie de presiones de las autoridades locales, encabezadas por el gobernador Adán Chávez.
Pero no fue el único episodio de intervención estatal sobre la libertad de prensa venezolana. El periodista Carlos Sulbarán denunció que le censuraron seis reportajes sobre temas políticos vinculados al Gobernador. El periodista dejó de trabajar en el canal en enero. Francisco Aguilar dijo al IPYS que tras la cancelación de los programas de Telellano, ya no hay espacios de opinión política. Por su parte, Tarquino González denunció que uno de los propietarios de Telellano le dijo que su programa sería suprimido de la agenda por cuestiones de reprogramación de la emisora. Luego le confesó que habían tenido muchas presiones por parte del Gobierno Regional.
Una fuente consultada por el IPYS, que prefirió mantenerse en el anonimato, denunció que tanto en el canal de televisión como en la emisora de radio está prohibido tratar temas que afecten a la imagen del Gobierno. Los periodistas tampoco pueden entrevistar a los ex candidatos disidentes Julio César Reyes (a la Gobernación) y Wilmer Azuaje (a la Alcaldía).
Actualmente, tanto la televisión por cable como la que emite vía satélite internacional no tienen que trasmitir de manera obligatoria la programación exigida al resto de cadenas del Estado. Sin embargo, el 9 de julio de 2009 el Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas Diosdado Cabello anunció que se emitiría una providencia administrativa con el fin de que cualquier emisión por cable que cuente con más de un 30% de “programación venezolana”, “entendiendo por ello a cualquier programa que cuente con  participación profesional, financiera o técnica de origen venezolano, incluyendo la publicidad”, tenga las mismas obligaciones que las leyes le imponen a la televisión abierta. De esta manera, algunos canales por cable, que actualmente son clasificados como canales extranjeros dada la definición más estrecha que existía de la expresión “programación venezolana”, tendrán que someterse a esta imposición de la programación, según puntualizó el último informe de la CIDH.
El 3 de julio de 2009 el Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda Diosdado Cabello, después de anunciar el inicio de un proceso de democratización del espectro radioeléctrico, indicó que Conatel llevaría a cabo un proceso para establecer la posible revocatoria de las concesiones otorgadas a 240 emisoras de radio. Este anuncio sorpresivo estuvo seguido de la decisión de ordenar la suspensión de la trasmisión de 32 radioemisoras. En esta sección se explican los más importantes antecedentes de este proceso y algunos de los efectos de estas decisiones sobre el derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo con la información recibida por la CIDH y publicada en su último informe, algunas de las radioemisoras afectadas por la decisión de revocar las licencias habrían informado oportunamente al Estado sobre novedades relevantes (como la muerte de uno de los titulares de la concesión), habrían solicitado oportunamente la trasformación de los títulos y habrían operado públicamente y mantenido relaciones con el Estado a través del pago de impuestos, la certificación de requisitos o adecuaciones técnicas, entre otros. En algunos casos, la muerte de alguno de los socios de las empresas concesionarias habría dado lugar a la correspondiente transformación del título, sin embargo, en otros casos el Estado habría omitido dar una respuesta oportuna a las correspondientes solicitudes de transformación. De acuerdo con estos datos, la manera en la que el Estado habría venido relacionándose con estas emisoras generaba en sus administradores la confianza de que sus solicitudes se resolverían atendiendo a las normas legales vigentes, según la práctica establecida y sin que resultara relevante la línea editorial del medio. El artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dispone que toda transformación de títulos debe realizarse con base a los principios de “transparencia, buena fe, igualdad y celeridad”.
Este mecanismo compromete el deber de neutralidad del Estado frente a los contenidos, afecta al derecho de todos los productores independientes a no ser censurados por razón de los contenidos de sus obras y el derecho del público a acceder a una información plural y diversa, distinta a aquélla que los funcionarios estatales consideren que debe ser divulgada.
La CIDH denunció que en Venezuela “no existe un marco jurídico que asegure que la asignación de subsidios para las artes y la cultura se realice de manera objetiva, respetando la obligación de neutralidad del Estado”. En ese contexto, se informó que la Asociación Cultural Skena y la Asociación Civil Teatro del Duende, que recibían subsidios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, fueron excluidas de los Convenios de Cooperación Cultural por los cuales se les asignaba recursos para el desarrollo de sus actividades en el estado Miranda. De acuerdo con los datos entregados a la CIDH, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura habría justificado su decisión en el criterio aplicable a los llamados “casos excepcionales”, según el cual “no se financiarán a colectivos e individualidades cuyas conductas públicas perniciosa[s] afecten la estabilidad psicológica y emocional colectiva de la población, haciendo uso de lenguaje ofensivo, descalificado, mintiendo y manipulando a través de campañas mediáticas dispuestas para tales fines”

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News, dijo que "debemos enfrentar las amenazas con la fuerza de la palabra; y con la fe y la confianza de que la democracia va a hacer que todo sobreviva".