La República Dominicana ha sido, durante años, uno de los países en mejor situación en el continente por su respeto por la libertad de prensa. Sin embargo, desde 2005 comenzó una tendencia al empeoramiento que, tanto para RSF como para FH, sólo mejora tímidamente en 2008. A pesar de la peligrosidad que afrontan los profesionales de la comunicación, este año se ha fortalecido la protección del secreto de las fuentes y parece avanzarse hacia una despenalización de los delitos de injurias y calumnias. Hay que reseñar, no obstante, que el derecho a informar se ha cobrado una víctima en 2008.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), su organización regional, la Federación de Periodistas de América Latina (FEPALC) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han exigido a las autoridades dominicanas que investiguen a fondo el asesinato del cámara Vicente Normando García Reyes, conocido como "Azabache", que fue acribillado a balazos junto a un taxista que falleció también después, el 7 de agosto de 2008. El crimen tuvo lugar en la ciudad de Santiago y la incipiente investigación apunta a que el objetivo del mismo era acallar su trabajo informativo, puesto que García había recibido amenazas anteriormente por haber cubierto en televisión diversas informaciones relacionadas con la criminalidad organizada. La impunidad, también presente en este país latinoamericano, aleja la posibilidad de que este crimen tenga un juicio a corto plazo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) publica que alrededor de treinta periodistas sufrieron agresiones o atentados en el transcurso del año 2008 y unos veinte fueron objeto de procedimientos judiciales a menudo abusivos. Estos datos son similares a los del año anterior. Para Reporteros Sin Fronteras (RSF), los ataques contra los medios de comunicación conocieron entonces un nivel que no se había alcanzado desde la época de la dictadura de Joaquín Balaguer, en los años 70.

Para esta organización, el país sigue padeciendo una gran corrupción y su situación geográfica la convierte en un importante punto de paso del tráfico de drogas. Ambos temas –corrupción y narcotráfico- son asuntos sobre los que los periodistas han de ser cuidadosos al informar pues pueden sufrir represalias de los cárteles de la droga, de funcionarios municipales o de policías. Así, la Sociedad Interamericana de Prensa ha criticado que los “niveles de incomprensión e intolerancia frente al libre ejercicio periodístico se han incrementado en los últimos seis meses con agresiones, amenazas y presiones que llegaron a su punto más inquietante cuando el juez Felipe Molina Abréu, autorizó al Ministerio Público a otorgar la fuerza pública para obtener en las oficinas de los periodistas Nuria Piera y Huchi Lora videos y documentos relacionados con una serie de trabajos de investigación periodística acerca de la calidad de la leche que se sirve en el desayuno escolar en las escuelas públicas. Este intento, que fue detenido con un auto de oposición, ha recibido un amplio rechazo en la comunidad periodística”.
La despenalización de los delitos de prensa sigue sin aprobarse a pesar de que pierde fuerza como procedimiento censor. Los juicios que se desarrollan por injurias y calumnias no llegan a ningún desenlace penal en el país. Estos procesos concluyen con sentencias que liberan de responsabilidad a los periodistas y medios de información o se desestiman, aunque siguen siendo delitos que pueden ejercer una función disuasoria para los profesionales de la información. En este sentido, en materia legal, es muy positiva la reforma de la Constitución votada en la Asamblea Nacional que garantiza una absoluta protección del secreto de las fuentes. Es una medida de la que se felicitan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio de Periodistas de República Dominicana.