La situación de Perú preocupa a las instituciones que monitorean la defensa efectiva de la libertad de expresión por las innumerables agresiones físicas cometidas contra periodistas por autoridades policiales y el descrédito que sufren los poderes públicos y privados. Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitó al Gobierno rechazar el proyecto de ley presentado al Parlamento que pretendía endurecer las disposiciones que regulan la publicación de correcciones y retracciones en los medios de comunicación, así como un endurecimiento del código penal sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión.

Según Freedom House, el clima de hostilidad para la prensa se evidencia por los numerosos casos de agresiones físicas y amenazas verbales propiciadas por autoridades policiales, cargos públicos y privados locales al denunciar presuntos actos de corrupción. Las amenazas telefónicas dirigidas al periodista de  radio Cutivalú Julio Vásquez Calle, tras publicar unas fotografías en 2005 que involucrarían a la policía y a funcionarios de una empresa minera en un caso de secuestro y tortura, y  al periodista Jaime Abanto Padilla, director del diario Panorama Cajamarquino, por denunciar actos de corrupción, constituyen algunos de los ejemplos que denuncia el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Relatoría Especial también informó de que algunos periodistas habrían sido víctimas de amenazas y agresiones por informar acerca de protestas y manifestaciones, como las del 20 de mayo de 2009, cuando algunos manifestantes pertenecientes a las comunidades amazónicas de Yurimaguas agredieron a trabajadores de medios de comunicación. Asimismo, en el informe también se destaca la agresión a Walter Castillo Chávez, periodista de Radio Libertad en Arequipa, atacada por desconocidos que arrojaron piedras y destrozaron varias ventanas. El periodista manifestó que días antes había recibido amenazas de muerte aparentemente relacionadas con una serie de críticas realizadas contra el ex Presidente Alberto Fujimori.
En marzo de 2009, la periodista Lilian Luna Villafuerte, corresponsal del diario La República, habría sido golpeada en el estómago por un funcionario del INPE, cuando tomaba fotos de un incidente en el lugar. El mismo funcionario también habría intentado golpear a Miguel Ángel De la Cruz de Teve Solar, para impedir que grabara lo ocurrido.
La CIDH exhortó a las autoridades a que investiguen judicialmente los hechos mencionados e identifiquen, juzguen y sancionen a sus responsables. El principio 9 de la Declaración de Principios señala que, el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La corrupción era “endémica” dentro del entramado de los medios de comunicación durante la presidencia de Alberto Fujimori, en la década de 1990, y “continúa en cierta medida, debido a la aceptación de sobornos por los propietarios y periodistas a cambio de una cobertura sesgada de la información”, según Freedom House.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejó sin efecto la autorización para prestar servicio de radiodifusión sonora de la radio La Voz de Utcubamba, en Bagua. De acuerdo con la información entregada por el Estado a la Relatoría Especial, la decisión administrativa fue adoptada porque la emisora no habría cumplido con los requisitos técnicos contemplados en las normas pero algunas organizaciones de libertad de expresión, tanto locales como internacionales, solicitaron al Gobierno que dejara sin efecto la resolución administrativa y que retirara la autorización a la emisora.