Los indicadores de la libertad de expresión sitúan, otro año más, a México en el epicentro de la violencia contra la profesión periodística. Durante 2009, trece informadores perdieron su vida víctimas del conflicto entre cárteles de la droga y bandas organizadas. Julio, con tres muertes, fue el mes más cruento. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, solamente en los diez últimos años 32 comunicadores perdieron la vida a consecuencia de su labor profesional. Otros nueve han desaparecido desde 2005. La cifra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México es sensiblemente mayor: 52 informadores fallecidos y siete desapariciones. La autocensura, como medida preferente de protección, se extiende por las redacciones de todo el país.

De acuerdo con las informaciones de los principales observadores internacionales (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Internacional de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras), los crímenes comenzaron el 13 de febrero con el asesinato en Iguala, Guerrero, del fotógrafo Jean Paul Ibarra Ramírez de El Correo, víctima de un tiroteo en el que también resultó herida  Yenny Yuliana Marchán, del periódico regional Diario 21. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), en torno a las 22 horas ambos periodistas, especializados en sucesos, se dirigían hacia la morgue en la moto de Ibarra, para conocer los detalles de un accidente ocurrido poco antes, cuando desde otra moto, que se colocó a su misma altura, un desconocido les disparó cinco veces. Marchán resultó herida en ambas piernas, a Ibarra le remataron con un disparo en la cabeza cuando caía al suelo.
Para RSF, el ataque fue otro ejemplo del clima de extrema violencia que impera en México, agravado por la ofensiva emprendida por la administración de Felipe Calderón, en 2006, para acabar con el narcotráfico y que se cobrado más de 14.000 víctimas. El 26 de febrero, Mario Cereso Barrera fue detenido por las autoridades policiales después de declararse autor del atentado. Barrera explicó a la policía que Ibarra le compró dos cadenas creyendo que eran de oro y que cuando comprobó que eran falsas le fotografió para intimidarlo. A pesar de la confesión, el móvil es vago y presenta varias lagunas. Las investigaciones para aclarar el crimen continúan sin demasiados avances.
El 23 de febrero, Reporteros Sin Fronteras registra el asesinato de Luis Daniel Méndez Hernández, corresponsal de la agencia Radiorama Tuxpan. El periodista murió tras recibir cuatro disparos en la espalda cuando asistía al carnaval de Huayacocotla, en Veracruz. Las circunstancias que envuelven al atentado no permiten confirmar el móvil profesional, razón por la que muchas organizaciones no lo incluyen en sus estadísticas. No obstante, RSF no lo descarta dada la implicación del reportero en la vida política local, llegando a presentarse a las elecciones municipales de 2007 enrolado en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Carlos Ortega Samper, corresponsal de Tiempo de Durango en Santa María del Oro (Durango), fue asesinado el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. La dirección del diario para el que trabajaba relató que dos vehículos, con cuatro personas a bordo, interceptaron a Samper cuando regresaba a su domicilio, intentaron secuestrarlo y, ante la resistencia del periodista, lo fusilaron. Sus crónicas ya le habían propiciado enfrentamiento con las autoridades locales, incluido el alcalde de Santa María del Oro. Dos meses antes su coche había sido incendiado en la puerta de su domicilio.
El 25 de mayo, Eliseo Barrón Hernández, Milenio Torreón, fue asesinado por cinco miembros de ‘Los Zetas’, un grupo paramilitar especializado en extorsión y narcotráfico, con el objetivo de obligar a la prensa local a autocensurarse. Los autores del atentado: José Pedro Jáuregui Jiménez, Raúl Francisco Rodríguez Valderrama, Víctor Alfredo López Ramírez, Óscar Cárdenas Castillo e Israel Sánchez Jaimes fueron detenidos el 6 de junio, confesando que seguían órdenes de Lucio Fernández , molesto por las revelaciones acerca de sus actividades. El cuerpo fue encontrado en un canal de riego de Durango el 26 de mayo de 2009, un día después de que lo secuestraran en su vivienda.
‘Los Zetas’ son, expone el Comité Para la Protección de los Periodistas (CPJ), la organización criminal más temida de México, operando también en Guatemala.
En julio, el mes más sangriento de 2009, entregaron su vida Martín Javier Miranda Avilés, Ernesto Montañez Valdivia y Juan Daniel Martínez Gil.
Avilés, reportero del diario Panorama y corresponsal de la Agencia informativa y de análisis Quadratin, y Valdivia, editor del periódico local Enfoque del Sol de Chihuahua, fallecieron con menos de 48 horas de diferencia. Martín Javier Miranda Avilés, apuñalado por la espalda, fue encontrado sin vida en su domicilio de Zitacuaro (Michoacán) el 12 de julio y Ernesto Montañez Valdivia fue tiroteado el 14 en Ciudad Juárez, al caer en una emboscada mientras viajaba con su hijo de 17 años, que resultó gravemente herido en el cuello. El deceso Avilés se produjo el mismo día en que fue capturado Arnoldo Rueda Medina, uno de los padrinos de ‘La Familia’, el cartel más peligroso de Michoacán.
Juan Daniel Martínez Gil, presentador del grupo Radiorama, murió el 27 de julio. Su cuerpo medio enterrado apareció un día después cerca del puerto de Acapulco. Pese a la inseguridad de la zona, las circunstancias que envuelven su asesinato no están claras, ya que no hacía información relacionada con el narcotráfico y ninguno de sus allegados tenía noticias de que hubiera recibido amenazas.
A finales de septiembre, concretamente el día 23, Norberto Miranda Madrid fue ejecutado, según las fuentes judiciales locales, por tres encapuchados que irrumpieron en las instalaciones de Radio Visión en Nuevo Casas Grandes, a unos 200 kilómetros de Ciudad Juárez. Miranda era uno de los objetivos del Cártel Juárez a consecuencia de sus artículos de opinión, firmados con el pseudónimo de ‘El Gallito’, en los que desvelaba y denunciaba las actuaciones delictivas de este grupo criminal.
Dos días antes del crimen de Norberto Miranda, Reporteros Sin Fronteras denuncia el acuchillamiento del fotógrafo independiente Jaime Omar Gándara San Martín, también en Chihuahua. El móvil no ha sido determinado.
El 11 de octubre apareció el cuerpo sin vida de Fabián Ramírez López, locutor de la emisora La Magia, en Sinaloa, uno de los estados más peligrosos de México. Ramírez López había desaparecido dos días antes mientras se dirigía al trabajo. La víctima, hallada a raíz de una llamada telefónica anónima que informaba de su localización, fue golpeada y degollada. Según la prensa local, el periodista conservaba sus efectos personales, lo que descartaría el robo como supuesto móvil, y tenía grabada en la espalda las letras YTTS. Los observadores internacionales apuntan a su profesión como posible génesis del crimen.
Bladimir Antuna García, redactor del diario El Tiempo especializado en cuestiones de seguridad, falleció en Durango durante la noche del 2 de noviembre después de haber sido secuestrado esa misma mañana cuando acudía a su puesto de trabajo. Algunas organizaciones, como RSF, señalan a los autores del asesinato de Eliseo Barrón (‘Los Zetas’)  como responsables de la muerte de Antuna García, que recibía amenazas constantemente por la información que publicaba y que, según el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), había sido víctima de un atentado en abril, cuando unos desconocidos dispararon contra su domicilio.
José Emilio Galindo Robles, director de Radio Universidad de Guadalajara (Jalisco), fue encontrado muerto en su domicilio, el 24 de noviembre de 2009, después de varios días sin tener noticias suyas. Galindo Robles era conocido por su compromiso en la defensa de los derechos humanos y la defensa del medioambiente.

Finalmente, el 22 de diciembre murió José Alberto Velázquez López, director de Diario Express de Tulum y colaborador de Canal 30. Cuando regresaba a su hogar, dos individuos le adelantaron en una moto y le dispararon. José Alberto Velázquez López consiguió huir en un primer momento, aunque poco después perdió el control de su vehículo y se estrelló contra otro automóvil que avanzaba en el sentido contrario. Falleció a causa de las heridas mientras que los médicos de Cruz Roja le trasladaban al hospital. Las personas más cercanas a la familia declararon a los medios que murió a causa de su profesión y que el móvil no tenía nada que ver con asuntos pasionales, como apuntó la fiscalía. El periodista era uno de los principales detractores del líder local del PRI, Marciano Dzul.
Además, el 26 de agosto fue asesinado en Ciudad Juárez Pablo Pasillas, funcionario de la fiscalía encargado de investigar el crimen del periodista Armando Rodríguez, abatido a tiros en julio de 2008.
Reporteros Sin Fronteras informa también de la desaparición, el 11 de noviembre, de María Esther Aguilar Casimbe, trabajadora de los periódicos Diario de Zamora y  Cambio de Michoacán en Michoacán; de los atentados sufridos, en su domicilio y en la redacción,  por Guillermo Soto Bejarano, director del semanario De Opinión en Oaxaca; y del exilio obligado a El Paso (Texas, Estados Unidos) de Ricardo Chávez Aldana a consecuencia de las amenazas sufridas por su labor en la emisora Radio Cañón de Ciudad Juárez. El caso de Aldana es similar al de Emilio Gutiérrez Soto, que tuvo que huir del país y permaneció retenido en El Paso desde el 15 de junio de 2008 hasta el 29 de enero de 2009. En la actualidad espera una respuesta a su petición de asilo político.
El 30 de julio, el reportero David Ávila León fue secuestrado durante unas horas, advirtiéndole sus captores que cesara en sus investigaciones.
Otro de los aspectos que inquieta a los organismos que luchan por la libertad de prensa son los arrestos ilegales, como los sufridos por Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, en Ciudad de México o los redactores del diario El Observador Daniel Adrián García Villalba y Filiberto Ortiz Vázquez, detenidos en Chihuahua para evitar que fotografiaran varias detenciones en una comunidad de vecinos.
La corrupción generalizada, señala el Committee to Protect Journalists (CPJ), ha ocasionado que el sistema judicial no tenga ninguna utilidad en la mayoría de las violaciones contra la libertad de prensa. En los pocos casos en los que se han promulgado condenas, continúa la organización, han surgido dudas sobre la autoría de los acusados. Para el CPJ, las autoridades mexicanas son ineficaces cuando no cómplices en los agresiones a periodistas y medios de comunicación. Además, critica la lentitud del Congreso a la hora de crear armas legislativas para combatir los delitos contra la prensa. En abril, la Cámara de los Diputados dio luz verde a una medida que establecía penas especiales para los que cometieran delitos contra la actividad periodística, aunque a finales de año aún seguía pendiente de aprobación en el Senado.Dentro de este marco legislativo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, elaborada anualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Organización de Estados Americanos (OEA), alaba la decisión del Congreso del Estado de Nuevo León de aprobar una reforma en el Código Penal para castigar con penas de hasta 35 años de prisión a quien asesine a un periodista o a uno de sus familiares a causa de su ejercicio profesional.
En materia de radiodifusión comunitaria, la Secretaría de Gobernación emitió varias licencias de emisión, aunque la estructura normativa que regula su funcionamiento continúa siendo incierta y no responde a las necesidades de los agentes sociales.
Asimismo, el CPJ documentó varios casos en los que fueron atacados edificios que albergaban a medios de comunicación. En enero, varios hombres armados arrojaron una granada y dispararon contra las instalaciones de Televisa en Monterrey.  Un mes más tarde, un grupo de atacantes disparó contra la casa del director de noticias de El Debate de Guasave (Sinaloa). El semanario Riodoce, que cubre narcotráfico en Sinaloa, fue víctima de una explosión en septiembre que causó daños a la estructura.
En el capítulo judicial, la Relatoría mostró su preocupación por los intentos de entorpecer la investigación judicial del asesinato de Roberto Javier Mora García, ocurrido en 2004 y por el que Hiram Oliveros Ortiz fue condenado a 16 años de cárcel. Por el contrario, valoró la condena a 38 años de prisión de Genaro Vázquez Durán por el caso Amado Ramírez, periodista asesinado en abril de 2007.
Asimismo, la CIDH celebra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de anular varias normas penales por su incompatibilidad con la Constitución y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. En otra sentencia, la Corte anuló los cargos presentados contra la revista Proceso por publicar una noticia sobre el primer divorcio de la esposa de un ex presidente de la República. La cabecera fue demandada por daño moral.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) abrió 492 quejas por violaciones contra la libertad de prensa entre 2001 y julio de 2009. Una tendencia creciente que le costó la vida a 52 periodistas en la última década, periodo en el que también se han monitorizado siete desapariciones y seis explosiones contra instalaciones. “el impacto de esta violencia, expresado brutalmente al despojar de la vida a los periodistas o sustraerlos de sus familias, amigos y colegas, produce un efecto multiplicador, con un clima de intimidación que inhibe la tarea informativa del gremio”, destaca la CNDH.
De los 65 casos registrados, sólo en nueve se ha dictado alguna sentencia condenatoria. En otros ocho las diferentes procuradurías han logrado esclarecer parte de los hechos, en diez no han averiguado nada y en los 38 restantes ni siquiera se ha emprendido una investigación más allá de las averiguaciones previas. La falta de resultados se debe, según la CNHD, a los prolongados períodos de inactividad en que incurren las autoridades ministeriales,  la dilación que se presenta cuando se determina la sustitución de los fiscales o agentes del Ministerio Público que iniciaron la investigación, aquellos casos en los que la Procuraduría de algún Estado determina remitir el caso a la Procuraduría General de la República y la omisión de la autoridad ministerial a la hora de recabar testimonios, localizar testigos y agotar las distintas líneas de investigación.
En 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas (FEADP), pero, de acuerdo con la Relatoría, carece de recursos humanos y financieros para llevar a cabo su misión y su incidencia real es mínima.
El día 10 de noviembre, informan INFEX y CENCOS, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso aprobó la creación de la Comisión Especial para Atención y Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, como respuesta al asesinato de José Bladimir Antuna García.