México es el país más peligroso para el ejercicio de la libertad de prensa en América y uno de los tres más peligrosos del mundo. La situación empeora año tras años, crece el número de periodistas asesinados, de exilios forzados, de agresiones y delitos no resueltos. En 2008, más de 5000 personas fueron asesinadas en el país en el conflicto entre las bandas de crimen organizado y los carteles de la droga, diez de ellos eran comunicadores. Los periodistas son otra víctima más de este inmenso conflicto que el gobierno no parece poder  controlar.

Para el International Press Institute (IPI), México es el tercer país más asesino para los periodistas, por detrás de Irak e India. En 2008, esta institución afirma que se han producido cinco asesinatos de periodistas: Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, Alejandro Zenón Fonseca Estrada, Miguel Angel Villagómez Valle y José Armando Rodríguez Carreón.
Del mismo modo, la Federación Internacional de Prensa (FIP-FEPALC) repite, en su informe, el mismo podio de países asesinos para los periodistas. México ocupa también el tercer puesto pero con una significativa diferencia: para esta institución, los periodistas muertos en el país por ejercer su profesión han sido diez. Para FIP, hay que contabilizar también los asesinatos de Francisco Ortiz Monroy, Bonifacio Cruz Santiago y su hijo Alfonso Cruz Cruz, Candelario Pérez Pérez.
Para el IPI, el primer asesinato del año fue el de Teresa Bautista Merino and Felicitas Martínez Sánchez, el 7 de abril. Las activistas del movimiento indígena y reporteras de la radio La Voz que rompe el silencio, de 24 y 20 años respectivamente, recibieron disparos de asesinos no identificados mientras conducían por el estado sureño de Oaxaca. Iban a participar en el Foro Estatal para la defensa de los derechos de las Gentes de Oaxaca.
Tras varios meses de calma, el final del año presentó un repunte significativo en materia de asesinatos. El 24 de septiembre, Alejandro Zenón Fonseca Estrada, conductor de un magazine matutino en la estación de radió EXA FM, fue asesinado mientras colgaba posters, en la calle principal de Villahermosa (Estado de Tabasco) contra el secuestro y la violencia en México. Un pistolero no identificado le abatió de cerca.
 Miguel Angel Villagómez Valle fue secuestrado y asesinado el 9 de octubre. Su cuerpo fue hallado días después en el Estado de Guerrero.  Villagómez, de 29 años, era el fundador del diario La Noticia de Michoacán, radicado en Lázaro Cárdenas, una ciudad en la costa pacífica de Michoacán. El periódico es un tabloide regional que cubre regularmente crimen y política, al igual que deportes y cultura. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) cuenta que los familiares del periodista agregaron que alrededor de un mes antes de su muerte, Villagómez manifestó haber recibido una llamada amenazante a su teléfono. La persona que lo llamó pertenecía a los Zetas, ex soldados del ejército que trabajan para el poderoso cártel del Golfo.
En el momento más cruento de una oleada de ajustes de cuentas entre los cárteles de Juárez y el de Sinaloa, con una violenta respuesta militar, se produjo el asesinato de José Armando Rodríguez Carreón. Rodríguez Carreón recibió disparos en la puerta de su casa de un tirador no identificado. El periodista había recibido amenazas en febrero. Había cubierto sucesos en Ciudad Juárez, en El Diario del Estado de Chihuahua. Las pistas de su asesinato apuntan a los cárteles de droga de la ciudad, pero no se han producido detenciones aún.
El primero de los periodistas que la Federación Internacional de Prensa añade a esta lista es Francisco Ortiz Monroy. El comunicador fue asesinado a tiros por desconocidos cuando salía del palacio municipal de Ciudad Camargo, en el estado de Tamaulipas, el pasado 5 de febrero de 2008. Francisco Ortiz Monroy, de 48 años, era corresponsal del periódico El Diario de México.
Reporteros sin Fronteras (RSF) ha informado sobre el asesinato, el 7 de febrero de 2008 en Chimalhuacán (Estado de México, Centro), de Bonifacio Cruz Santiago, director del semanario El Real, y su hijo Alfonso Cruz Cruz, redactor jefe del mismo periódico. A ambos les mataron a disparos mientras esperaban al síndico procurador de la alcaldía, con el que tenían una cita. Según algunas versiones, era a él a quien en realidad buscaban los asesinos. De cualquier manera, fueran ellos los objetivos prioritarios de los asesinos o no, esta forma de silenciar la información da idea de lo sumamente peligroso que es querer realizar el trabajo de periodista en el país.
El periodista de la revista Sucesos, Candelario Pérez Pérez, de 32 años, fue asesinado a disparos en la Ciudad de Juárez. La oleada de violencia que está causando estragos en el Estado de Chihuahua, se cobró la vida de este informador para IFJ y RSF. Si bien, en este caso, el móvil personal no ha sido descartado aún.
Los asesinatos son la manifestación más cruenta de la debilidad del mensajero mexicano, del peligro que afrontan miles de comunicadores en el país cuando intentan contar lo que sucede; desafiar la ley impuesta por los cárteles de la droga o los grupos del crimen organizado es un riesgo mortal, con el que los periodistas conviven día a día. Además de los asesinatos, los comunicadores mexicanos afrontan un sinfín de formas de amedrentarlos, que van desde las amenazas a los secuestros, pasando por las agresiones y todo tipo de maniobras para censurar la información que les pueda incomodar.
Así, Emilio Gutiérrez Soto - colega del mismo periódico que Armando Rodríguez Carreón - prefirió huir a Estados Unidos. Los servicios de emigración norteamericanos le mantuvieron detenido durante siete meses. Igualmente, Carlos Huerta Muñoz, del diario Norte de Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua, Norte), se ha visto obligado a salir del país tras recibir amenazas de muerte, el 30 de enero de 2008. Alejandro Junco de la Vega, editor de varios periódicos, incluyendo Reforma, se mudó a Texas, en septiembre, tras decidir que la vida en la ciudad  Monterrey ya no era segura. En una carta al gobernador del estado de Nuevo León, Junco afirmó que "había perdido la fe" y necesitaba proteger a su familia de la violencia.RSF se lamenta de que la opción del exilio es cada vez más ineluctable para algunos periodistas condenados a ejercer bajo amenazas, y no sólo las de los carteles.
El capítulo de agresiones cuenta con intentos fallidos de asesinato, como el sufrido por Octavio Soto Torres, director del diario Voces de Veracruz, el 23 de enero de 2008. Soto resultó levemente herido en un ataque armado cuando se dirigía en su coche, acompañado de su hijo, al lugar de un accidente de carretera. Tres hombres armados les siguieron y abrieron fuego sobre ellos, causando al periodista rasguños en la cabeza. Octavio Soto Torres ha manifestado a Reporteros sin Fronteras que el atentado podría estar relacionado con sus críticas de cañeros y sus tensas relaciones con algunos funcionarios municipales. En diez años, el periodista ha sufrido siete ataques similares. Igualmente, Javier Montes Camarena, cronista del diario regional Diario de Colima (Estado de Colima, Oeste), sufrió múltiples disparos en su casa y su coche el 21 de marzo de 2008, en Manzanillo. Según el cronista, citado por el Cencos (Centro de comunicación social), el intento de intimidación estaría relacionado con uno de sus artículos recientes, muy crítico con el gobernador del Estado de Colima, Silverio Cavazos Ceballos.

Reporteros sin Fronteras informó también del atentado a disparos sufrido por Aristeo Abundis Hernández, director del semanario Frente y Vuelta, con sede en Pánuco (Estado de Veracruz, Este), ocurrido el 30 de mayo de 2008 y del que afortunadamente el periodista salió sano y salvo. Asimismo, la institución también denunció las amenazas recibidas por el diario El Correo de Tabasco (Sudeste) y su director Juan Padilla Herrera, que el 7 de junio amaneció con una cabeza cortada delante de la sede de la publicación, en Villahermosa.
También se han contabilizado en el país secuestros, como el sufrido por Mauricio Estrada Zamora, el 12 de febrero de 2008. Es el segundo periodista de La Opinión de Apatzingán a quién se da por secuestrado y así lo contó el diario La Opinión de Michoacán en su editorial: “Desde el miércoles en la noche se encuentra desaparecido nuestro compañero Mauricio Estrada Zamora, reportero de la fuente policiaca de La Opinión de Apatzingán. Después de retirarse de las oficinas del periódico, antes de las 11 de la noche, se retiró a su casa a la que nunca llegó y tampoco contestó las llamadas en su teléfono celular desde esa hora. Ayer en la mañana el encargado del orden de la localidad de Peña Colorada, del municipio de Buena Vista Tomatlán, localizó su vehículo y lo reportó a las autoridades. La unidad estaba estacionada con el motor en marcha.” A día de hoy, el periodista continúa aún desaparecido. RSF alerta sobre la peligrosidad de Michoacán y afirma que el periodista habría tenido alguna discrepancia con un policía, por lo que pide que sea un elemento importante y que la investigación verifique dentro de los servicios policiales.
Estos hechos y un sinfín de amenazas más a la libertad de prensa, hacen de México el país más peligroso para los periodistas en Latinoamérica, en franco retroceso desde 2006. Para RSF, la situación empeoró aun más después de la llegada al poder de Felipe Calderón, cuando se puso en marcha de una amplia ofensiva contra el narcotráfico que en 2008 causó más de 5.000 muertos, una cuarta parte de los cuales perdieron la vida en la fronteriza Ciudad Juárez.  Así lo analiza Omar Raúl Martínez, Director de la Revista Mexicana de Comunicación, presidente de la Fundación Manuel Buendía y profesor de periodismo de la FES Acatlán de la UNAM, en su artículo Libertad Amenazada, en la Revista Mexicana de Comunicación:
Si entre 2001 y 2003 hubo 7 asesinatos y un informador desaparecido, tan sólo entre 2006 y febrero    de  2009 se registraron 29 asesinatos.
- Durante 2008 se registraron alrededor de 140 incidentes contra periodistas y medios.
- Tan sólo en lo que va de 2009, hemos podido contabilizar 53 actos contra periodistas y 3 asesinatos.
- En los dos primeros meses de 2008, de acuerdo con la CDHDF se anotan 9 demandas, solamente en  el DF.
“Ciertamente las cifras son implacables y, sin embargo, no alcanzan a delinear a cabalidad las amenazas que se ciernen sobre el ejercicio de nuestras libertades informativas. Porque a las acostumbradas inhibiciones, atentados, presiones o condicionamiento de los tres niveles de gobierno, se suma la asechanza y las amenazas del crimen organizado, además de los intereses o veleidades de algunos editores y propietarios de los medios.”
El investigador, colaborador de la Fundación Manuel Buendía, explica el temor que infunden los cárteles de la droga y las mafias del crimen pero, también, la desprotección que sufren los periodistas mexicanos por parte del gobierno: “Aunque sabemos que la presunción de responsabilidad recae más frecuentemente en el poder público, y ahora en algunos grupos de narcotraficantes, lo cierto es que las condiciones laborales poco estimulan a realizar un periodismo auténticamente osado, responsable e independiente. Ello a fin de cuentas constituye parte del entorno que tiende a ampliar o limitar el ejercicio de la libertad de prensa.(…): el centro de las amenazas para el periodismo nuestro provienen de diversos representantes de los distintos niveles de gobierno, particularmente de algunos estados y numerosos municipios, y cada vez con mayor recurrencia del poder del narco”.
El Comité para la Protección de los Periodistas analiza en profundidad, en el trabajo, El narcotráfico y el crimen organizado plantean un grave peligro, la situación del país centroamericano que, para el International Press Institute, se ha cobrado la vida de 28 informadores desde el año 2000. El CPJ afirma: “Los carteles de la droga han enfrentado explícitamente a las autoridades estatales. En octubre, la prensa mexicana reveló que uno de los mayores carteles del país se había infiltrado en posiciones de máxima jerarquía en la división a cargo de investigar el crimen organizado en la Procuraduría General de la República (PGR). Cinco funcionarios fueron detenidos por acusaciones de que trabajaban como informantes para los hermanos Beltrán Leyva, un brazo del cartel de Sinaloa, y que habían recibido pagos que iban de 150 mil a 450 mil dólares estadounidenses. Reporteros locales afirmaron que los arrestos podrían tener implicaciones para la prensa porque la división del crimen organizado se había hecho cargo de varias investigaciones relacionadas con periodistas asesinados y desaparecidos. En dos casos emblemáticos -el asesinato en 2004 del editor de Tijuana, Francisco Ortiz Franco, y la desaparición en 2005 del reportero Alfredo Jiménez Mota en Hermosillo, al norte de país- los periodistas investigaban posibles vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios”.
En esta situación de desprotección, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada pocos meses antes de la elección de Felipe Calderón, exhibe un balance más bien escaso. Ninguno de los asesinatos que han tenido lugar desde 2000 ha sido realmente esclarecido, porque en la mayor parte de las investigaciones se han cometido irregularidades. Entre la época de su fundación y noviembre de 2008, la Fiscalía Especial, dependiente de la Procuraduría General de la República, se recurrió en 274 casos. No trató más que 88 y solo dio curso a tres de ellos, según RSF. Peor aún, con frecuencia tiene tendencia a sobreseer algunos de los casos más graves, y entre ellos los que implican a gobernadores y su entorno, excluyendo de oficio cualquier relación entre la muerte o la agresión de una víctima y su actividad periodística. El fracaso en lograr procesamientos exitosos en los casos de asesinatos de periodistas llevó a que México clasificara en décimo lugar en el Índice de Impunidad del CPJ, junto con países devastados por la guerra como Irak, Somalia y Sierra Leona.
En este clima de impunidad, las medidas propuestas por el presidente Felipe Calderón tienen poca repercusión: la despenalización de los delitos de prensa, promulgada el 12 de abril de 2007, y la federalización de los crímenes y delitos cometidos con periodistas. Este texto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el 2 de abril de 2009 y está en espera de la aprobación del Senado. Sin embargo, de poco vale a los periodistas mexicanos que se despenalicen estos delitos si siguen pagando con su vida el desempeño de su profesión.