Libertad de expresión

México es, actualmente, el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en Latinoamérica. No es considerado libre por la Freedom House, donde ha protagonizado una espectacular caída, y también empeora para Reporteros Sin Frontes. La libertad de expresión se encuentra amenazada por el crimen organizado y el nacotráfico, poderes paralelos que escapan al control de las fuerzas de seguridad pública; 2007 se cobró la vida de tres periodistas y tres trabajadores de los medios. Las organizaciones que velan por la libertad de expresión denuncian, además, que el Estado no protege suficientemente a los periodistas por lo que, en el escenario de agresiones e impunidad, la autocensura es una páctica de defensa cada vez más común entre los profesionales.

A principios de 2007, Unesco publicó su informe Pres Freedom: safety of journalists and impunity; la peligrosa situación de los profesionales en México hizo que se dedicara un capítulo específico a este país centroamericano. El trabajo fue desarrollado por Darío Ramírez Salazar, de Artículo 19, que asegura que, aunque el país no está en guerra, la peligrosidad para los periodistas sigue en ascenso: “The case of Mexico presents a contradiction. It is not in a state of armed conflict or permanent social revolution. Nonetheless, the number of journalists attacked and killed is among the highest in the world, according to various sources, and we can therefore conclude that Mexico is a dangerous place in which to practice journalism”.
El crimen organizado y el tráfico de drogas escapan al control del ejército. Se han convertido en auténticos poderes paralelos, que actúan a gran escala y ponen en riesgo la estabilidad social y gobernabilidad del país. Se convierten en verdaderas amenzas para los profesionales del periodismo porque no encuentran protección pública frente a estos.
El Comittee to Protect Journalists publicó, a finales de 2007, el trabajo Un Nuevo Frente en México donde se narraba, en primera persona, los secuestros y agresiones que viven los periodistas en todo el país por parte de los narcotraficantes, ante los cuales, no tienen ninguna protección del Estado. Más específicamente, el informe se centra en Michoacán, un distrito colindante con el D.F., que se ha unido a los estados del norte como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, escenarios donde más periodistas han muerto o han sido brutalmente golpeados por cubrir el tráfico de drogas y las actividades de los cárteles del Golfo y de Sinaloa. Se ha avivado la sangrienta batalla entre estos dos cárteles y se ha extendido hacia el sur. La espiral de violencia se ha cobrado más de 2000 víctimas en 2006 y más de 1.400 en la primera mitad del año 2007.
La situación que vive el país a causa de este conflicto motivado por el narcotráfico es tan aguda que los analistas comparan el desafío de solucionarlo, con el que se afrontó Colombia a finales de los 80 y principio de los 90, cuando el narcoterrorismo amenazaba la estabilidad del gobierno.
CPJ dice que, a pesar de la crudeza de las agresiones (ejecuciones, decapitaciones a plena luz del día y envío de las cabezas cortadas a redacciones) contra la población, en general, y los periodistas, en particular, lo cierto es que existe un alto al fuego entre las bandas narcotraficantes: "A principios de diciembre del 2006, apenas una semana después de haber asumido el gobierno, el Presidente Felipe Calderón desplegó miles de soldados en Michoacán y otros estados invadidos por la violencia del narcotráfico. En la actualidad, los militares asumen con regularidad un rol en la lucha contra el crimen en las ciudades pequeñas de México, inspeccionando casas, patrullando las calles y supervisando puntos de control. En el campo, erradican las plantaciones de marihuana y heroína. No ha sido fácil. El 7 de mayo, cinco meses después de la embestida del gobierno contra los carteles de la droga, un enfrentamiento fatal entre militares y supuestos narcotraficantes que incluyó el uso de AK-47 ‘cuernos de chivo’ y granadas estalló afuera de una escuela primaria en Apatzingán. La eficacia a largo plazo de esta campaña sigue siendo una incógnita, aunque desde junio se ha verificado un período de calma en medio de tanta violencia. La mayoría de los analistas de seguridad atribuyen la calma a un alto el fuego entre los carteles de la droga, que se habría establecido entre los líderes de los carteles del Golfo y de Sinaloa. Es una tregua que podría terminar en cualquier momento”.
En este escenario, el secuestro de periodistas para golpearles y atemorizarles es una herramienta frecuente. En muchos casos son liberados algún tiempo después; en otros, no se vuelve a saber de ellos (es el caso de José Antonio García Apac, editor de Ecos de La Cuenca en Tepalcatepec, un periódico local, del que no se tienen noticias desde el 20 de noviembre del 2006). En 2007, más de 20 profesionales sufrieron estas agresiones tan sólo en Michoacán. Lo más lamentable es que estos hechos nunca son investigados. Los periodistas tienen una total sensación de desprotección por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Tanto el informe de CPJ como el de Unesco coinciden en señalar que fue una medida positiva la instauración, en 2006, por el presidente Fox, de un procurador especial para crímenes contra la prensa. Pero su capacidad de maniobra es muy limitada: la procuraduría carece de jurisdicción para realizar investigaciones exhaustivas y puede intervenir en casos de homicidio sólo si las autoridades estatales lo requieren. Los crímenes relacionados con el narcotráfico están fuera de su jurisdicción, porque están bajo la jurisdicción de la división del crimen organizado del Procurador General de la República.
García Pimentel cubría la información política y social. RSF avala la pista profesional. La dificultad de dirimir los motivos del asesinato, más aún en Estados como México donde existe impunidad para los crímenes contra la prensa y donde el narcotráfico y las bandas organizadas alcanzan a todos los sectores sociales, explica esta diferencia de criterios a la hora de considerar un asesinato de periodistas como crimen contra la libertad de expresión.
La FEPALC recuerda también que los trabajadores de El Imparcial del Istmo, en el este del estado de Oaxaca, Mateo Cortés Martínez, Agustín López, y Flor Vásquez López, fueron acribillados a tiros el 8 de octubre, cuando acababan de recoger un lote de periódicos en la ciudad de Tehuantepec y viajaban en una furgoneta identificada con el logotipo de ese medio. Posteriores mensajes telefónicos recibidos en El Imparcial indicaron que las ejecuciones eran una represalia por una información aparecida en el periódico sobre los crímenes y secuestros realizados, según los informes, por la banda mexicana de narcotraficantes mexicana “Los Zetas”. La SIP también es especialmente crítica con la impunidad en los crímenes contra la prensa. Por ello recuerda, además de los anteriores, los casos de los periodistas Héctor Félix Miranda, “El Gato Félix”, de Tijuana, codirector del semanario ZETA, cuyo homicidio permanece sin ser resuelto tras 23 años, y del columnista Víctor Manuel Oropeza, asesinado en Ciudad Juárez en 1991.

El único avance en materia legal para la protección de los periodistas ha sido la promulgación, el 12 de abril, por Felipe Calderón y tras ser aprobada en el Congreso, de la despenalización a nivel federal de los delitos de “calumnias”, “injuria” y “difamación”, que obliga a que las legislaciones de los Estados evolucionen en consecuencia. La Relatoría Especial de la CIDH valora como positiva esta legislación federal porque compatibiliza la legislación mexicana con los estándares interamericanos y convierte a este país en un ejemplo para la región. También subraya como sumamente positivo la efectiva incorporación del derecho a la información en la Constitución de México y el mandato de que todas las normas estatales en materia de transparencia y acceso a la información se deban adecuar en un año a este principio. Pero RSF recuerda que es necesario poner en su justa medida el alcance de esta ley: en el momento de la promulgación, solo tres Estados habían modificado su código penal: Baja California, Jalisco y el Distrito Federal. Hasta ahora, en Chiapas, el delito de “difamación” se podía castigar con nueve años de prisión incondicional, y una multa equivalente a nueve veces el salario mínimo.
Frente a la impunidad y la falta de protección efectiva a la libertad de expresión, este paso dado por el Gobierno es, sin duda, pequeño. Más aún porque la violencia contra la prensa también ha sido ejercida por algunos responsables públicos. El alcalde de Oaxaca arremetió contra una radio local y el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, silenció a la revista Proceso (comprando toda su tirada) cuando informó de una presunta relación entre su hermano y el tráfico de drogas. Además de estos casos concretos, los periodistas encuentran serias dificultades para acceder a los funcionarios públicos, especialmente cuando se línea editorial es crítica con su gestión.
En este panorama de indefensión contra la prensa, en un país en el que la política se está polarizando y los medios se han convertido en agentes y víctimas simultáneamente de dicho proceso, los periodistas optan, cada vez más, por autocensurarse para sobrevivir. CPJ recoge varios testimonios de profesionales que coinciden en afirmar que la autocensura se considera hoy una forma legítima de protección.
Otro asunto que da imagen de la situación que vive la libertad de prensa en el país es que algunos periodistas admiten el pago, denominado chayote, por informar o silenciar ciertos temas. En Michoacán y otras regiones donde el narcotráfico tiene un peso destacado, los periodistas rurales aceptan este soborno de las bandas organizadas en parte por la contraprestación económica, en parte para salvaguardar sus vidas pero, de cualquier manera, aparcando su ética profesional. CPJ recoge: “Rafael Gomar, reportero político de Z de Zamora desde hace 16 años, está de acuerdo. “Si se pega a su ética y rechaza el chayote, apenas puede vivir del periodismo en la zona rural de México”, declara Gomar, que tiene un lavadero para complementar los 1.300 pesos (120 dólares estadounidenses) que recibe como semanal en el diario. El chayote es el nombre que se le da en México a los pagos que los periodistas reciben de los políticos, la policía y las organizaciones del crimen organizado para actuar como caja de resonancia o silenciar ciertas noticias. “La mayoría de las veces”, admite Gomar, “se paga para no informar””.
El nuevo presidente, Felipe Calderón, ha mantenido esta figura para la protección de los periodistas pero no la ha dotado de más atribuciones por lo que, a juicio de Unesco, su utilidad es prácticamente nula: “The creation of sterile institutions by the state is not an adequate response to atrocious crimes against journalists What is needed is greater political will to end such attacks and a reinforcement of the prosecution service by giving it more autonomy together with an adequate budget and resources”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro que el Estado también es responsable de la situación de indefensión que padecen los periodistas porque no les protege adecuadamente en el desarrollo de su trabajo. La Comisión insiste en que las agresiones contra la prensa, además de ser crimenes personales, son violaciones contra la libertad de expresión, la cual es imprescindible para el correcto desarrollo de la democracia. Por ello, insiste en que el Estado debe prevenir e investigar los casos de asesinato y otros actos de violencia contra estos profesionales.
A juicio de la CIDH, el Gobierno mexicano falla en su deber de investigar e informar sobre los ataques, desapariciones e investigaciones contra periodistas. Coinciden con esta opinión todas las organizaciones que monitorean la libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras recuerda que no se ha avanzado nada la investigación relativa al asesinato de Saúl Noé Martínez Ortega, director de la revista Interdiario y periodista del Diario de Agua Prieta (Estado de Sonora, Norte). Habituado a tratar temas sensibles, y en particular el narcotráfico, fue secuestrado el 13 de marzo de 2007 y apareció asesinado un mes más tarde, cuando las autoridades federales acababan de encarcelar a un centenar de policías locales, convictos de implicación en el tráfico de droga.
El caso se produjo poco después de que, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un policía del Estado de Sonora implicara al entorno del gobernador, Eduardo Bours, en la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial, ocurrida el 2 de abril de 2005 en Hermosillo, la capital del Estado. El secuestro sigue aún sin resolver.
Otro periodista asesinado fue Amado Ramírez Dillanes, el 6 de abril de 2007. Ambos crímenes coincidieron con una gran campaña policial y militar, emprendida a nivel federal contra el narcotráfico y que, en tres semanas, causó cerca de 400 víctimas. Corresponsal del canal privado nacional Televisa en Acapulco, a Amado Ramírez le mató a disparos un desconocido. Primero, la investigación llevó a la detención e inculpación del sospechoso Genaro Vázquez Durán, pero se estancó en el mes de noviembre cuando le disculpó uno de los cinco testigos del crimen.
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe también contabiliza como periodista asesinado a causa de su profesión a Israel García Pimentel. En la ciudad Uruapán, estado de Michoacán, el 8 de diciembre acribillaron a balazos a este periodista del diario La Opinión de Michoacán. Cinco desconocidos lo perseguían por la calle y el periodista se refugió en el hotel donde residía, pero fue asesinado en el lugar. Su familia atestiguó que venía siendo acosado por razones profesionales. El Estado de Michoacán es uno de los más afectados por la violencia contra la prensa, entre otras cosas por la existencia en el lugar de poderosos carteles de droga.

[“Freedom of Expression in Mexico, a Human Right Menaced and Ignored”. Informe en el Reporte Unesco 2007]