País libre para las organizaciones que monitorean la libertad de expresión, los conflictos en Costa Rica suelen responder a medidas legislativas o judiciales, aunque en 2009 dos fotógrafos fueron tiroteados por la seguridad privada de la modelo brasileña Gisele Bundchen, después de que tomaran imágenes de su casa en Santa Teresa. No obstante, el debate político y mediático ha girado en torno a la decisión de la Corte Plena de crear un reglamento para regular el derecho de acceso a la información.

Las reflexiones del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica (IPLEX) viran, en 2009, sobre dos axiomas garantes de la libre circulación de opiniones: ningún reglamento debe vedar el carácter  público de los procesos judiciales y el principio de publicidad sólo admite excepciones justificadas y restringidas. Así, critica la voluntad de la Corte Plena de crear un reglamento que tutele el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa, posibilitando que los individuos implicados en procesos judiciales puedan evitar que sus nombres queden expuestos al conocimiento público. Es, para el IPLEX, una medida que se opone al principio de publicidad, que rige el acceso a la información en poder del Estado y que sólo puede ser obviado excepcionalmente y cuando lo exija una ley, no un reglamento.
La norma, asentada en las llamadas ‘Reglas de Heredia’ (Reglas Mínimas para la Difusión de Información Judicial en Internet, aprobadas en Heredia en 2003), afecta a la información registrada en aplicaciones telemáticas, donde los jueces ocultarían aquellos datos que revelaran el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, indicaciones relativas a la salud o a la sexualidad, entre otras cuestiones, que sí quedarían plasmadas en la sentencia física.
En materia legislativa, La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, elaborada anualmente por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), insiste en la necesidad de que Costa Rica adecúe su normativa interna a los estándares internacionales que regulan la libertad de expresión, de ahí la importancia de reformar las normas existentes para salvaguardar el derecho de todo comunicador social a no revelar sus fuentes de información y evitar una aplicación desproporcionada del código penal a aquellos que, en el ejercicio de su libertad de expresión, denuncien a funcionarios públicos o se limiten a reproducir fielmente información de relevancia publicada en otros medios; voluntad que ya aparece recogida en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, la cual, por cierto, el Estado aún no ha cumplido en su totalidad.

La Relatoría de la  CIDH y el Comité Committee to Protect Journalists (CPJ)  recoge dos ataques con armas de fuego sufridos por Yuri Cortez (fotógrafo de la agencia AFP) y Rolando Avilés (diario Al Día)  por fotografiar a la modelo brasileña Gisele Bundchen y su marido Tom Brady, jugador de fútbol americano. Según las organizaciones, los reporteros tomaban imágenes de la casa de la pareja en la localidad de Santa Teresa de Cóbano cuando los guardias privados les reclamaron las cámaras y las tarjetas de memoria. Los periodistas emprendieron la huida en un automóvil y los agentes de seguridad iniciaron un tiroteo que destrozó la luna secreta del vehículo.
Una vez a salvo, los fotógrafos denunciaron los hechos ante la policía local y, el 22 de septiembre, demandaron al matrimonio Bundchen en un tribunal de Nueva York.
La CIDH insta al Estado a que investigue los hechos y sancione a los autores, en base al principio noveno de la Declaración de Principios, que señala que “el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
En el quinto principio, donde se condena la censura previa y la interferencia en el ejercicio de la actividad comunicativa, se refugia la Relatoría cuando denuncia la confiscación, por parte de agentes judiciales y miembros de la fuerza pública,  de material gráfico al corresponsal del Diario Extra y del Canal 42, Elías Alvarado Jiménez, luego de que el reportero tomara fotografías y grabara videos de un helicóptero con un cargamento de cocaína que habría caído en la zona conocida como Cerro de la Muerte.
El 19 de octubre, Michael Dixon, periodista británico de 33 años, desapareció del hotel Villas Macondo de Playa Tamarindo. El International News Safety Institute (INSI) explica que el reportero aterrizó en Costa Rica después de haber pasado una semana con varios amigos en Nueva York. La familia, que ha extendido recientemente la búsqueda a Panamá, piensa que pudo ser víctima de una investigación de la policía local. Cuando viajó a Costa Rica, Dixon estaba trabajando en Bruselas para RISI, una industrial forestal estadounidense.