VENEZUELA [informe 2008]

   
     
 

Venezuela es el país latinoamericano en el que mayor disenso existe sobre la situación de la libertad de prensa. Mientras que, para unos, la potenciación de los medios públicos es una medida positiva y el hecho de poder quejarse por la falta de libertad de expresión es el mejor síntoma de que ésta existe, para otros, el gobierno de Hugo Chávez acapara el espacio mediático y tolera mal las críticas a su gestión. Sea como fuere, este año ha de lamentarse un asesinato por motivos profesionales y no han cesado las agresiones a la prensa, por lo que para todas las instituciones nacionales e internacionales que monitorean la libertad de prensa, la situación sigue siendo preocupante en un estado en el que la polarización alcanza el extremo.

El 2 de junio de 2008 fue asesinado en Caracas el vicepresidente de Reporte Diario de la Economía, Pierre Fould Gerges. El periodista asesinado, de 48 años, no había recibido amenazas anteriormente, pero sí lo había hecho su hermano Tannous Gerges, presidente de Reporte, por las denuncias que había ido publicando contra políticos corruptos. Por ello la investigación baraja que fuera, en realidad, Tannous a quién iban dirigidos los disparos del motorista que aún no ha sido identificado. De cualquier manera, este crimen impune hace que el país permanezca en la triste lista de estados en los que aún se sigue matando a periodistas y, por ello, para Freedom House se considere un país no libre.
La organización venezolana sin ánimo de lucro Espacio Público, en colaboración con la fundación Konrad Adenauer, han hecho público recientemente su memorando sobre la situación de la libertad de prensa en el país. Es el único informe editado dentro de Venezuela en esta materia. Para Espacio Público, se vienen incrementando las agresiones a la prensa de manera constante desde 2004 y, especialmente, en periodo electoral. Y en este sentido, el informe afirma que: “Las descalificaciones públicas desde los cargos de poder hacia el trabajo periodístico y el rol político que se le sigue atribuyendo a los medios de comunicación siguen presentes y en incremento”.
Así pues, mientras que en 2007 hubo dos acontecimientos que protagonizaron los mayores problemas para la libertad de prensa en el país identificables (cierre de RCTV en mayo y referendo por la reforma constitucional en diciembre), en 2008 la situación ha sido más estable durante todo el año y, con ello, la preocupación hacia la prensa se ha mantenido más constante. Espacio Público afirma que se ha observado que existe una relación entre la existencia de elecciones, el aumento de las manifestaciones públicas, el incremento del  desprestigio de los medios de comunicación desde los cargos públicos y las violaciones a la libertad de expresión. Por lo que en octubre, con elecciones locales, la tensión se incrementó de nuevo.
Como balance general, estima que en el 2008 se contabilizaron 120 casos de violaciones al Derecho a la Libertad de Expresión e Información. Más detalladamente, la agresión es el tipo de violación con mayor incidencia (27.96%) seguido de la intimidación (25.27%) y de la amenaza (11.29%). Es un incremento del 9% en relación al 2007, cuando la principal forma de presión era el hostigamiento judicial (24.6% para el 2007). Con estas cifras sobre la mesa, la situación de la libertad de prensa en el país sigue siendo, cuanto menos, preocupante. Más aún porque un gran número de las agresiones físicas permanecen en la impunidad. De las agresiones identificadas, la mayoría son imputables al Estado (tanto fuerzas armadas como policía y políticos). Según Espacio Público”: “El Estado se caracteriza por violaciones utilizando herramientas legales o administrativas y por el hostigamiento verbal que viene siendo una tendencia sostenida por el actual gobierno, tanto a nivel nacional como regional y usualmente empleada como mecanismo de respuesta ante alguna crítica no bienvenida a la gestión de gobierno.
A lo largo del año, CPJ y la Sociedad Interamericana de Prensa denuncian numerosas agresiones. Así, entre otras, el Comité para la Protección de los Periodistas denuncia que el 27 de septiembre, individuos no identificados le dispararon a Eliécer Calzadilla, columnista del diario Correo del Caroní de Ciudad Guayana, cuando ingresaba a su automóvil en un estacionamiento en el sureño estado de Bolívar. En un artículo publicado el 28 de septiembre, Calzadilla, un duro crítico del gobierno, afirmó que no creía que el ataque tuviese una intención de robo.
Igualmente, el 12 de febrero, el cámara de RCTV Internacional, Herbigio Henríquez, la periodista, María Teresa Guédez, del diario La Calle, y el reportero gráfico de El Carabobeño, Clemente Espinosa, fueron agredidos por ciudadanos progubernamentales en la región de Valencia, cuando los periodistas cubrían un pleno del Consejo Legislativo.
En el capítulo de amenazas, constituye un ejemplo significativo el de la periodista Carmen Julia Vitoria, investigadora del diario El Impulso, del estado Lara, quien solicitó a la Fiscalía Superior de la zona una medida de resguardo ante una serie de amenazas sufridas en el mes de abril. Según informó, estas intimidaciones surgieron por la publicación de unos trabajos de investigación en los que se reseñan presuntas irregularidades de la policía del estado Lara.
En la lucha contra la impunidad, cabe reseñar el único acontecimiento positivo. Un ex oficial de la policía fue condenado por el asesinato del fotógrafo Jorge Aguirre en 2006. Boris Blanco, ex funcionario de la municipalidad de Caracas, fue condenado a 15 años de prisión por asesinar a Aguirre, de 60 años, fotógrafo de la empresa de periódicos Cadena Capriles, que estaba fotografiando renovaciones en un estadio de Caracas cuando decidió cubrir una manifestación en contra del crimen en la tarde del 5 de abril de 2006. Un motociclista, aparentemente enfadado por las acciones del conductor del automóvil de la empresa de Aguirre, le disparó cuatro veces. Cuando yacía agonizante en la calle, Aguirre le tomó una fotografía a su asesino mientras huía.

 

En lo referente a su relación con la política, la Asamblea Nacional sigue obstruyendo el acceso a la información. Más aún, por el carácter politizado de la sociedad venezolana, un miembro de la prensa, independientemente del medio del que sea, se convierte automáticamente en partidario de uno de los lados diagonalmente opuestos de la sociedad venezolana.
De ello da muestras lo vivido el 11 de septiembre y narrado por CPJ: Chávez acusó a un grupo de opositores radicales -supuestamente respaldados por los Estados Unidos- de conspirar para destituir a su gobierno y asesinarlo. Unos días después -sin ofrecer evidencia alguna- Chávez, funcionarios del gobierno y miembros de la Asamblea Nacional acusaron a Globovisión y a los dos mayores diarios nacionales, El Nacional y El Universal, de ser parte del complot. Después de detener a una decena de personas acusadas del complot –ninguna de las cuales guardaba relación con los periódicos-, estos hechos se reunión una comisión de expertos, presidida por un periodista de un medio progubernamental, para seguir investigando los hechos.
CPJ afirma: “Después de entrevistar testigos y revisar documentos, la asamblea concluyó en septiembre que Globovisión, El Nacional y El Universal habían intentado minimizar la acusación del presidente a través de lo que caracterizaron como una forma "banal" de brindar información, según un informe de la Agencia Bolivariana de Noticias, la agencia oficial. Una investigación exhaustiva sería el siguiente paso, afirmó el cuerpo legislativo en una declaración. En diciembre, la comisión legislativa instó al fiscal general a investigar a un líder de la oposición, a oficiales del ejército y a ejecutivos de medios por su supuesta participación en el complot”. Desde los medios afectados se ha declarado que todo esto ha sido un montaje para desviar la mirada de los venezolanos sobre la crisis económica del país. CPJ ha pedido al presidente Chávez que sea más tolerante con las críticas de los periodistas y Espacio Público, literalmente, recomienda que: “Las autoridades y los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan interpretarse como permisos para cometer agresiones o ataques a los medios de comunicación”.
Con respecto a la acaparación del espacio mediático, RSF explica que avanza inexorablemente. De entre los cuatro canales que apoyaron el golpe de Estado de 2002, el más antiguo y con mayor audiencia, Radio Caracas Televisión (RCTV), tuvo que ceder su frecuencia hertziana al canal público cultural Televisora venezolana social (Teves), el 27 de mayo de 2007. Después, pudo reanudar la emisión de sus programas por cable. Televen y Venevisión consiguieron salvar sus frecuencias modificando la línea editorial. Ahora, sólo Globovisión mantiene un tono crítico con el gobierno. En el punto de mira del campo chavista, al pequeño canal informativo cuya difusión se limita a Caracas y su periferia, se le abrió un procedimiento por « infracción de la ley electoral », a petición del propio Hugo Chávez, al día siguiente de las elecciones regionales del 23 de noviembre de 2008.
Además de reducir el espectro mediático de emisores críticos, RSF denuncia el elevado número de horas en que Chávez ha obligado a las empresas privadas a pinchar la señal de Venezolana de Televisión para que retransmitieran la emisión de algún mensaje del presidente. Así explica: “El artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (ley Resorte), aprobada en noviembre de 2004, permite en teoría al gobierno, y en la práctica al Jefe del Estado, requisar para sus discursos en directo todos los medios hertzianos, en el mismo momento y sin limitación de tiempo. Públicos o privados, los medios están entonces obligados, bajo pena de multa e incluso de “suspensión administrativa”, a conectarse a la frecuencia del principal canal estatal, Venezolana de Televisión (VTV). En este mismo canal el Presidente anima, fuera de las « cadenas », su propio programa dominical, « Aló Presidente ». Hugo Chávez ha utilizado las « cadenas », a veces dedicadas a conmemoraciones, más frecuentemente a la propaganda y casi siempre a la invectiva contra los enemigos de la Revolución bolivariana, en 1.816 ocasiones entre el 2 de febrero de 1999, fecha de su primera investidura, y el 19 de diciembre de 2008, totalizando 1.179 horas de antena, lo que equivale a 49 días enteros”.
En 2008 se hizo público el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos --OEA-- hizo sobre el país. El informe expresaba:  “preocupación por el ambiente hostil para el disenso político, la criminalización de la protesta social, el hostigamiento contra organizaciones no gubernamentales y contra defensores de los derechos humanos, la existencia de obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, las graves condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, los cuestionamientos relacionados al funcionamiento de la administración de justicia y el incremento de los índices de inseguridad ciudadana”.
Por todo ello, por la continuidad de un peligro constante para los periodistas críticos con el gobierno de Chávez, Espacio Público hace algunas recomendaciones como acabar con la impunidad, regular el delito de injurias y calumnias de forma que no acarreen penas de cárcel, desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica y rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados y que se actúe de manera coherente con el discurso de la participación pública y se incentiven otras formas de participación distinta al voto, que requieren de una libertad de expresión plena de manera que logre ofrecer distintos puntos de vista, condición necesaria para la construcción del pensamiento crítico.

 

 

 



 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

Libre

30

1995

 

 

 

 

Parcialmente libre

49

1996

 

 

 

 

Parcialmente libre

31

1997

0

 

 

 

Parcialmente libre

32

1998

0

 

 

 

Parcialmente libre

33

1999

0

 

 

 

Parcialmente libre

33

2000

0

0

 

 

Parcialmente libre

34

2001

0

0

 

 

Parcialmente libre

34

2002

1

1

77

25

Parcialmente libre

44

2003

0

0

96

27,83

Sin libertad

68

2004

1

1

90

24,63

Sin libertad

68

2005

0

0

90

23

Sin libertad

72

2006

2

3

115

29

Sin libertad

72

2007

0

0

114

36,88

Sin libertad

74

2008

1

1

113

27,33

Sin libertad

74