Uruguay vuelve a situarse en el grupo de países de América Latina que más destacan en materia de protección efectiva de la libertad de prensa. Durante 2009, ha vuelto a mejorar para todas las instituciones que monitorean la situación de la libertad de expresión, especialmente por la puesta en marcha, en junio de 2009, de un nuevo marco normativo que elimina las sanciones por divulgación de información u opiniones sobre funcionarios estatales y asuntos de interés público, y deroga prácticamente todas las formas de desacato.

Desde 2007 en Uruguay se han sucedido una serie de reformas legislativas que han situado al país como uno de los más avanzados del continente en materia de libertad de prensa. Según informa Reporteros Sin Fronteras (RFS), “el país destaca como una excepción en un continente con una polarización muy marcada de los medios de comunicación”.
Un claro ejemplo de esta situación es el acuerdo que se alcanzó entre los representantes del Estado uruguayo y Carlos Dogliani, que, previamente, había sido juzgado y condenado a tres meses de prisión como autor de cuatro delitos de difamación en aplicación del Código Penal  y la Ley de Prensa al ejercer la profesión periodística.
El 18 de septiembre de 2009 la Asociación de la Prensa de Uruguay (APU) informó que el Gobierno reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que violó la libertad de expresión del periodista Carlos Dogliani, cuando la Suprema Corte lo condenó aplicando la ley de prensa modificada. Esta es la primera vez que este Estado firma un acuerdo internacional de reconocimiento e indemnización a un periodista, por la violación de su derecho a investigar y a informar, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
 Pese a estos avances, durante 2009, el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguió haciéndose eco de procesos legales abiertos contra periodistas por la publicación de determinadas informaciones de interés público.
En mayo del pasado año, el periodista Álvaro Alfonso fue condenado por un delito de difamación, por una información publicada en el libro Secretos del Partido Comunista de Uruguay sobre un concejal del gobierno local de la ciudad de Motevideo.

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) denunció diversos episodios violentos relacionados con el ejercicio de la libertad de información por periodistas del país.  “La hija de un periodista (Ricardo Aldabe) fue atacada a balazos por informaciones difundidas por su padre, tres reporteros (William Pérez, Luis Carlos Cotelo y Marlene Vaz) fueron amenazados de muerte por difundir informaciones sobre asuntos sensibles, un jerarca del gobierno amenazó con retar a duelo a dos periodistas (Iván Kirichenko e Ismael Grau)”, según la organización. Por otra parte, durante el pasado año se propuso un proyecto de ley sobre la regulación de la publicidad oficial presentado en septiembre de 2009 ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados de Uruguay. El proyecto establece la creación de un “órgano desconcentrado del Tribunal de Cuentas de la República, la Unidad de Asesoramiento para la Asignación de Publicidad Oficial (UAPO), organismo que será dotado de la más amplia autonomía técnica”.
La Relatoría Especial recordó al Estado que el principio 13 de la Declaración de Principios establece que, “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.