URUGUAY [informe 2007]

   
     
 

Uruguay es uno de los países que goza de una situación más estable en materia de libertad de expresión en Latinoamérica.  Para la Freedom House ha experimentado ligeras oscilaciones pero siempre se ha mantenido dentro de los países en los que el periodismo se ejerce con libertad. Igualmente, en la clasificación de Reporteros Sin Frontera ocupa una posición intermedia que, en los últimos años, empeoró preocupantemente pero, en el pasado 2007, mejoró significativamente volviéndolo a colocar en una zona media-alta de la clasificación: mejoró 20 puestos.  Los cambios más signitficativo del periodo analizado para el periodismo han estado en el ámbito legal.

La Asociación de la Prensa Uruguaya realiza una exhaustiva relatoria sobre la situación de la libertad de expresión en el país cada año. Para ella, en 2007 se registraron escasos avances institucionales significativos para la libertad de expresión y el derecho a la información en Uruguay, excepto por la aprobación de la ley que garantiza la libertad de expresión a través de medios comunitarios; una avance importante que coinciden en elogiar la Comisión Interamericana de Derechos Huma-nos y Reporteros Sin Fronteras.
Ésta última organización, a propósito de la aprobación de la ley, el 12 de diciembre, declaraba: “Deseamos que, con la próxima entrada en vigor de la ley, se resuelva de una forma justa el reto planteado por los medios comunitarios que, en plena expansión en América Latina, son importantes vectores de la información de proximidad y del pluralismo, y no pueden seguir manteniéndose en la clandestinidad. La definición de su estatuto, los criterios y las condiciones para la concesión de frecuencias que establece la nueva ley nos parece que representan avances reales. Deseamos que este texto inspire a otros países del continente”.
La APU se congratula de esta medida, que impulsó notablemente, pero recuerda que siguen paralizadas importantes reformas legislativas para garantizar el desarrollo de la labor informativa de los medios. Reclaman una ley que garantice el acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos y la tramitación del proyecto de ley redactado por una comisión especial para despenalizar los delitos de comunicación. Éste último aspecto es especialmente urgente pues, como recoge el Comité para la Protección de los Periodistas, el 18 de abril, la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena de tres meses de prisión en suspenso contra Gustavo Escanlar Patrone, conductor del programa de televisión satírico “Bendita TV”. El fallo de la corte permitió que se mantuviera una condena por difamación penal emitida por un tribunal inferior en Montevideo.
Reporteros sin Fronteras también recoge la decisión de la Corte Suprema de Justicia que, el 18 de septiembre de 2006 condenó a Carlos Dogliani, ex periodista del semanario El Regional (hoy desapare-cido) con sede en Paysandú, a cinco meses de cárcel, con la condena en suspenso, por “difamar” al alcalde de esa ciudad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó y dio trámite a este caso de violación a la libertad de expresión. El caso actualmente se encuentra en etapa de negociación con el Estado.
El difícil panorama en materia de acceso a la información continúa sin cambios aunque, en 2007, la Justicia rechazó varios recursos de amparo que pretendían facilitar el ejercicio de este derecho. En concreto, se destaca uno presentado por la APU para conocer el gasto en publicidad oficial de la empresa estatal Antel, que niega la información bajo el argumento de que está protegida por el secreto comercial.

 
La APU e Ielsur presentaron en agosto una denuncia a la CIDH contra el Estado por violación del derecho de acceso a la información pública del periodista David Rabinovich, que no pudo acceder a las grabaciones o actas de la Junta Departamental de San José en las que se registró un debate sobre el gasto municipal.
Por todo ello, la APU  pide al Legislativo uruguayo que derogue los delitos de desacato, atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero, difamación e injurias, en especial cuando penalizan la expresión de informaciones de interés público y las expresiones de crítica a los gobernantes. Textualmente afirma: “Realizar esta reforma es, además, un imperativo del Estado para alinear la legislación interna con la Convención Americana de Derechos Humanos, que el país homologó en 1985”. También insta al gobierno a probar la ley de Acceso a la Información Pública y una ley Nacional de Archivos.
Al Poder Ejecutivo, la Asociación de la Prensa Uruguaya le pide que revise el sistema nacional de radiodifusión de acuerdo a criterios de legalidad (cumplimiento estricto de la ley de radiodifusión) y democratización del uso de las frecuencias. En este sentido, se felicitan por la revocación de los permisos que usufructuaba la familia Rupenian, para emitir.
varias frecuencias radiales, después de que se constató en un procedimiento administrativo que defraudaron al Estado a través de maniobras con las exoneraciones tributarias que gozaban las radios del interior. Esta medida es un primer paso que la Asociación considera positivo.
Entre otras medidas, la APU propone que el Ejecutivo disponga mecanismos competitivos (licitación, concurso, etcétera) que den transparen-cia al otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y al otorgamiento de la publicidad oficial. Al sistema político, representantes de la ciudadanía y a los funcionarios de gobierno, les pide que respe-ten el trabajo de los periodistas y faciliten el acceso a la información.  
Al margen del ámbito legal, entre los hechos negativos constatados que afectaron a los periodistas también se cuentan: numerosas agresiones físicas a periodistas mientras ejercían su trabajo en la vía pública –una violación particularmente reiterada a lo largo del 2007-, amenazas de muerte, coacciones, censuras, represión antisindical, demandas civiles y penales. Al igual que en 2006 se reiteró un clima de acusaciones verbales por parte de algunos gobernan-tes a varios medios de comunicación, sin llegar a conformar un clima que haya afectado en los hechos la libertad de prensa. En este sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa recoge varios ataques verbales de políticos uruguayos a la prensa. Entre ellos, cuenta el del senador Carlos Baraibar que acusó al semanario de izquierda Brecha de orquestar un “operativo” político para perjudicar al ministro de Economía, Danilo Astori. El senador Eleuterio Fernández Huidobro afirmó que las denuncias publicadas en la prensa sobre las presuntas irregularidades en los negocios con las Fuerzas Armadas son parte de un “complot” para “derribar” al vicepresidente Nin Novoa.
La APU constató en algunos medios de comunicación la existencia de mecanismos de presiones y censuras que afectan directamente el derecho de la sociedad a estar informada.
En líneas generales, Uruguay es uno de los países más avanzados en esta materia en el continente. Si bien, como se ha mostrado, existen dificultades legales que entorpecen el ejercicio del periodismo, son dificultades de un país en el que existe un respaldo constitucional a la libertad de expresión pero no una legislación posterior suficiente. Uru-guay no presenta los conflictos propios de otros países del continente –como el narcotráfico, las guerri-llas,…- que los convierten en terrenos pantanosos para el ejercicio de la profesión periodística sino que ya camina un paso por delante.



 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

Libre

23

1995

 

 

 

 

Libre

25

1996

 

 

 

 

Libre

25

1997

0

 

 

 

Libre

29

1998

0

 

 

 

Libre

30

1999

1

 

 

 

Libre

30

2000

0

1

 

 

Libre

29

2001

1

0

 

 

Libre

30

2002

0

0

21

6,00

Libre

25

2003

0

0

25

4,00

Libre

30

2004

0

0

42

10,00

Libre

26

2005

0

0

46

9,75

Libre

29

2006

0

1

57

13,75

Libre

28

2007

0

0

37

11,75

Libre

30