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REPÚBLICA DOMINICANA [informe 2007] |
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La República Dominicana ha sido, en un pasado reciente, uno de los países latinoamericanos que más respetaba el ejercicio del periodismo. Sin embargo, en los últimos años, la situación de la libertad de expresión ha ido empeorando paulatinamente; tanto que, para Reporteros Sin Fronteras, tras una mejora coyuntural, ha descendido hasta su peor posición en la clasificación. A pesar de que este año no fue asesinado ningún periodista a causa de su profesión, a diferencia de lo ocurrido en 2006, todas las informaciones sobre la República Dominicana advierten de que se está viviendo un rebrote de la violencia contra los medios. Existen dos caminos para la esperanza en la situación de la libertad de expresión en la república Dominicana. Por una parte, los provenientes del ámbito judicial, donde se ha condenado a varios asesinos de periodistas y se ha avanzado en el libre acceso a la información. Por la otra, desde el gobierno se han dado los primeros pasos para despenalizar los delitos de la prensa. Sin embargo, la persistencia de las agresiones y las amenazas a periodistas en el cumplimiento de sus labores informativas son una constante que lastra el desarrollo efectivo de la libertad de expresión.En el año 2007 la Justicia de República Dominicana sancionó a los culpables de las muertes de tres periodistas. El 2 de mayo de 2007, Edri Vladimir Pujols, miembro de la banda de delincuentes “Los Zayayines”, fue condenado a una pena de 20 años de prisión por el asesinato de Juan Andujar, corresponsal del periódico Listín Diario, asesinado en 2004. También condenó a 30 años de prisión a Raúl Delgado Paulino, acusado de matar al comunicador Facundo Lavatta en 2006, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 17 de abril, la sala de lo penal de la Corte de apelación de Santo Domingo condenó a tres ex militares a treinta años de cárcel por el asesinato del director de Revista Ahora, Orlando Martínez. El asesinato tuvo lugar el 17 de marzo de 1975, en pleno período represivo del régimen de Joaquín Balaguer, al que se oponía la víctima. Reporteros Sin Fronteras advierte que, a pesar de la extrema tardanza de esta última sentencia, todo ello representa un avance en la lucha contra la impunidad. |
La CIDH destaca en este año la decisión judicial del Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo de Santo Domingo que, en abril, ordenó a la Presidencia de la República y a la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte entregar al periodista Luis Eduardo Lora toda la información que había requerido sobre estudios geológicos para la construcción de una obra pública. La decisión se tomó tras un recurso de amparo que presentó el periodista con base en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y supuso una noticia positiva para el respaldo efectivo al ejercicio del derecho a la información. RSF coincide con la Sociedad Interamericana de Prensa en que parece que el Gobierno ha iniciado el camino de la despenalización de los delitos de prensa. El 25 de septiembre, un diputado del partido en el poder presentó una proposición de ley aboliendo las penas de cárcel para los delitos de difamación e injurias y estableciendo multas únicamente. El texto está tramitándose, espera ser incluido en el orden del día de las sesiones parlamentarias. Pero, frente a todos estos avances, todas las instituciones que monitorean la libertad de prensa insisten en que las amenazas y las agresiones a la prensa siguen siendo escenarios comunes. El Comité para la Protección de los Periodistas se hace eco de los casos de Erica Guzmán, corresponsal del diario nacional Hoy y la estación Radio Popular en la ciudad oriental de Samaná, que afirmó haber recibido varias llamadas anónimas amenazando de muerte a la periodista y a su familia. Robert Vargas, director de la publicación Ciudad Oriental, fue atacado y amenazado por un grupo de gente molesta por la publicación de informes sobre prostitución y mala conducta en bares en la ciudad de Santo Domingo. A pesar de la denuncia pública de la agresión, las amenazas continuaron y poco después otro grupo se reunió fuera de su domicilio, y al menos una persona realizó varios disparos al aire. RSF también cuenta que Manuel Vega, productor del programa informativo “Atacando” – emitido por el canal privado Varo Visión y la emisora 95.5 FM -, se vio varias veces amenazado con ser “quemado vivo”, si en sus programas continuaba hablando del tráfico de droga. El tema del narcotráfico es uno de los asuntos sobre los que los periodistas dominicanos deben ser cuidadosos al informar si no quieren, lamentablemente, temer por su vida. 
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