Libertad de expresión

Perú preocupa a las instituciones que monitorean la defensa efectiva de la libertad de expresión porque retrocede sistemáticamente en todos los indicadores internacionales: cae para Reporteros Sin Fronteras, empeora para la Freedom House y las noticias sobre amenazas y agresiones se han multiplicado. En 2007, fue asesinado el periodista Miguel Pérez Julca y otros muchos compañeros sufrieron ataques físicos y coacciones. La impunidad para los agresores de periodistas es, además, un síntoma de la falta de protección y garantías para el desarrollo de la libertad de prensa.

Reporteros Sin Fronteras se muestra especialmente preocupado porque, en 2007, se hayan registrado 180 agresiones, amenazas o intentos de atentados contra periodistas. Además, la organización contabiliza trece casos de saqueos o censura contra la medios de comunicación. El país, tristemente, se afana en empeorar cada año y en situarse en una de las peores posiciones del continente en el ranking mundial.
Muestra del tipo de intimidaciones que sufren los periodistas peruanos es la situación que vive Rosario Orihuela, directora de programas del Canal 4, que ha recibido por correo electrónico quince anuncios de su propio fallecimiento.
Todas las organizaciones que monitorean la libertad de prensa en el país coinciden en que la protección gubernamental a los periodistas es escasa e ineficiente. RSF declara: “La prensa aparece como el desahogo de toda una sociedad, todavía marcada por los años de la “guerra popular” de Sendero Luminoso (1980-2000), y las derivas del régimen de Alberto Fujimori, al que actualmente se está juzgando por la detención abusiva de un periodista en 1992, bajo su presidencia. Ya se trate de cocaleros, funcionarios municipales, policías, militares o simples ciudadanos, a los agresores raramente se le molesta”.
La Sociedad Interamericana de Prensa es, sin embargo, la más optimista a este respecto pues afirma que se han logrado “notables avances captura y condena de los autores materiales de los asesinatos de los periodistas Alberto Rivera Fernández y Antonio la Torre Echeandía ocurridos en el 2004 y Miguel Pérez Julca, en el 2007”. Aunque concluye que se ha avanzado muy poco en enjuiciar a los posibles autores intelectuales de los mismos. Es decir, se han registrado avances en el juicio de los sicarios que ejecutaban los asesinatos pero siguen en libertad los que los ordenaron y que, según parece, tienen relación, en muchas ocasiones, con los estamentos policiales y políticos.
El 14 de noviembre se falló una controvertida sentencia en la Primera Sala Especializada en lo Penal de Corte Superior de Justicia de Ucayali pues los jueces absolvieron por mayoría a Luis Valdez Villacorta, alcalde de la provincia de Coronel Portillo y a Solio Ramírez Garay, ex Presidente de la Sala Civil de la Corte Superior de Ucayali, de la acusación por el delito de homicidio calificado en agravio del periodista radiofónico Alberto Rivera Fernández en 2004.
La sentencia sí establece penas de cárcel para los autores materiales del crimen. Pero generó un gran debate y rechazo a nivel nacional e internacional pues no fue recurrida por el fiscal a pesar de que, durante el juicio, sí había pedido pena de cárcel para el alcalde y el ex magistrado. Todo ello “contribuyó a echar mayores sombras sobre un juicio empañado, durante los ocho meses que duró, por serias denuncias de irregularidades procesales”, según la SIP.
Dentro del ámbito judicial, también inquieta el desarrollo de los procesos judiciales contra los asesinos de otros tres periodistas: Jaime Ayala Sulca, Antonio La Torre Echeandía y Miguel Pérez Julca.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) mostró su disconformidad porque, el 12 de diciembre de 2006, el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de Lima decidiera archivar el caso del periodista Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República, desaparecido en 1984 en la ciudad de Huanta. Las denuncias responsabilizaban a oficiales de la Marina de Guerra del Perú destacados a la zona para combatir contra el terrorismo que en esa época padecía el país. Finalmente, en una decisión controvertida el 31 de octubre del 2007, la Sala Penal Nacional declaró nula la denuncia que la Fiscalía especializada en Derechos Humanos de Ayacucho presentó, en el 2006, contra el ex jefe del Comando Político Militar Ayacucho, general Adrián Huamán Centeno, y el Jefe de la base contra subversiva de Huanta, Augusto García del Barco, por delitos de lesa humanidad, entre ellos, la desaparición del corresponsal.
Por otro lado, la captura en septiembre del prófugo Moisés Julca Orrillo, acusado de ser el autor material del asesinato, en Ancash, de Antonio La Torre Echeandía presenta una nueva oportunidad para que la justicia condene a los responsables de la muerte del periodista, ocurrida en febrero del 2004. El crimen había quedado impune pues la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú exculpó por falta de pruebas y ordenó la libertad del alcalde de Yungay, Amaro León León, y de Marino Torres Camone y Pedro Angeles Figueroa, sentenciados a 17 años de prisión por la Corte Superior de Ancash. Los magistrados de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Ancash han citado, en el proceso que se inició en octubre contra Julca Orillo, al ex alcalde Amaro León León y a otros doce involucrados en calidad de testigos. Ello puede reabrir el caso y ayudará, sin duda, a esclarecer este crimen. Informa SIP.