NICARAGUA [informe 2009]

   
     
 

LaRelatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la agresión a varios periodistas así como la relación del Gobierno de Daniel Ortega con algunos medios de comunicación a los que beneficia a través de un acceso a la información sesgado y la utilización de publicidad estatal. La modificación de la Ley de Telecomunicaciones y la del Código Penal plantea un nuevo escenario jurídico en materia de libertad de expresión en el país iberoamericano.

Durante 2009, la CIDH denunció actos de agresión y amenaza cometidos en relación con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Según la organización, durante la audiencia del 2 de noviembre de 2009, las organizaciones peticionarias indicaron que, a su juicio, “las agresiones contra quienes opinan diferente al partido de gobierno son múltiples y preocupantes, y que al día de hoy no existen sanciones a los responsables ni un mensaje claro de tolerancia y apertura al discurso crítico por parte de las autoridades”.
El Instituto Internacional para la Seguridad de La Prensa (INSI) recogió la denuncia del periodista y dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres quién presentó una denuncia el pasado noviembre en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos por un ataque que sufrió a manos de la policía. Según Patricia Orozco, “cuatro policías me detuvieron injustamente. Ellos me atacaron. Le trabaron los brazos, golpearon a mis piernas. Yo acuso al teniente Humberto Núñez, de la policía de (la ciudad occidental de) León de atacarme y el Gobierno de (el presidente Daniel) Ortega de estar detrás de todo esto".
Por otra parte, la Relatoría Especial recibió información que señala que el actual marco regulatorio de las telecomunicaciones en Nicaragua, “no establece un órgano regulador independiente que promueva el desarrollo de un sistema de transmisiones público”, ni “reconoce explícitamente a los servicios de transmisión comunitarios”. No obstante, también se indicó que el Poder Ejecutivo estaría estudiando la posibilidad de enviar un proyecto de ley al Congreso que sustituiría la actual legislación.
La Constitución nicaragüense establece la libertad de prensa, pero también permite algunas formas de restricción. Las nuevas normas sobre la difamación en el Código Penal, que entraron en vigor en julio de 2009, eliminaron la responsabilidad directa de los editores y propietarios de las publicaciones. También estipularon que los funcionarios públicos no son difamados cuando se les critica con respecto a sus funciones oficiales, en relación con hechos reales, según afirma el observatorio internacional Freedom House.

 


En cuanto al derecho de acceso a la información, la Relatoría Especial recibió información que indica que, durante 2009, “de las 51 instituciones que conforman el poder ejecutivo, 37 tienen Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP) con un funcionario responsable”, pero que de “los 37 responsables de las OAIP, solamente 16 son independientes. De las mismas 51 instituciones del poder ejecutivo, 46 instituciones tienen página web, pero únicamente dos tienen información completa. Sólo una entidad cumple con tener una Oficina de Acceso a la Información Pública independiente y una página web completa”. También se sostuvo que el Estado “no ha dedicado un presupuesto específico para la instauración de dichas oficinas”.
Sin embargo, el Comité por la Protección de los Periodistas (CJP), según una información publicada en el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), afirma que los funcionarios gubernamentales mantienen contacto con sólo unas cuantas empresas de medios de comunicación progubernamentales, muchas de ellas controladas por la familia del presidente o su partido. Ortega no concede entrevistas ni siquiera a esas empresas de medios de comunicación escogidas y en su lugar confía en periodistas que le guardan simpatía para publicar sus declaraciones preparadas y cubrir eventos públicos, dice el CPJ. Según Freedom House, el Gobierno del presidente Daniel Ortega criticó con frecuencia la prensa durante el año, llamándolos "traidores" y "asesinos", y favoreció a los medios de comunicación progubernamentales.
La CIDH denunció también la utilización de la publicidad estatal “para premiar a los medios de comunicación oficialistas y castigar a los críticos”. De acuerdo con los datos recibidos durante la audiencia del 2 de noviembre de 2009, “la asignación publicitaria del Gobierno se concentra en el Canal 4, de línea oficialista y el cual, según los peticionarios, sería propiedad parcial o total de miembros de la familia presidencial, cuya audiencia es menor del 3%”. Durante el año pasado el Gobierno gastó aproximadamente 40 millones de córdobas (diez millones de dólares) en publicidad en diversos medios, el 80 % de los cuales fueron a parar a los medios afines al Gobierno, según los datos de Freedom House.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF) la “situación delicada” por la que pasa Nicaragua y que la sitúa en el puesto 76 de su clasificación, se debe a las tensiones entre la prensa y el Gobierno de Daniel Ortega, lo que también explica en parte un puesto inferior al año anterior.

 

 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

Parcialmente libre

27

1995

 

 

 

 

Parcialmente libre

22

1996

 

 

 

 

Parcialmente libre

30

1997

0

 

 

 

Parcialmente libre

30

1998

0

 

 

 

Parcialmente libre

30

1999

0

 

 

 

Parcialmente libre

30

2000

0

0

 

 

Parcialmente libre

30

2001

0

0

 

 

Parcialmente libre

30

2002

0

0

75

24,75

Parcialmente libre

30

2003

0

0

34

6,5

Parcialmente libre

34

2004

2

0

52

11,67

Parcialmente libre

45

2005

1

0

68

15,25

Parcialmente libre

44

2006

0

0

69

15,5

Parcialmente libre

43

2007

0

0

47

14,25

Parcialmente libre

43

2008

0

0

60

12,5

Parcialmente libre

43

2009

0

0

76

16,75

Parcialmente libre

45