El gobierno de Daniel Ortega mantiene unas tensas relaciones con la prensa crítica del país.  Además, determinados organismos públicos han evidenciado una escasa permisividad con la crítica. Los periodistas nicaragüenses, en algunas ocasiones, han llegado a recibir amenazas y agresiones físicas. Por todo ello, las mejoras de la libertad de prensa en el país este año no han sido sustantivas.

RSF se hace eco de varios enfrentamientos vividos entre  el poder político y la prensa privada y concluye que existe una caza de brujas contra unas ONG y unos medios de comunicación privados acusados de querer desestabilizar el Gobierno o de trabajar para la CIA. La primera dama, Rosario Murillo, coordinadora del grupo de acción los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), avivó una campaña de calumnia contra dos periodistas de influencia sandinista y considerados críticos. Bajo el efecto de un procedimiento judicial abusivo, abierto a petición del ministerio de Gobernación y actualmente suspendido, Carlos Fernando Chamorro, dirigente del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), y Sofía Montenegro, presidenta del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), fueron objeto de ataques personales, amenazas e intimidaciones instigadas por las altas esferas.  CPJ denuncia que estas investigaciones tenían como fin amedrentar a los periodistas para que dejaran de ser críticos contra el poder. También fueron acusados de injurias y calumnias otros periodistas críticos por parte de diputados de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), aliada del Gobierno.
El clima de peligrosidad también ha llegado a las agresiones físicas, como la sufrida en noviembre por Nicolás Berríos Santana, reportero de Nueva Radio Ya de Managua, que recibió numerosas cuchilladas tras ser secuestrado en su coche. Igualmente, Iván Olivares, reportero del semanario de noticias Confidencial, fue apuñalado con una bayoneta cuando cubría un enfrentamiento entre manifestantes pro y antigubernamentales en Managua en la tarde del 19 de noviembre; esos mismos manifestantes atacaron los coches de otros medios de comunicación.

La vuelta al poder de Daniel Ortega no ha sido bien recibida por los medios nicaragüenses ni bien gestionada por el presidente, el cual ha optado por dar información pública sólo a los medios afines y lidera una campaña de presión contra la prensa y las organizaciones sociales críticas. Así, la Fundación Violeta Chamorro denuncia que los periodistas nicaragüenses tienen verdaderas dificultades para acceder a la información pública.
En una iniciativa desarrollada con varios periódicos del país,  la Fundación cuenta que, de diez solicitudes de acceso a información hechas por los periodistas de manera escrita, cuatro  no fueron contestadas ni positiva, ni negativamente por la institución pública que recibió la solicitud; hubo dos  denegatorias de información, una respuesta no correspondiente a la información solicitada y sólo tres fueron respondidas positivamente, es decir, que el periodista logró obtener la información requerida.
La SIP denuncia el uso amiguista y coercitivo de cualquier tipo de publicidad oficial en Nicaragua: “La publicidad Estatal, que es cuantiosa, no solo se usa en beneficio principalmente del Partido de Gobierno el FSLN sino para promover la imagen personal del presidente Ortega. Una agencia que manejan miembros de la familia presidencial ha colocado miles de enormes rótulos en calles y carreteras. En los anuncios de televisión, una buena parte del presupuesto se usa para calumniar al principal líder de la oposición y al director de La Prensa con un “spot” que está saliendo varias veces por día desde febrero de este año donde los llaman ladrones”.