HONDURAS [informe 2009]

   
     
 

Las instituciones que estudian y evalúan la libertad de expresión en Honduras coinciden en señalar que las mayores violaciones a la libertad de prensa producidas por el golpe militar y sus consecuencias son las cinco muertes de periodistas, las numerosas agresiones y las detenciones de comunicadores sociales, los despidos improcedentes y el cierre indiscriminado de medios de comunicación así como la posterior polarización del sistema mediático del país.

El Internacional Press Institute (IPI) registró el 31 de marzo de 2009 el asesinato de Rafael Mungía, corresponsal local de Radio Cadenas Voces, “quien había informado sobre la delincuencia organizada y la ola de delitos violentos en el país”, según la organización. Mungía fue disparado por hombres no identificados en la ciudad de San Pedro Sula, a 170 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. Un mes después, el 18 de abril, el periodista Osman López, que trabajaba para La Tribuna de prensa y el Palacio Presidencial en el Departamento de Comunicaciones, fue asesinado  por individuos no identificados mientras se encontraba en su vehículo. Asimismo, el 6 de junio el corresponsal del programa de noticias Canal Telediario 3, Marco Antonio Estrada, fue asesinado mientras estacionaba su moto. Por último, el periodista de Radio América, Radio Estelar y Canal 9, Gabriel Fino, fue atacado el 3 de julio cuando salía de la redacción de Radio Estelar y murió mientras lo desplazaban al hospital.
Los secuestros de periodistas son también otra violación de los derechos humanos denunciada en Honduras. Según el IPI, el periodista, político y agricultor Bernardo Ribera, quien desapareció el 13 de marzo, fue encontrado muerto en una fosa de la zona de Copán el 9 de julio. Reporteros sin Fronteras (RSF) ha declarado a propósito de su muerte: “Este nuevo drama pone de manifiesto el alarmante ambiente de inseguridad existente, que las autoridades del país han tardado demasiado en tomárselo en serio”. Tras el secuestro de Bernardo Rivera las autoridades no consiguieron localizar a los secuestradores, que durante el tiempo de cautiverio no se pusieron en contacto con la familia.
Un mes antes de encontrar el cuerpo de Rivera, el periodista de 71 años Andrés Torres fue secuestrado durante 18 días. El director de un programa de radio de la emisora HRN atribuyó el rapto al ambiente de inseguridad del país. Los secuestradores liberaron a Torres tras el pago del rescate, negociado por su hermano. “Aunque el secuestro de Andrés Torres no tenga una relación directa con sus actividades profesionales, sí es revelador de un contexto de inseguridad muy preocupante. Las autoridades tardaron en tomar conciencia de un fenómeno que, complica de hecho el trabajo de los periodistas”, declaró RSF. Según la Federación Internacional de Periodistas  (FIP), la periodista Agustina Flores, de Radio Libertad, fue golpeada salvajemente y detenida, sin que le permitieran recibir la atención que precisaba para tratar una enfermedad crónica que padece.
La Comisión Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información de que varios periodistas fueron detenidos por varias horas por razones vinculadas al ejercicio de su profesión. De acuerdo a esta información, el 29 de junio, unos diez soldados detuvieron en su hotel en Tegucigalpa, a un grupo de reporteros que trabajaba para medios extranjeros. Entre los detenidos figuran: Adriana Sivori, de TeleSUR, y los miembros del equipo del mismo canal, María José García y Larry Sánchez; Nicolás García y Esteban Félix, que trabajaban para la agencia de noticias The Associated Press (AP), así como otras dos personas que trabajaban para el mismo medio.

 

 

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) denunció la situación del país y exigió el cese de todas las agresiones contra los medios que intentan informar libremente de la crisis o de las actividades de Manuel Zelaya. “Rechazamos en voz alta el empeño del Gobierno de facto de castigar a los que informan de las actividades de la presidencia legítima del país o informan de las manifestaciones que siguen rechazando el golpe de fuerza”, declaró el Secretario General de la FIP,  Aidan White, quien añadió que: “El libre ejercicio del periodismo no puede ser condicionado, en uno u otro sentido, por la valoración que hagan los distintos medios de la grave situación que sufre Honduras”.
La imposición del Estado de sitio redujo el derecho a la libertad de prensa en Honduras. El Gobierno resultante del golpe de Estado del 28 de junio determinó  el cierre de los dos principales medios de comunicación de la oposición, la emisora Radio Globo y la cadena Canal 36.Internet fue utilizado por Radio Globo para luchar contra la censura a través de un estudio clandestino montado en la capital hondureña. Radio Globo consiguió emitir, a pesar de la censura, a través de internet, desde un estudio clandestino montado en un barrio de Tegucigalpa. Sin embargo, las autoridades requisaron el 28 de septiembre tanto los equipamientos como la frecuencia perteneciente a la emisora.
Por otra parte, la cadena Canal 36,  vio como su material fue destruido por completo durante la intervención militar llevada a cabo el mismo día en sus estudios.La CIDH ha expresado que Canal 36 y Radio Globo, ambos de la capital Tegucigalpa, habían sufrido ya antes bloqueos, cortes del suministro eléctrico y de los medios técnicos de transmisión. El presidente en funciones de Honduras en ese momento, Roberto Micheletti, les señaló acusándoles de “terrorismo mediático”, al informar del regreso de Zelaya. Por su parte, Radio Progreso, propuesta para el premio RSF 2009 en la categoría "medios de comunicación", resistió a todos los tipos de censura durante el año pasado.
Además de estas situaciones, la CIDH constató, durante la visita in loco que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) instruyó a las empresas de televisión por cable para que, directa o indirectamente, eliminaran de la agenda las noticias internacionales transmitidas por CNN en español, TeleSUR, Cubavisión Internacional, Guatevisión y Ticavisión, entre otros.
La FIP se sumó a la opinión expresada por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) denunciando el despido improcedente de Guillermo Pagán Solórzano, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES), el pasado 5 de mayo, “tras la publicación de columnas de opinión de autoría del periodista en el diario La Tribuna, en los que expresó su abierta crítica a la continuidad en la primera magistratura del presidente Juan Manuel Zelaya Rosales”, según denunciaron las organizaciones.
La CIDH advierte en su último informe de que tras el golpe de Estado, los medios de comunicación se han polarizado. Según la organización, los medios de propiedad pública, por su inadecuado diseño institucional no tienen independencia del Poder Ejecutivo y, como consecuencia de ello, están abiertamente parcializados a favor del gobierno de facto. Otros medios de comunicación, que son percibidos como promotores del movimiento de resistencia, han visto constantemente afectada su labor periodística tanto por agentes del Estado como por particulares que restringen la labor informativa.
A causa del golpe de Estado y de sus consecuencias, Honduras ha caído, en 2009, al puesto 128 de la clasificación mundial establecida por Reporteros Sin Fronteras. La clasificación de Honduras en materia de libertad de prensa ya había sufrido retrocesos en años pasados, agudizándose estas restricciones tras el golpe de Estado del 28 de junio.

 

 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

   

1995

 

 

 

 

   

1996

 

 

 

 

   

1997

0

 

 

 

   

1998

0

 

 

 

   

1999

0

 

 

 

   

2000

0

0

 

 

   

2001

0

0

 

 

   

2002

0

0

 

 

Parcialmente libre

43

2003

1

1

65

14,17

Parcialmente libre

51

2004

0

0

53

11,75

Parcialmente libre

52

2005

0

0

76

18

Parcialmente libre

51

2006

0

1

65

14,5

Parcialmente libre

52

2007

1

1

87

25,5

Parcialmente libre

51

2008

0

1

100

21,5

Parcialmente libre

51

2009

5

3

128

42

Parcialmente libre

52