Honduras sigue siendo uno de los estados centroamericanos más peligrosos para el ejercicio de la libertad de prensa. Vecino de Guatemala, comparte algunos de los males endémicos que sufre la prensa; entre ellos, la inseguridad que vive todo el país y la desprotección judicial. Un periodista fue asesinado en Honduras en 2008.

En enero de 2008 fue asesinado, de varios disparos, José Fernando González, de 35 años, director de la emisora de Radio FM Mega 92.7, en la ciudad de Santa Bárbara, mientras se encontraba trabajando. La Federación Internacional de Periodistas declara que José Fernando González: “adquirió relieve entre los periodistas y comunicadores por su ferviente defensa de Honduras y su gente.”
Los periodistas hondureños afrontan una gran peligrosidad, una inseguridad generalizada en el país que afecta al conjunto de la población y que, además, se ve alimentada por la tensa relación que existe con los poderes públicos. Así, los periodistas se han visto desprotegidos frente a las agresiones. También operan en el país bandas armas como los mara, como sucede en Guatemala y El Salvador.
SIP sintetiza las agresiones que sufre la prensa de la siguiente manera: “En los últimos años se ha ido formando un ambiente hostil contra la labor de los periodistas y medios con acciones que van desde la intimidación, amenazas, ofensas públicas, manipulación de la publicidad gubernamental y acciones en los tribunales de justicia por delitos de difamación. Todavía permanece impune el asesinato del periodista humorista Carlos Salgado ocurrido en octubre de 2007, quien producía y conducía un programa en la emisora Radio Cadena Voces de Tegucigalpa. Los tribunales de la República todavía no resuelven al menos una decena de querellas contra periodistas y editores emprendidas por funcionarios públicos”.

Frente a este escenario de peligrosidad, RSF afirma que el ámbito judicial es el único que aporta, de alguna manera, la única nota de optimismo. A finales de 2007, varias jurisdicciones pusieron fin a un fuerte aumento de las persecuciones contra periodistas por difamación y calumnia, delitos que todavía conllevan penas de prisión de entre 3 y 10 años sin remisión de condena. Una despenalización de estos delitos fue introducida en la misma época en el Congreso y se ha suprimido de su código penal el delito de “desacato”.  La SIP afirma que si bien el país ahora dispone de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también es cierto que su aplicación ha quedado al libre criterio de algunos funcionarios públicos que ponen obstáculos y trabas a las fuentes oficiales, como las de la Casa Presidencial que han obstruido la información pública relacionada con viajes, gastos publicitarios, y salarios.