GUATEMALA [informe 2009]

   
     
 

El Observatorio de los Periodistas de CERIGUA (Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala) recoge en su informe ‘Estado de Situación de la Libertad de Expresión’ 60 violaciones a la libertad de expresión, entre las que se incluyen los asesinatos de Rolando Santiz, Luis Alberto Oliva Orellana y Marco Antonio Estrada, en un 2009 caracterizado por el aumento de la violencia y el peligro en las calles. Según el monitoreo, el territorio guatemalteco continúa condicionado por la falta de respeto de las autoridades a la función informativa de los medios, la inseguridad ciudadana y el crecimiento de la injerencia de los poderes paralelos, del crimen organizado y de la narcoactividad. La mayoría de las investigaciones nunca concluyen, por lo que la autocensura se convierte en un escudo de protección para periodistas y medios.

“En 2009 los profesionales de la información de Guatemala no encontraron garantías para realizar su labor, en medio de la violencia extrema que vive el país, y fueron objeto de ataques provenientes del narcotráfico, el crimen organizado y hasta de los mismos funcionarios”, comienza el relato del Observatorio de los Periodistas (OP), donde se expone, además, que los profesionales de la comunicación social son especialmente vulnerables en las zonas rurales, sometidas al arbitrio de una autoridad en ocasiones tirana.
 La Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) argumenta, a partir de un informe elaborado por una comisión destacada en Guatemala, que las guerras, las elecciones, la corrupción o la destrucción del medio ambiente son los móviles prioritarios en los ataques a periodistas.
Los acontecimientos más graves fueron las muertes de Luis Alberto Oliva Orellana, relaciones públicas del municipio de Chiquimula, del periodista de Telecentro Rolando Santiz, en cuyo ataque también resultó herido su cámara Juan Antonio de León, y de Marco Antonio Estrada, corresponsal de Telediario en Chiquimula.
Santiz y De León fueron disparados por dos motoristas en la tarde del1de abril cuando llegaban en coche a la sede de Telecentro Trece en Ciudad de Guatemala, después de cubrir la muerte de un conductor de autobús. Nada más conocerse los hechos, el ministro de gobernación, Salvador Gándara, relacionó el asalto con la metodología empleada por el crimen organizado para confrontar al Gobierno con la prensa.
Coincidiendo con el día del entierro de Santiz, Rolfi Antonio López y Estuardo Pirir fueron  arrestados como presuntos implicados cuando viajaban en un vehículo que llevaba droga y armas de fuego. De acuerdo con las informaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso se encuentra actualmente en fase de investigación, por el delito de homicidio, en la Unidad de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Marco Antonio Estrada cayó también víctima de un tiroteo, el 5 de junio. Estrada murió en el acto después de que un asaltante le disparara en cuatro ocasiones. El reportero cubría, para Telediario, la región de Chiquimula, famosa por ser la más peligrosa del país a causa del tráfico de drogas y del poder de las bandas organizadas.
La investigación policial no ha conseguido establecer una vinculación directa entre la muerte de Luis Alberto Oliva Orellana con su labor profesional, razón por la que sólo CERIGUA incluye el asesinato en su monitoreo, más pormenorizado que los informes del resto de organizaciones.
A la luz de los capítulos más recientes en la historia de Guatemala, el Observatorio de los Periodistas insta a ciudadanos y comunicadores a que exijan al Estado que los ataques en contra del gremio no permanezcan impunes y que fortalezca a las entidades encargadas de salvaguardar el derecho a la libertad de expresión.
Tres corresponsales fueron golpeados en Huehuetenango por incitación de la alcaldesa de Malacatancito, Irene Hidalgo, cuando fotografiaban un intento de linchamiento. En ese mismo departamento, los corresponsales Dany Castillo (El Quetzalteco), Mike Castillo  (Prensa Libre) y Mynor Mérida (Al Día) fueron perseguidos, presumiblemente por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas’, con motivo de sus publicaciones. Los reporteros contaban que los grupos ilegales se han apoderado de la zona y que ni autoridades ni medios son capaces de hacerles frente.
Otra localidad en la que la prensa sufre el incremento de la violencia callejera es Zacapa; donde los periodistas Juan Carlos Aquino y Cristian Gómez fueron amenazados por presuntos miembros del crimen organizado por publicar fotografías sobre capturas realizadas por la policía local. José Freddy López, corresponsal de CERIGUA, temió por su vida mientras entrevistaba a varios campesinos de Los Amates (Izabal), igual que un grupo de once periodistas del municipio de Flores (Petén) que recibió panfletos intimidatorios.

 

Una carga explosiva defectuosa salvó la vida a Félix Aldemar Maaz Bol, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz, el 18 de agosto, cuando varios desconocidos intentaron atentar contra su domicilio. Félix Aldemar es hermano de Eduardo Heriberto Maaz Bol, periodista asesinado en 2006. A finales de febrero, Omar Sandoval (El Sol) y el fotógrafo que lo acompañaba  fueron sacados a la fuerza por funcionarios municipales de un acto público en San Pedro de Ayampuc.
Las agresiones, intimidaciones y amenazas de muerte son los principales obstáculos al ejercicio libre de la comunicación, aunque las presiones políticas y la discriminación también guardan una cuota importante de protagonismo. CERIGUA insiste en su informe en las limitaciones al libre acceso a la información, intensificadas en el segundo semestre debido al enfrentamiento entre la prensa, el Gobierno y las autoridades locales. Las críticas de algunos medios a la administración del presidente Álvaro Colom fueron contestadas, desde el Gobierno, mediante acusaciones de conspiración, especialmente a raíz de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg y de los empresarios Khalil y Marjorie Musa,  que pusieron en jaque  al sistema judicial y cuestionaron el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
 El informe anual elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la Organización de Estados Americanos (OEA), felicita al Gobierno guatemalteco por la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública y le invita a que incorpore los estándares interamericanos acordados en esta materia.
Asimismo, valora positivamente el proyecto de ley presentado por el diputado de Alta Verapaz, Marvin Orellana López, para regular la concesión de frecuencias a los emisores comunitarios, aunque le vuelve a recordar al Estado la necesidad de fraguar políticas que aseguren la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro radioeléctrico.

En este punto, la Relatoría recomienda la confección de marcos regulatorios en torno a procedimientos sencillos para la obtención de licencias, la no exigencia de requisitos tecnológicos extremadamente avanzados y la posibilidad de que recurran a la publicidad como soporte financiero. “Finalmente, para asegurar una radio y televisión libre, vigorosa y diversa, los medios privados deben contar con garantías frente a la arbitrariedad estatal, los medios sociales deben gozar de condiciones que impidan su control por parte del Estado o de grupos económicos, y los medios públicos deben ser independientes del Poder Ejecutivo”, sentencia.
En este mismo contexto, la CIDH se congratula por el acto oficial de perdón y por la aceptación de responsabilidad, por parte del Estado, en relación con la desaparición de la periodista Irma Flaquer Azurdia, ocurrida en 1980. No obstante, la Relatoría exhorta al Gobierno para que lleve a cabo una investigación exhaustiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de este crimen, el cual, casi 30 años después, continúa en la impunidad.En el apartado judicial, la Relatoría Especial manifiesta su preocupación por la condena al editor Raúl Figueroa-Sarti a un año de prisión y a una multa cercana a los 6.000 dólares por una presunta violación de los derechos de autor cometida, según el auto, al publicar una fotografía en la contraportada de una novela sin permiso del autor. El Comité de Escritores en Prisión de PEN Internacional considera que el proceso contra Figueroa se ha llevado a cabo en represalia por su publicación de libros sobre violaciones de los derechos humanos en Guatemala. Asimismo, el informe de la OEA teme por la demanda a Marta Yolanda Díaz Durán, acusada de injuria y calumnia por Rafael Espada, Vicepresidente de la República de Guatemala, y presiona al Estado para que compruebe si la información aportada por la redactora era o no de interés público.

El diario matutino El Periódico acusó al gobierno de Álvaro Colom de castigar a los medios de comunicación críticos con la supresión de la publicidad oficial y solicitó la intervención de  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente,  la directora de CERIGUA, Ileana Alamilla, alertó sobre varios incidentes (bloqueo de correo electrónico y sitio web de la organización o extrañas llamadas telefónicas) registradas en la agencia de noticias que podrían ser parte de un plan de acciones para frenar las actividades de la organización.

 

 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

Parcialmente libre

59

1995

 

 

 

 

Parcialmente libre

60

1996

 

 

 

 

Parcialmente libre

56

1997

1

 

 

 

Parcialmente libre

56

1998

1

 

 

 

Parcialmente libre

59

1999

0

 

 

 

Parcialmente libre

60

2000

1

1

 

 

Parcialmente libre

54

2001

1

1

 

 

Parcialmente libre

49

2002

0

0

83

27,25

Parcialmente libre

49

2003

2

2

99

30,84

Parcialmente libre

58

2004

0

0

66

16,5

Sin libertad

62

2005

0

0

86

21,5

Parcialmente libre

58

2006

1

2

90

21,25

Parcialmente libre

58

2007

1

2

104

33

Parcialmente libre

59

2008

1

2

101

22,64

Parcialmente libre

58

2009

1

2

106

29,50

Parcialmente libre

60