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GUATEMALA [informe 2008] |
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La peligrosidad en Guatemala crece año tras año. Por ello, la aparente mejora del país en las clasificaciones internacionales sólo se explica por la publicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Frente a ello, este año se ha asesinado a dos comunicadores en el país y ha crecido la espiral de violencia a causa del narcotráfico y las bandas armadas. Un clima de terror que degenera en autocensura ante la impunidad que sufren estos crímenes. El Instituto Internacional de Prensa afirma que, en 2008, un periodista fue asesinado el Guatemala, Jorge Mérida Pérez. Sin embargo, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) eleva la cifra a tres: Rubén Bozarreyes y Abel Girón. Abel Girón Morales, diseñador gráfico que trabajaba en El Periódico, murió el 22 de octubre en las afueras de la Ciudad de Guatemala. Fue disparado por sujetos no identificados que le siguieron y esperaron a la salida de su casa. No se han hecho públicos los avances de la investigación. En abril se produjo el asesinato del locutor de Radio Gualán Rubén Bozarreyes Luna en el Departamento de Zacapa. Sin embargo, para otras instituciones como RSF o IFJ parece poco probable que dicho crimen obedeciera a motivos personales. Además de los asesinatos, Cerigua ha reportado la existencia de numerosas amenazas a la libertad de prensa en el país centroamericano. Sin paliativos, afirma que la situación del derecho a la libertad de expresión es un reflejo de la democracia del país y que, en el caso del suyo, hay que hacer una valoración negativa sin paliativos. La libertad de expresión se deteriora en un país que se encuentra aún en un escenario de “postconflicto armado”. Existe aún una incipiente democracia que no sabe manejar la amenaza de los grupos paramilitares, el terror de bandas como los mara y, sobre todo, la creciente peligrosidad que impone el narcotráfico. Guatemala vive el enfrentamiento entre las bandas que quieren controlar el tráfico de drogas entre Colombia y Norteamérica. Ello está provocando una escala de violencia que, entre otros colectivos, pagan los periodistas, especialmente los del interior, que han declarado que la corrupción, el narcotráfico, los mara y el crimen organizado son temas tabú sobre los que impera la autocensura.
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Los periodistas guatemaltecos se sienten desprotegidos frente a la acción de estos grupos criminales y optan por la autocensura. Más aún porque la impunidad en el país es generalizada. Cerigua afirma que la instalación en el país de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) generó expectativas que no se han cumplido, aunque es uno de los pocos instrumentos que tienen credibilidad y que se espera responda al espíritu que le dio vida. Por ello se lamenta que la debilidad del Estado y del sistema de justicia están fomentando la autocensura por parte de la prensa y permitiendo que se incremente el terror que pretenden imponer los grupos armados. Desde 2003, 15 periodistas han sido asesinados en el país. El Comité para la Protección de los Periodistas denuncia también el secuestro de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico. Fue secuestrado cuando salía de un bar en las afueras de la Ciudad de Guatemala en la madrugada del 20 de agosto. Zamora, que recibió en 1995 el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ, fue hallado inconsciente en el departamento de Chimaltenango ocho horas después. En las pesquisas, varios colegas declararon que Zamora se había ganado muchos enemigos como resultado de años de investigar el crimen organizado y la corrupción. Además de este caso, CPJ se hace eco de amenazas de muerte y agresiones físicas sufridas por los periodistas que informaban sobre temas como narcotráfico o corrupción. La única medida positiva para la libertad de prensa fue la aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Libre Acceso a la Información. Esta medida, aprobada en septiembre de 2008, permite a los guatemaltecos solicitar y recibir información sobre instituciones públicas y funcionarios del gobierno. Los periodistas locales elogiaron la aprobación de la ley como un paso adelante hacia la transparencia en el gobierno.
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