ECUADOR [informe 2009]

   
     
 

María Eugenia Guerrero, informadora colombiana, fue asesinada mientras atravesaba la ciudad fronteriza de Tulcán de regreso a su país. Si bien la relación de la muerte de la locutora con Ecuador es circunstancial, lo cierto es que las agresiones físicas contra periodistas y medios de comunicación en Ecuador son cada vez más frecuentes. Las amenazas son otro de los canales de extorsión preferentes para aquellos que se esfuerzan por coartar el derecho a la libertad de expresión, que sufre los efectos perniciosos de una polarización político-informativa asfixiante. El cerco de la administración Correa a las voces críticas, a través del reparto de la publicidad oficial o mediante el aparato legislativo, es el factor que más erosiona el libre ejercicio comunicativo.

El sábado 7 de febrero el brutal asesinato de María Eugenia Guerrero unió en la conmoción a Ecuador y Colombia. El cuerpo de la periodista colombiana, trabajadora de la emisora Rumba Estéreo en Ipiales (Colombia), fue hallado por la policía en la ciudad ecuatoriana de Tulcán, próxima a la frontera entre ambos países. De acuerdo con la información facilitada por el International News Safety Institute (INSI) y la International Federation of Journalists (IFJ), Guerrero fue vista por última vez el lunes antes de su fallecimiento cuando abandonaba la casa de sus parientes de vuelta a Ipiales. El informe forense apunta a una muerte violenta y aporta indicios de asalto sexual, quedando descartado, en teoría, el móvil profesional.
Al tratarse de una comunicadora que ejercía su profesión en otro país, las monitorizaciones de la libertad de expresión no incluyen su asesinato en los informes referentes a Ecuador, lo hacen en los de Colombia.
El informe anual elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la Organización de Estados Americanos (OEA), recibe con satisfacción el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, que eliminaría del código penal los delitos de ofensas contra funcionarios públicos, el desacato y determinadas modalidades de injuria.
La Relatoría informa, además, del incremento de las agresiones y amenazas contra medios de comunicación. En este contexto, el 25 de junio Eduardo Vite Benítez Mata, periodista de Telecosta, resultó herido en un brazo tras un tiroteo en Esmeraldas. Benítez conduce un programa de opinión donde se analiza la actualidad de manera crítica. El 28 de septiembre fue Aquiles Arismendi, director de noticias de la radio La Voz de su amigo, quien salvó la vida después de que varios desconocidos dispararan contra el vehículo en el que viajaba junto a su familia. Arismendi, que tuvo que abandonar la ciudad,  confesó que había recibido una amenaza de muerte en la que le advertían que “le quedaban pocos días”.
Elena Rodríguez, Telesur, fue sacada a la fuerza de su coche en la noche del 16 de septiembre en Quito y pateada en el suelo, provocándole un traumatismo craneal y varios hematomas. Al día siguiente, la informadora encontró una nota en su automóvil que la acusaba de trabajar para el Gobierno de Rafael Correa: “la próxima vez no te salvarás”. Por su desempeño profesional también tuvieron que soportar amenazas Carlos Proaño (Radio Visión) y Emilio Palacio, crítico con la administración de Correa.
Además de los sucesos expuestos, muchos otros comunicadores fueron víctimas de la violencia a lo largo de 2009, según la CIDH. En manifestaciones (Rafael Castro y Jorge Cabezas de Ecuador TV o Mauricio Cerón, de Ecuavisa), asambleas políticas (Ana María Cañizares, Manuel Tumbaco y Francisco Quizno, de Teleamazonas), reuniones estudiantiles (Mariela Rosero y Martín Jaramillo, de El Comercio), e, incluso, en centros penitenciarios, caso de Juanita Von Buchwald (El Universo), golpeada por un grupo de reclusas de la cárcel de Guayaquil mientras intentaba realizar una serie de entrevistas.
La OEA fue informada, asimismo, de los ataques a las sedes de Mi Pueblo, en Guayavas, durante la madrugada del 17 de febrero, Telecosta y Radio Gaviota, ambos el 7 de abril.
Para frenar las vejaciones contra la libertad de prensa, la CIDH insta al Estado a culminar las investigaciones para esclarecer los hechos y apela a las autoridades para que “una cultura del respeto por el pensamiento diverso y se abstengan de hacer declaraciones que, de cualquier manera, puedan fomentar un clima de intolerancia social”, insistiendo en la diversidad y el pluralismo.

 

 


Por ello, desaprueba, corriente a la que también se suma la organización para la defensa de la libertad de expresión Fundamedios y la Sociedad Interamericana de Prensa, el discurso del presidente Correa en el que frecuentemente invita a los ciudadanos a no comprar periódicos y tilda a la prensa de conspiradora, corrupta, desestabilizadora, irresponsable y mentirosa; y expone su inquietud ante la denuncia en el Parlamento Nacional, sin aportar pruebas, del ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, que acusó a varios periodistas y medios de comunicación de servir a la CIA.
Dentro de este contexto, los medios ecuatorianos denuncian el castigo sistemático a las voces contrarias al poder mediante la supresión de la publicidad oficial. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) narra que el gobierno de Correa rubricó, el 20 de junio, un decreto que impide a las entidades públicas contratar publicidad en medios de comunicación que entre sus accionistas tengan a empresas con capitales constituidos en paraísos fiscales, después de que un grupo de diarios críticos cuestionara los contratos entre el Estado y empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del Presidente. Esta orden perjudica directamente a cabeceras importantes como El Comercio, El Universo, La Hora, Expreso y la revista Vanguardia, “enemigos políticos” para el Gobierno.
Otro de los puntos destacados del informe es el de las presuntas detenciones ilegales de periodistas. La CIDH remite a las capturas de Francisco Farinango, locutor de la radio comunitaria Intipacha acusado por la policía de ser uno de los instigadores de una protesta indígena en Pichincha, Adolfo Caiminagua Herrera, redactor del diario Opinión apresado de manera arbitraria por agentes en Machala, Israel Díaz y Vicente Albán, periodistas del Canal 4 Lago Sistema Televisión agredidos por agentes del orden mientras cubrían un operativo policial en Sucumbíos.
En lo referente al derecho de acceso a la información, los observadores internacionales se hacen eco de las negativas de la petrolera estatal Petroecuador para facilitar el acceso a los documentos e instalaciones de la compañía a los trabajadores del diario Hoy.
A finales de año, la Asamblea General comenzó a debatir el proyecto de la Ley de Comunicación puesto en marcha por Correa en el disenso político y mediático más extremo. Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la norma “afectará la libertad de prensa y de expresión, al contravenir principios interamericanos sobre el derecho del público a la información”. La SIP predice que la nueva legislación limitará la libertad de prensa y el pluralismo. La CIDH también ha manifestado su desacuerdo con algunos puntos del proyecto de ley. Su relatora, Catalina Botero, criticó la imposición de colegiación obligatoria para los periodistas; la creación de un sistema de registro y sanciones para todo tipo de medios; la posibilidad de intervenir en los contenidos; la censura previa; la violación del secreto profesional y la obligación legal de ajustarse a ciertos estándares éticos.
En el capítulo judicial, la CIDH registra la querella por injuria a Milton Nelson Chacaguasay, director del semanario La Verdad,  debido a una nota publicada en 2007, en la que habría relacionado a un funcionario estatal con un notario cuyos negocios presuntamente ilegales habrían perjudicado a varias personas. Chacaguasay cumplió 30 días de prisión preventiva y, después de la apelación, fue condenado a otros cuatro meses de cárcel. En este punto, la CIDH recordó al Estado que el Anteproyecto de Código  Orgánico de Garantías Penales incorporaría la posibilidad de despenalizar el delito de injurias.
Teleamazonas, muy crítica con la reelección de Correa, tuvo que dejar de emitir durante tres días en diciembre después de que la Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador y el Consejo Nacional de Radio y Televisión considerara que la estación había incitado a alteraciones al orden público mediante informaciones falsas al analizar los posibles efectos negativos de un contrato de explotación de gas en la Isla Puná.

Por otra parte, Fudamedios informó que el Consejo había decidido no renovar la concesión de frecuencia de la radio indígena Shuar La Voz de Arutan de Sucua, acusada de “incitar a la violencia” durante una manifestación comunitaria en septiembre.



 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

Parcialmente libre

23

1995

 

 

 

 

Parcialmente libre

41

1996

 

 

 

 

Parcialmente libre

38

1997

0

 

 

 

Parcialmente libre

40

1998

0

 

 

 

Parcialmente libre

40

1999

0

 

 

 

Parcialmente libre

40

2000

0

0

 

 

Parcialmente libre

44

2001

0

0

 

 

Parcialmente libre

40

2002

0

0

20

5,5

Parcialmente libre

40

2003

0

0

42

7,67

Parcialmente libre

41

2004

0

0

66

16,5

Parcialmente libre

42

2005

1

1

87

21,75

Parcialmente libre

41

2006

1

2

68

15,25

Parcialmente libre

41

2007

0

0

56

18,5

Parcialmente libre

41

2008

0

2

75

15,5

Parcialmente libre

41

2009

0

0

84

20

Parcialmente libre

44