ECUADOR [informe 2008]

   
     
 

La intervención de dos canales de televisión privados por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos ha sido la noticia más controvertida en materia de libertad de prensa en 2008 en Ecuador. Para unos, con esta decisión se salvaguardaban los intereses económicos de los ecuatorianos y se mantenía a la plantilla y, para otros, se reducía la pluralidad mediática en un año decisivo. En 2008 se aprobó una nueva Constitución para el país y ello brindó algunas oportunidades de encuentro entre el gobierno y los medios en una región, cabe recordar caracterizada por la polarización mediática.

La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) afirma que se produjeron dos asesinatos a periodistas ecuatorianos en 2008 e insta a la justicia a que determine los motivos de los crímenes. Sin embargo, las demás organizaciones que monitorean la situación de la libertad de expresión en Latinoamérica, han estimado que ambos asesinatos responden a motivos particulares y no periodísticos. Carlos Navarrete, director del diario El Telégrafo hasta 2007 - y desde entonces al frente del diario gratuito La Calle -, apareció muerto en su domicilio el 24 de febrero de 2008. Reporteros Sin Fronteras informó de que se había confirmado el móvil del robo al comenzar las investigaciones. En la misma ciudad, apareció asesinado César Raúl Rodríguez, de 64 años, director adjunto de información de la emisora Radio Sucre. El periodista había sufrido amenazas y agresiones anteriormente por sus investigaciones, por lo que el motivo profesional fue el primero que se consideró. Sin embargo, posteriormente la policía demostró que el asesinato obedecía a motivos sentimentales, según RSF. La Sociedad Interamericana de Prensa informa de que los asesinos de ambos crímenes han sido ya detenidos.

A parte de estos crímenes, lo más relevante en materia de libertad de expresión este año en Ecuador proviene del ámbito económico. La gubernamental Agencia de Garantía de Depósitos ha promovido que se embarguen algunos medios de comunicación privados en 2008. Las razones aducidas por el gobierno fueron financieras: los medios intervenidos mantenían relaciones económicas con el grupo Isaías, que le debía 661 millones de dólares a Ecuador tras el colapso de su institución bancaria Filanbanco en 1998. Con la intervención, el presidente Correa asegura la supervivencia de los empleos y las emisiones pero se ha conseguido que el espectro mediático vea drásticamente reducida su pluralidad, pues sólo quedan dos canales privados, independientes del gobierno, en el país. El Comité la Protección de los Periodistas (CPJ) afirma que después de esta operación, Correa obtuvo una decisiva victoria en un referéndum sobre una nueva constitución que ampliaría los poderes del ejecutivo y potencialmente debilitaría la libertad de prensa.  La institución presenta el panorama de incertidumbre creado en torno a esta medida: “La decisión del gobierno desató una polémica inmediata. El Ministro de Economía, Fausto Ortiz, renunció por oponerse a la apropiación poco después de anunciada la medida. Los dueños de las emisoras, quienes negaron tener vínculos comerciales con el Grupo Isaías, afirmaron que las confiscaciones eran un ataque a la libertad de expresión. Periodistas locales cuestionaron la oportunidad de la decisión. Las acciones del gobierno, afirmaron, se produjeron cuando Correa intentaba ampliar el respaldo a una nueva constitución que se encaminaba a un referéndum popular. Analistas indicaron que el cambio en la posición editorial de las emisoras favorecía al gobierno ecuatoriano. Los periodistas también opinaron que la incautación comprometía la diversidad en la cobertura periodística antes de la votación”.

 

 

Reporteros también se hace eco de que el 8 de julio, los canales de televisión privados Gamavisión y TC Televisión y la emisora Radio Sucre fueron embargados. Explica: “Una cosa es que los propietarios de Gamavisión y TC Televisión sean sospechosos de bancarrota y malversación, y se les haya abierto un procedimiento. Pero ¿era necesario enviar a la policía a los locales de las redacciones y perturbar la programación de los dos medios? El caso de Radio Sucre es de otra índole, ya que al parecer la emisora no ha respetado algunas normas en relación con las frecuencias. Sin embargo, cuando se acerca la validación y votación de una nueva Constitución, que pretende revisar en parte la regulación de los medios de comunicación, y en un contexto de tensión entre la presidencia y la prensa, estos episodios no contribuyen a crear el ambiente favorable para un debate sereno. Nos tememos que, por el contrario, lleven a una polarización perjudicial para la información, como se ha visto ya en los casos de otros países cercanos”.

El gobierno de Correa siempre ha sostenido que el motivo de su intervención ha sido puramente económico, como explica la Agencia de Garantía de Depósitos. La BBC explica que, particularmente Gamavisión no ha sido una emisora crítica con el gobierno de Correa, por lo que cabe cuestionar que el motivo de la intervención sea acallar a dicho medio. Aunque la emisora internacional sí hace hincapié en que la relación de Rafael Correa con la prensa ha sido tensa desde que fue electo. El líder de izquierdas ha visto en la prensa una representación de la oligarquía que, para su partido, es la culpable de la situación que vivía el país a su llegada. 

La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) expresó su respaldo a la decisión gubernamental y descartó que esté en riesgo la libertad de expresión por el procedimiento, que definen como "un cobro de deudas". En un comunicado, la FENAPE en cambio expresa "preocupación por el tratamiento informativo que se dando a este acontecimiento, sin las contextualizaciones del caso".
Sin embargo advierten que las administraciones interventoras deben actuar con "responsabilidad social manteniendo independencia política, ideológica y económica de quienes administran el Estado" y garantizar la estabilidad laboral.
Las relaciones entre el gobierno de Correa y le prensa se encuentran marcadas por la polarización, como ya ocurriera en 2007. Por ello, la SIP recoge algunos casos en los que funcionarios públicos o miembros del gobierno llegaron a insultar a periodistas. En este panorama, lo más preocupante, para esta institución, es la aprobación de la nueva Constitución, aprobada mediante referéndum el 28 de septiembre de 2008, que establece el derecho a “recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior ( Art. 18); asimismo, que la ley “regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación” (art.19); que el “Estado formulará la política pública de comunicación” (Art. 384); y que el espectro radioeléctrico es un recurso natural no renovable, por lo que el Estado “participará en los beneficios” de su aprovechamiento “en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota” (art. 408).

 



 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

Parcialmente libre

23

1995

 

 

 

 

Parcialmente libre

41

1996

 

 

 

 

Parcialmente libre

38

1997

0

 

 

 

Parcialmente libre

40

1998

0

 

 

 

Parcialmente libre

40

1999

0

 

 

 

Parcialmente libre

40

2000

0

0

 

 

Parcialmente libre

44

2001

0

0

 

 

Parcialmente libre

40

2002

0

0

20

5,5

Parcialmente libre

40

2003

0

0

42

7,67

Parcialmente libre

41

2004

0

0

66

16,5

Parcialmente libre

42

2005

1

1

87

21,75

Parcialmente libre

41

2006

1

2

68

15,25

Parcialmente libre

41

2007

0

0

56

18,5

Parcialmente libre

41

2008

0

2

75

15,5

Parcialmente libre

41