Costa Rica es, para todas las organizaciones que analizan y evalúan la libertad de prensa, el país latinoamericano con mejores resultados. Aunque su situación ha oscilado en los últimos años, según Reporteros Sin Fronteras, el país centroamericano se sitúa por encima de Reino Unido, Grecia, Australia o España. El ejercicio de la profesión periodística se desarrolla con normalidad y se considera, desde este punto de vista, un país libre.

El ejercicio de la profesión periodística en Costa Rica se encuentra respaldado por un colegio profesional sólido y por una clara conciencia social sobre la necesidad de la información libre en democracia. De hecho, periodistas del país ganaron, en 2005, el premio al mejor reportaje de investigación sobre la corrupción en América Latina y el Caribe que conceden Transparencia Internacional y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El trabajo revelaba la forma en que las corporaciones extranjeras sobornaron a tres ex presidentes del país.
Las principales noticias que se han registrado sobre libertad de expresión en 2007 se refieren al campo legislativo. Desde hace algunos años se está retrasando la discusión y aprobación de una reforma legal que actualice la jurisprudencia en esta materia.
A finales de 2007 fueron condenados a 35 años de cárcel los dos asesinos del periodista Parmenio Medina. Con esta sentencia, se puso fin a un largo periodo de más de 5 años en los que parecía que el crimen contra la libertad de prensa quedaría impune.  El asesino a sueldo operaba bajo las órdenes de un empresario que se había visto afectado por las investigaciones de Medina. El periodista, productor y conductor del programa semanal de radio “La Patada” en radio Monumental, había destapado irregularidades financieras en una empresa radiofónica, lo que motivó su cierre.
No fue esa la única noticia relacionada con la protección judicial efectiva a la libertad de prensa en el país. Una sentencia de la Sala Constitucional dictada el 27 de abril aclaró el tema del equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. En palabras de la Sala, el programa de televisión “Noticias Repretel” efectuó una entrevista con cámara oculta “(…) para obtener y luego difundir una clara e inequívoca información de relevancia e interés público, relacionada con un tema que le atañe a toda la colectividad, como lo constituye el ingreso ilegal de extranjeros al territorio nacional y la obtención fácil de visas de ingreso, todo lo cual apunta a una situación o coyuntura irregular que precisa ser investigada por los medios de comunicación colectiva”.

El fallo resalta la primacía del derecho de la información. La Sala no omitió señalar el doble carácter del derecho a la información como derecho fundamental y como garantía institucional del régimen democrático. Esa garantía, dice la Sala, se concreta por la información que los medios brindan a la opinión pública, en aras de la transparencia y el efectivo control ciudadano sobre las políticas públicas. El Colegio de Periodistas de Costa Rica, sin embargo, solicita una mejora de la legislación en esta materia. Existe un proyecto de ley sobre Libertad de Expresión y Prensa que lleva 5 años esperando a ser discutido por los diputados legisladores. La diputada independiente Evita Arguedas y José Manuel Echandi (Partido Unión Nacional) son los defensores más insistente de este proyecto y aseguran que falta verdadera voluntad política entre los diputados para convertirlo en ley.
En declaraciones a Diario Extra, Arguedas declaró: “Un ciudadano que es llevado a juicio es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. En el caso de los periodistas es al revés, llegan a un juicio siendo culpables y deben demostrar su inocencia. Esa situación lleva al periodista a tener muchos miedos en su desempeño diario”. La reforma pretende eliminar la pena de cárcel por delitos contra el honor, como las injurias y las calumnias. Además, sugiere la inclusión de una cláusula de conciencia, a la cual se podrían acoger los reporteros para no desarrollar un tema que vaya en contra de sus normas morales y éticas, entre otros cambios.
Esta reforma permitiría que no se repitieran casos como el sucedido el pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando la Sala Constitucional costarricense confirmó la vigencia del artículo 7 de la Ley de Imprenta de 1902, que penaliza con prisión las faltas contra el honor cometidas por medios impresos. La decisión dejó vigente las condenas de cárcel impuestas contra tres periodistas del Diario Extra, sentenciados por el delito de injurias.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el retroceso de la libertad de expresión en Costa Rica, al considerar la reciente ratificación de una ley que inflige a los periodistas castigo de cárcel por faltas contra el honor y por un nuevo proyecto de ley mordaza que contempla la “información veraz”.
 “Justo cuando en las Américas se impulsa la despenalización de los delitos contra el honor, la decisión de la Sala Constitucional representa una contradicción al ejemplo democrático al cual nos tenía acostumbrado este país”, expresó Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.