BRASIL [informe 2009]

   
     
 

Por noveno año consecutivo, los informes sobre la libertad de prensa en Brasil se cierran con víctimas mortales. Las agresiones físicas a periodistas, en muchos casos perpetradas por agentes del orden o funcionarios del Estado, son cada vez más frecuentes, especialmente en el interior del país, donde los conflictos medioambientales estimulan el clima de violencia. La censura judicial es otra de las grandes preocupaciones para los observadores internacionales. Además, 2009 ha estado condicionado por la decisión del Supremo Tribunal Federal de suprimir la exigencia de un título universitario para ejercer la profesión periodística.

Un año más, van nueve seguidos, la tragedia se apoderó del sector periodístico brasileño con las muertes de Dalvíson Nogueira de Souza (encargado de cubrir las informaciones policiales y deportivas para diversas estaciones radiofónicas) y José Givonaldo Vieira (locutor y dueño de Radio Bezerros), asesinados el 16 de agosto y el 14 de diciembre de 2009, respectivamente, en Recife, capital de Pernambuco. En ambos siniestros, los periodistas fueron tiroteados. Nogueira de Souza fue disparado por dos asaltantes en una moto mientras conducía su coche, Vieira recibió tres disparos en la cabeza.
En el deceso de Nogueira, aunque la mayoría de los observadores nacionales e internacionales, adujeron motivos profesionales; el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) apuntó, además, al robo como posible causa del tiroteo. Algo similar ocurre en la segunda muerte, donde Reporteros Sin Fronteras (RSF), en un primer momento, no encontró ninguna evidencia que vinculara el asesinato con la actividad de Vieira, aunque no obvia que su programa de radio, con una gran audiencia en el ámbito local, pudiera ser el móvil del ataque.
El Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI) se hace eco de una tercera muerte, ocurrida el 13 de agosto en Puerto Marangatu, Paraguay, cerca de la frontera con Brasil. Al desarrollar la víctima su profesión en suelo paraguayo, la mayoría de los observadores no han incluido en las estadísticas que versan sobre Brasil el fallecimiento del locutor radiofónico Hilário Ermindo Khel, tiroteado en la emisora de su propiedad, Radio FM Marangatu. Los testigos dijeron que fue asesinado por un empleado de la estación, también brasileño, después de haber discutido presumiblemente por cuestiones salariales. El sospechoso, Ricardo Barcelos, huyó después del asesinato, añade el diario O Estado de Sao Paulo.
La Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) comienza su informe Violencia y Libertad de Prensa en Brasil denunciando, como uno de los mayores ataques contra los cien años de lucha y organización periodísticas, la decisión del Supremo Tribunal Federal, a petición del ministro Gilmar Mendes, de suprimir la exigencia de un título universitario para poder ejercer la profesión. Para la FENAJ, la resolución amenaza la democracia y traba la construcción de la información de calidad: “Al contrario de lo que nos quieren hacer creer, la desregulación total de las actividades de prensa en Brasil no atiende a los principios de libertad de expresión y prensa consignados por la Constitución brasileña ni a los intereses de la sociedad. La desregulación de la profesión periodística es, en realidad, una amenaza a esos principios e, inequívocamente, una amenaza a otras profesiones reguladas que pueden sufrir el mismo ataque, ahora perpetrado contra los periodistas”. En la actualidad, la Federación busca la forma de revocar la sentencia. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) apuntó al Sindicato de Empresas de Radio y Televisión de Sao Paulo como instigadores directos de la medida.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por el contrario, se mostró satisfecha por la medida, ya que la considera consecuente con los estándares regionales de libertad de expresión. Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, añadió que la SIP trabaja en pro de un periodismo cada vez más profesional y responsable. “No estamos en contra de un título universitario ni de un colegio profesional, todo lo contrario, pero consideramos que esos requisitos no pueden ser obligatorios”, expuso en un comunicado.
Para justificar su posición, la SIP se remite a una opinión consultiva expresada en 1985 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecía: “las exigencias de afiliación obligatoria a colegios profesionales, licencias o títulos universitarios obligatorios en periodismo, no son compatibles con el Artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al constituir una grave limitación a la libertad de expresión y de prensa”.
La última relatoría de la FENAJ revela, además, que los profesionales sufren continuos desmanes violentos a causa de la incomprensión del significado de la libertad de prensa, democráticamente fundamentado, e insta a la denuncia ciudadana para que ninguna vejación quede silenciada. Como en 2007 y en 2008, la mayoría de las acciones reportadas responden a asaltos violentos cometidos por agentes de la administración pública, como las repetidas agresiones del alcalde de Dorados, Mato Grosso del Sur, a periodistas que cubrían asuntos relacionados con el poder local.
El documento insiste, además, en que la justicia dificulta cada vez más la divulgación de cierto tipo de información. Por esta razón, hipótesis sostenida y condenada también por Reporteros Sin Fronteras y la FIP, el diario O Estado y el portal Estadão no pudieron publicar nada relacionado con la Operación Faktor después de que Fernando Sarney, empresario e hijo del presidente del Senado, José Sarney, presentara un recurso judicial que terminaría siendo tramitado. Una situación parecida vivió a comienzos de noviembre el economista y el abogado de Adriana Vandoni Enock, los cuales tuvieron que retirar, por mandato judicial, los comentarios críticos con José Riva, Presidente de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso acusado por más de un centenar de delitos de sus respectivos blogs, señala RSF.
Otro condicionamiento a la libertad de expresión en Brasil es el miedo, que conduce a los periodistas a la autocensura.
El 40% de los casos monitoreados responden a agresiones físicas y verbales, el 27% a censuras y procesos judiciales, el 15% son amenazas; el 18% corresponde, con indicadores muy parecidos, a asesinatos (4%), Detención y tortura (5%), atentados (5%) y violencia sindical (4%).

La monitorización apunta a los poderes públicos (justicia, policía y política) como agresores en el 58% de los casos registrados. Órganos de la seguridad privada y empresarios copan los siguientes registros (9 y 4 por ciento, respectivamente), encontrando los 12 puntos porcentuales restantes a su autor en el fútbol, la iglesia, la abogacía, en funcionarios de la empresa privada y en manifestantes. Dos de cada 100 sucesos quedan sin identificar.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, elaborada anualmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Organización de Estados Americanos (OEA), celebra las detenciones de varios sospechosos relacionados con el atentado cometido el 21 de enero en la sede del grupo de comunicaciones RAC; la condena a 31 años de cárcel a los ex policías Odin Fernandes da Silva y Davi Liberato de Araújo por pertenecer a la milicia que habría secuestrado y torturado, en mayo de 2008, a un grupo de periodistas del diario O Dia en la favela Batan (Río de Janeiro); y el anuncio de indemnización, por parte del Estado de Bahía, a la familia del comunicador Manoel Leal de Oliveira, asesinado en 1998.
La OEA apremia, como ya hiciera en 2008, a la justicia brasileña para que revise la subsistencia en el ordenamiento jurídico de penas por difamación, calumnia e injuria, que podrían constituir un obstáculo para el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

 


En cuanto al proyecto de ley enviado en enero al Congreso Nacional por el que se excluye a las radios comunitarias de responsabilidad penal cuando operan sin licencia, la Relatoría reclama prudencia a la hora de aplicar el derecho penal a cualquier campo de la libertad de expresión, aunque insiste en que los ordenamientos jurídicos que se ocupan de la radiodifusión deben regirse por el pluralismo y la diversidad. Asimismo, el informe reproduce, sin pronunciarse a favor o en contra, la decisión de la juez federal Paula Mantovani de cerrar la investigación de la muerte del periodista Vladimir Herzog, asesinado en una prisión de la dictadura militar brasileña el 25 de octubre de 1975, por estimar prescrita la acción penal y no existir ninguna posibilidad de considerar el delito como un crimen contra la humanidad.
El Informe de la CIDH valora positivamente la decisión del Tribunal Supremo Federal de dictaminar que la Ley de Prensa de 1967 violaba garantías constitucionales de la libertad de expresión. El mismo tribunal había suspendido anteriormente 22 de los 77 artículos. La eliminación de parte de la ley de prensa en febrero benefició a Lucio Flavio Pinto, director de Jornal Pessoal, que se enfrentaba a varias demandas por difamación. Con anterioridad, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y otros grupos se habían manifestado públicamente en contra de la ley, esgrimiendo que contradecía los estándares interamericanos de la libertad de prensa. Profundizando más, el Comité afirma que la ley se ha utilizado para intimidar a los periodistas críticos, por lo que resulta inquietante que aun con las reformas los comunicadores brasileños puedan enfrentarse a dos años de cárcel por delitos de difamación.
En el capítulo de agresiones, la CIDH concede una especial relevancia a los ataques perpetrados sobre Roberto Gomes Barbosa, del Canal TV Liberal y de Radio Continental, por parte de Marcos Soraes, funcionario de la Secretaría del Gobierno de la Alcaldía de Campo de Goytacazes, y sobre periodista español de El País Francho Barón, atacado y amenazado de muerte en una favela de Río de Janeiro por presuntos narcotraficantes cuando intentaba cubrir los enfrentamientos entre capos de la droga y la Policía.
El Comité para la Protección de los Periodistas subraya, como dato clave, las 44 demandas por difamación presentadas pon un único miembro del Congreso a decenas de periodistas por sus informaciones críticas. Brasil aparece en el décimo lugar en el Índice de Impunidad del CPJ, definiéndose como un país donde es frecuente que los periodistas fallezcan en el ejercicio de su profesión y donde las autoridades no consiguen esclarecer los crímenes. En 2009 la justicia hizo notables avances al enjuiciar a responsables de casos como el asesinato de Nicanor Linhares, en 2003, por el que Cássio Santana pagará 23 años de cárcel.
A pesar de las condenas, los periodistas siguen siendo víctimas de constantes actos violentos e intimidatorios, sobre todo en el interior del país. El 27 de junio Ronaldo Lázaro, reportero de Tiradentes Radio y Televisión, fue asaltado al norte del Amazonas presuntamente, señala el CPJ, por el ministro de Transporte Alfredo Nascimento y su hijo. En julio, efectivos militares impidieron que los periodistas cubrieran una manifestación delante de la casa del gobernador de Rio Grande do Sul (Porto Alegre) y en agosto, además del asesinato de Dalvíson Nogueira de Souza, Carlos Baía, director de Metropolitana Radio de Barcarena, recibió amenazas de muerte. La emisora Diário FM de Marília fue asaltada.
Para Freedom House (FH), Brasil cuenta con una estructura comunicativa que garantiza la fluctuación de las voces favorables y críticas con el gobierno, aunque la concentración empresarial, especialmente en el interior donde las amenazas físicas y legales alimentan el clima de intimidación, amenaza la pluralidad. “El conglomerado Globo Organizaciones disfruta de una posición dominante, controla la televisión principal así como varias estaciones de radio y medios impresos. Otra empresa, Abril, cuenta con más de dos tercios del mercado de revistas. Uno de cada cinco legisladores en el poderoso Comité de Ciencia, Tecnología, Comunicación e Información (CCTCI) tiene negocios con la radio y la televisión. A nivel nacional, 271 políticos brasileños son directores o socios en 324 empresas de medios”. En 2009, las mejores noticias para la administración de Lula da Silva llegan de la mano de Internet, de acceso libre para Freedom House, que sitúa la penetración por encima del 34 por ciento.
En el ámbito judicial, Freedom House destaca el debate surgido en noviembre con el objeto de mejorar la transparencia en el sistema de concesión de licencias, regido por el Código de Telecomunicaciones de 1962. La legisladora María del Carmen Lara propuso que se enmendara la Constitución para evitar que los funcionarios del Estado pudieran acumular intereses particulares en radios y televisiones. La medida fue mal aceptada en algunos círculos políticos. Unas 86 propuestas circulan en el Congreso Nacional, la mayoría de ellas, señala la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tienen que ver con la restricción de publicidad. En su compilación, FH se hace eco del secuestro de los semanarios Agosto e Impacto, el primero por entrevistar al candidato de la oposición a la alcaldía de Ribeirao Bonito (Sao Paulo), el segundo, en Florianópolis (Santa Catarina), por “usar malas palabras en su cobertura de la alcalde de la localidad y sus aliados políticos”. En Río de Janeiro, un juez cerró Jornal Entrerios durante 72 horas. En la parcela positiva, un tribunal falló a favor del diario Folha de S. Paulo y del Veja, acusados de propaganda electoral. Al igual que FH, el CPJ también considera muy alarmantes las órdenes de censuras vertidas desde los tribunales.
En mayo, unos hombres armados secuestraron y torturaron a dos periodistas del diario O Dia de Río de Janeiro.
RSF gira su lupa hacia la inauguración del proyecto gubernamental ‘Memorias Reveladas’ que, según estima la organización, expresa la voluntad política de poner fin a la opacidad que atenazó a la libertad de expresión en la época de la dictadura, camino emprendido con la derogación de la Ley de Prensa de 1967. A parte de todos los casos expuestos, la SIP, a través de su campaña ‘Acabemos con la impunidad de crímenes contra periodistas’ exhortó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a que esclareciera las muertes de Reinaldo Coutinho da Silva, director de Cachoeiras Jornal, en 1995.
En un intento de defender y promover los intereses y las libertades de la prensa deportivas, seis de los principales periódicos del mundo dedicados al deporte (La Gazzetta dello Sport, El Mundo Deportivo, Marca, L'Équipe, Olé y Lance) se reunieron para formar la Asociación Internacional de Periódicos Deportivos (IASN).
El Overseas Press Club (OPC) de América ha hecho un llamamiento al presidente de Brasil para manifestar su preocupación por los ataques a los periodistas que el país espera con interés la celebración de los Juegos Olímpicos.
La parcela medioambiental es uno de los sectores más amenazados en todo el mundo. En Brasil, uno de los mayores damnificados durante 2009 fue Lúcio Flávio Pinto, al que le interpusieron 33 demandas por publicar una serie de informes acerca de la deforestación en el Amazonas. El 18 de abril, Felipe Almeida y Víctor Haor denunciaron ante el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) que, junto otros periodistas, habían sido utilizados como escudo humano por miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra durante un tiroteo con agentes del orden.

 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

Libre

27

1995

 

 

 

 

Libre

30

1996

 

 

 

 

Libre

30

1997

1

 

 

 

Libre

30

1998

3

 

 

 

Parcialmente libre

32

1999

0

 

 

 

Parcialmente libre

35

2000

0

0

 

 

Parcialmente libre

33

2001

1

1

 

 

Parcialmente libre

31

2002

2

2

54

18,75

Parcialmente libre

32

2003

4

4

71

16,75

Parcialmente libre

38

2004

3

3

66

16,50

Parcialmente libre

36

2005

2

2

63

14,50

Parcialmente libre

40

2006

1

3

75

17,17

Parcialmente libre

39

2007

1

2

84

25,25

Parcialmente libre

42

2008

1

1

82

18,00

Parcialmente libre

42

2009

2

2

71

15,88

Parcialmente libre

42