BOLIVIA [informe 2008]

   
     
 

Después de un periodo en el que la situación de la libertad de expresión en Bolivia había mejorado año tras año, hasta situarse en referentes europeos, en 2008 se consolidó la tendencia al empeoramiento que comenzó en 2007. El asesinato del periodista Carlos Quispe, a manos de un grupo de manifestantes, es la principal causa de ese retroceso, pero no la única. La prensa ha sufrido especialmente las consecuencias de la polarización que vive el país a causa de la reforma constitucional.

Después de seis años sin que ningún periodista tuviera que pagar con su vida por ejercer su profesión, en 2008 Bolivia ha lamentado el asesinato de Carlos Quispe, profesional de Radio Municipal en la ciudad de Pucarani, situada a unos 40 kilómetros al oeste de La Paz (Bolivia).Un grupo opuesto al alcalde atacó la sede municipal el día 27 de marzo. La multitud se desvió más tarde hacia la emisora de radio municipal, saqueando sus instalaciones y golpeando con dureza a Quispe. Como consecuencia de las heridas, el periodista falleció días después en el hospital de La Paz.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide que este caso no quede en la impunidad. La organización se lamenta de que Bolivia haya caído, en su clasificación, 47 puestos en un año. Echando la mirada atrás, resulta aún más preocupante que, en 2006, el país ostentara un estupendo puesto 16 en el ranking mundial y que, en 2008, haya descendido hasta el puesto 115.  El súbito empeoramiento, que ha hecho descender al país de la mejor posición del continente a una de las peores del mundo, es, tal vez, demasiado pronunciado en virtud de los acontecimientos registrados y obedece, también, a la mejora generalizada de la libertad de prensa para RSF y al descenso de periodistas asesinados este año. Por lo que, con un empeoramiento importante pero no extremadamente significativo en su puntuación para RSF, el descenso en la clasificación ha sido más que considerable. Cabe esperar, por todo ello, que Bolivia mejore en estos aspectos para que retome su reciente posición al frente de la clasificación para los países latinoamericanos.
 Este retroceso se debe, en gran parte, al asesinato de este periodista de 31 años y a que, posteriormente, el juicio se haya retrasado en varias ocasiones, de forma que el año concluyó sin realizarse.
Con respecto a la impunidad, RSF manifiesta: “Tampoco tuvo seguimientos la inculpación por “terrorismo” del subteniente del ejército George Peter Nava Zurita y otras once personas, tras el atentado con explosivos a los locales de la televisión privada Canal 4-Unitel, que tuvo lugar el 21 de junio de 2008 en Yacuiba, en el Departamento de Tarija. De la misma forma tampoco hubo justicia en los casos de los atentados a Canal 7 y Red Patria Nueva en Santa Cruz. De momento, tan solo se puso en arresto domiciliario, y tardíamente, el pasado 14 de noviembre, a un único responsable del Comité Cívico Popular de La Paz, Adolfo Cerrudo, acusado de varias agresiones a la prensa y entre ellas de una amenaza de violación a una periodista del diario La Razón, en marzo de 2008. La impunidad hace que sean palabras vanas la protección de las libertades públicas y la seguridad de los periodistas. La justicia no es un asunto de ideología o pertenencia política. En este caso pasa también por un diálogo, que continúa en espera, entre el gobierno, la clase política en su conjunto y los representantes de la profesión”.
En el capítulo de agresiones también hay que mencionar las que sufrieron los periodistas que intentaban cubrir la toma del aeropuerto de Cobija en septiembre. Así le recoge la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): “Los más graves fueron la herida de bala en un pie a la periodista Claudia Méndez, de la Red de Televisión PAT, causada por el disparo del fusil de un soldado cuando los militares tomaron el aeropuerto de Cobija, capital del departamento de Pando, el 13 de septiembre; y la golpiza propinada al fotógrafo del diario El Deber, de Santa Cruz, Angel Farell, también el 13 de septiembre, en la población de Tiquipaya, por campesinos oficialistas enfrentados a palazos con jóvenes cívicos cruceños”.
Todas las instituciones que monitorean la libertad de expresión en la región coinciden en señalar que la prensa ha sido una víctima destacada del clima de polarización que se ha instalado en el país a causa de la modificación de la constitución que ha intentado aprobar el gobierno de Evo Morales. Los medios se han visto atrapados por la lucha por el poder entre el gobierno central y los gobiernos regionales, entre los socialistas y la oposición, entre los movimientos indígenas y los conservadores. Los periodistas han sido atacados como consecuencia de la división que ha reinado en el país. Los medios más cercanos al gobierno de Morales han sido criticados por la oposición, que los consideraba como extensiones de su poder en un intento por conseguir la aprobación de la reforma constitucional; los medios más cercanos a la oposición han sido criticados por el gobierno, que les reprochaba su deliberado interés por desestabilizar a la sociedad y perturbar la información política.

 

 

Un ejemplo de esta polarización es el debate sobre la red de emisoras de radios locales y comunitarias creada por Evo Morales al comienzo de su mandato. Con una inversión de dos millones de dólares, el gobierno de Morales creó en 2007 una red de veinte emisoras de radio para dar voz al pueblo indígena. Mientras para CPJ estas emisoras han sido financiadas por el gobierno de Hugo Chávez con el fin de crear una red de medios locales para difundir la propaganda oficial, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) afirman que: "Silenciar a estaciones de radio que defienden y promueven el respeto para las libertades individuales y colectivas es una manera de silenciar a todo un país que ha expresado su voluntad de construir un proyecto democrático".
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) se hace eco de uno de los episodios que marcaron el distanciamiento de la prensa con el gobierno en esta legislatura. Un comandante de la policía nacional expresó, a principios de año, que la inteligencia policial había espiado a políticos de la oposición y a un periodista crítico del gobierno, Juan José Espada, del canal Unitel. El anuncio fue hecho poco después de que los medios de prensa recibieran fotografías anónimas que documentaban los esfuerzos para seguir al periodista, el crítico más duro de Morales. El comandante de la policía, General Miguel Vásquez, afirmó que la maniobra había ocurrido sin su conocimiento y exigió que se hiciera responsable a uno de sus subordinados. El Senado inició una investigación tras la presentación de una demanda por parte de la Asociación de Periodistas de La Paz, pero la investigación estaba estancada a fines de año.
Así, todas las instituciones internacionales se hacen eco de cómo la prensa también padeció el clima de enfrentamiento que sufrió el país por los referéndums que se realizaron en los diferentes regiones, especialmente en las tierras bajas orientales, y que, posteriormente, el gobierno de Morales declaró inconstitucionales. En dichas votaciones, los gobiernos conservadores querían conseguir autonomía frente a las anunciadas propuestas del presidente de redistribuir la tierra y los recursos de las regiones con más riqueza natural con los indígenas. Así lo afirma el CPJ: “Varios periodistas de los medios privados fueron atacados y hostigados mientras crecían las tensiones políticas. Un mes después, medios comunitarios estatales y progubernamentales fueron agredidos por activistas de la oposición mientras cubrían referendos similares en los estados de Pando y Beni, según la prensa local”.
La situación de tensión alcanzó su culmen en septiembre y octubre de 2008. Los conflictos en el país se cobraron la vida de 28 personas. IFEX se hace eco de las múltiples agresiones que sufrió la prensa en este periodo. En este clima de disturbio, en el que esta institución censura los ataques verbales recibidos por la prensa, la SIP afirma que el gobierno ha modificado la regulación del canal público TV Boliviana y  la red de radio emisoras Patria Nueva, para ponerlas al servicio del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS): “Mediante Decreto Supremo se dispuso que el Directorio del canal estatal esté integrado únicamente por cinco ministros de Estado, presidido por el Ministro de la Presidencia, eliminándose la representación de sectores de la sociedad civil”.
Asimismo, la Asociación de Periodistas de La Paz se hace eco de otras formas de dificultar el acceso de la prensa independiente a la información. El presidente Morales afirmó: "En todo caso, voy a convocar a los periodistas de las agencias internacionales, porque pienso que ellos son más responsables en el manejo de la información", el 15 de diciembre del 2008.
En el presente clima de confrontación, Reporteros también hace una llamada a la responsabilidad de la prensa en el manejo de la información en aras de no alimentar las diferencias que dividen a la sociedad boliviana: “RSF considera que es su deber denunciar la utilización de los medios de comunicación para incitar al racismo, la violencia, e incluso el asesinato. Por eso, la organización condenó el comportamiento de Jorge Melgar Quete, arrestado el 13 de octubre de 2008 en Riberalta, cuyas crónicas en el canal regional de Beni, Canal 18, eran odiosas vociferaciones contra una población y un presidente democráticamente elegido, a causa de sus orígenes indígenas. El secretario general de Reporteros sin Fronteras, Jean-François Julliard, se manifestó indignado ante dichas palabras en un artículo de opinión, publicado el 21 de octubre de 2008, en los diarios La Razón y La Prensa. También es ese el motivo de que la organización decidiera hacer públicos en su sitio Web, a título de advertencia, algunos extractos de “Nuestra palabra”, otro programa del odio que anima el abogado Luis Arturo Mendivil en la emisora de su propiedad, Radio Oriental, en Santa Cruz. En particular, sus “crónicas” glorifican a la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo radical autor de múltiples ataques a medios públicos, como el Canal 7 o la cadena radiofónica Red Patria Nueva, estigmatizados por su proximidad al gobierno de La Paz”.


 
 
Año
Muertos según IPI *
Muertos según IFJ**
Ranking RSF***
Puntuación RSF
Clasificación FH****
Puntuación FH

1994

 

 

 

 

Libre

20

1995

 

 

 

 

Libre

17

1996

 

 

 

 

Libre

17

1997

0

 

 

 

 Libre

20

1998

0

 

 

 

Libre

18

1999

0

 

 

 

Libre

18

2000

0

0

 

 

Libre

22

2001

0

1

 

 

Libre

22

2002

1

1

48

14,5

Libre

25

2003

0

0

51

9,67

Libre

30

2004

0

0

76

20

Parcialmente libre

37

2005

0

0

45

9,67

Parcialmente libre

35

2006

0

0

16

4,5

Parcialmente libre

33

2007

0

0

68

21,5

Parcialmente libre

37

2008

1

1

115

28,2

Parcialmente libre

39