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A mediados de 2007, una delegación del Committee to Protect Journalists (CPJ) visitó Bolivia para evaluar las condiciones de la libertad de prensa. La delegación se reunió con el presidente Evo Morales, el Vicepresidente Álvaro García Linera, periodistas, editores, ejecutivos de medios y activistas por los derechos humanos en la capital, La Paz, y en Santa Cruz de la Sierra. Después de este encuentro, Carlos Lauría, responsables del programa para las Américas, redactó un informe sobre la situación en el país, “El momento histórico de Bolivia”.
El escenario boliviano para los medios es, en líneas generales, positivo. Si bien, varios episodios recientes están alertando al CPJ sobre dificultades que existen actualmente y pueden radicalizarse, a corto plazo, para los periodistas y los medios. Para esta institución, en Bolivia existen las tensiones normales entre la prensa y el poder político pero el país carece de la tradición y cultura democráticas suficientes para entender que tales críticas son usuales y necesarias para el ejercicio de la política y el Gobierno las entiende como hostiles y alimentadas por la oposición. Así pues, cuando el diario La Razón, propiedad del grupo español Prisa, cuestionó en varias portadas la rentabilidad de determinadas políticas económicas del Gobierno, Morales respondió advirtiendo que hasta pensaba en nacionalizarlo.
Una de las medidas más controvertidas del Gobierno fue publicar, en septiembre de 2006, una lista de los periodistas más hostiles de Bolivia. La lista, divulgada por la revista progubernamental El Juguete Rabioso y la agencia de noticias oficial Agencia Boliviana de Información (ABI), identificó a altos ejecutivos y periodistas de los grupos de medios más importantes tales como los diarios La Razón y El Mundo; las cadenas de televisión PAT, Red Uno, Unitel; y las radios Fides y Oriental.
Decisiones como ésta y declaraciones abiertamente hostiles al ejercicio de la profesión periodística han causado que los seguidores de Morales, el primer presidente indígena del país y el que más apoyo popular ha logrado, se identifiquen con la actitud de éste frente a los medios. Por ello, en enero, once periodistas, fotógrafos y cámaras fueron atacados por manifestantes progubernamentales en la ciudad de Cochabamba acusados de realizar una cobertura sesgada de la labor del gobierno. Y así lo afirma Morales: “El pueblo”, indicó, “reacciona a las mentiras y a las acusaciones contra mi gobierno”.
Las marcadas divisiones raciales y sociales en el país repercuten, también, en el sistema de medios. El poder económico se concentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que está dominada por una elite de habla hispana que controla buena parte de los medios nacionales audiovisuales. Las críticas son constantes a Morales y, en gran parte de la cobertura de los medios, entran en juego en las divisiones étnicas y económicas. Ello ha llevado a afirmar a Evo Morales que el sistema capitalista usa los medios en contra del gobierno y que, a nivel de los periodistas, ellos simpatizan con él: “son los dueños quienes están en campaña contra mi gobierno”.
De hecho, el CPJ informa de que la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, el sindicato de trabajadores de la prensa que simpatiza con el gobierno, ha introducido un proyecto de reforma que prohíbe a los dueños de los medios periodísticos la vinculación especulativa con negocios de otra naturaleza, y otra propuesta que otorga al gobierno el poder para revertir las concesiones del espacio electromagnético.
En este panorama, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alerta de que la creación de la red de Radios de los Pueblos Originarios de Bolivia es una forma de extender el monopolio gubernamental del espectro radiofónico. Hasta hace poco tiempo, el escenario de comunicación del Estado estaba compuesto principalmente por: Canal 7, la agencia de noticias ABI y la Radio Patria Nueva. Pero el gobierno boliviano, -siguiendo el ejemplo de Venezuela, lanzó un red de estaciones de radio comunitarias que se llama Radios de los Pueblos Originarios de Bolivia, y que es financiada por el gobierno venezolano.
Más de 24 de estas estaciones de radio ya están llegando a comunidades rurales e indígenas. En un país donde la mayoría de la población es analfabeta, donde existen dificultades geográficas para hacer llegar los medios hasta las localidades pequeñas y donde conviven tres idiomas, las radios comunitarias son un medio muy adecuado para la creación de redes sociales. Sobre estas emisoras, Morales explicó al CPJ: “Estas radios les permite tener una voz a muchos bolivianos que viven en zonas rurales (…). Nuestro objetivo es educar e informar a la gente que no tiene acceso”.
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Reporteros Sin Fronteras (RSF) también se ha pronunciado sobre esta propuesta pero, al contrario que la sociedad de editores SIP, estima que la creación de estas emisoras es positiva para la población y critica que se censure el acceso a la propiedad de dichas emisoras. En una carta abierta a Morales, a propósito de la reforma legislativa que, en 2007, incentivó la creación de estas emisoras, RSF afirma: “El decreto 29174 responde a un objetivo loable y necesario. Tiene por objeto facilitar la creación de medios de comunicación en zonas rurales donde, por razones técnicas, los habitantes no pueden acceder fácilmente a soportes de información y comunicación (Internet, teléfono, red hertziana). Y así, las radios comunitarias, lo mismo que ya sucede con las radios llamadas culturales o educativas, estarán exentas de impuestos sobre la asignación y el uso de su frecuencia. Ahora solo tendrán que pagar impuestos las radios comerciales. Se trata de una buena medida”.
A pesar de estas mejoras, RSF plantea a Evo Morales que existen determinadas limitaciones legales que incurren en desigualdades en el acceso a la propiedad estas emisoras. Según este decreto, no puede ser propietario de estas radios ningún representante del poder ejecutivo, legislativo o judicial. Esa disposición vale también para los políticos en general, los responsables sindicales y los ministros del culto. La institución internacional hace ver a Morales que todos los ciudadanos deben tener el mismo derecho a poseer un medio de comunicación.
Y, lo que plantea el mayor problema para RSF, que el decreto somete la concesión o renovación de una frecuencia a la condición de que la mencionada radio comunitaria se abstenga “de emitir mensajes partidarios o proselitistas, de cualquier tipo”, y se limite a mensajes educativos, culturales o comunitarios. Reporteros Sin Fronteras argumenta que debe ser cada medio de comunicación el que defina su línea editorial.
RSF no es ajeno a la inestabilidad que provoca las divergencias entre medios públicos y privados en el país. En su informe sobre Bolivia afirma que, en los departamentos donde gobierna la oposición a Morales, se amenaza y arremete contra los medios cercanos al Gobierno y, al contrario, en los gobernados por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, no se da el mismo tratamiento a los medios privados que a los públicos.
Este enfrentamiento entre medios públicos y privados preocupa al CPJ porque pude afecta al proceso de reforma constitucional que actualmente vive Bolivia. Esperan que a finales de 2007, la nueva carta magna esté redactada y lista para ser sometida a referéndum popular. Las instituciones que monitorean la libertad de expresión están expectantes sobre la regulación final de dicho derecho en el nuevo texto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también da importancia a algunas agresiones sufridas por los periodistas bolivianos. En el año 2007 la Relatoría Especial ha recibido varias denuncias de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Destaca su preocupación en particular por las que se desarrollaron en el entorno de la discusión de la reforma constitucional. En agosto de 2007, varias manifestaciones organizadas en torno de la Asamblea Constituyente derivaron en agresiones físicas contra reporteros y contra las instalaciones de Radio Patria Nueva.
Mientras tanto, Bolivia se incorpora lentamente a las nuevas tendencias en periodismo participativo. A pesar de la baja cantidad de usuarios de Internet en el país (menos del 20%), los blogs se están convirtiendo en un canal de comunicación cada vez más utilizado por los jóvenes que lamentan no encontrar otro medio que se adapte a sus gustos e intereses en el panorama boliviano. No se puede decir que son medios masivos, ya que su alcance es limitado y circunscrito a una comunidad de ‘blogueros’, pero sí se los puede considerar como nuevos espacios con impacto en determinadas capas sociales. Actualmente existe más de 600 blogs hechos en Bolivia.
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