Tras la llegada a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los datos de las instituciones internacionales que monitorean la situación libertad de expresión en Argentina muestran una tendencia a mejorar. La razón se encuentra, fundamentalmente, en que la presidenta ha comenzado a ofrecer ruedas de prensa. Si bien, principalmente en los medios locales, los periodistas siguen sufriendo presiones en su labor. A nivel nacional, el conflicto agrario ha supuesto un punto de inflexión en las relaciones de la prensa y el gobierno.

El asesinato de Juan Carlos Zambrano en Jujuy, el 19 de marzo de 2008, ha sido, sin duda, el momento de mayor conmoción en la prensa argentina pues, durante las primeras horas, se consideró que el móvil había sido profesional. El asesinato del periodista de LW8 y Canal 7 se vinculó, en un primer momento, a la querella que había recibido por parte del concejal de San Salvador, Pablo Lozano. La acción fue motivada por una columna en la que el periodista dijo que el edil esperaba una "señal" de los empresarios del transporte público de pasajeros para impulsar una suba en las tarifas. Si bien para la Federación Internacional de Prensa (IFJ) el móvil profesional no quedaba aún descartado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) recoge que tras el crimen existía un motivo sentimental.
En el capítulo de las agresiones, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) se hace eco del caso de Fabricio Gilbota. El 14 de noviembre, el periodista de Radio Universidad y del diario Norte en la provincia de Chaco, fue apuñalado por la espalda mientras cubría un enfrentamiento entre empleados municipales y vendedores ambulantes en Resistencia, la capital de la provincia. El periodista se recuperaba después de ser sometido a una operación.
Las agresiones físicas no son, afortunadamente, el mayor problema al que se enfrenta la prensa argentina pues es uno de los países latinoamericanos que mayor estabilidad muestra en materia de libertad de prensa. Si bien, en 2008 se registraron varias amenazas de muertes a periodistas. RSF pide a las autoridades locales de La Rioja (Noroeste) que adopten las medidas de seguridad necesarias en favor de Ximena Marenco, de la emisora privada Radio Fénix: “Enfrentada a la inercia de las autoridades de La Rioja, Ximena Marenco llegó incluso a sufrir una agresión en los locales del gobierno provincial. A pesar de que Argentina presenta un balance satisfactorio en materia de libertad de prensa, este tipo de presiones o acosos dirigidos es todavía demasiado frecuente en algunas provincias, donde el poder tolera muy mal las voces críticas. Las sospechas que Ximena Marenco tiene del gobierno provincial tendrían aun mayor razón de ser si continuara permaneciendo sordo a sus demandas de protección”.
Reporteros igualmente se preocupa por Juan Carlos Parada, colaborador del diario regional Río Negro y de la emisora de radio FM Patagonia en Chos Malal (provincia de Neuquén, Sudoeste), que desde mayo de 2008 viene recibiendo repetidas amenazas de muerte que podrían estar relacionadas con sus revelaciones sobre algunos casos de corrupción, en los que estarían implicados funcionarios locales, así como sobre abusos policiales.
Es en el ámbito local donde las presiones a la prensa se observan más directamente. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se hace eco de varios casos acaecidos en 2008, en los que los funcionarios locales entorpecieron la labor de la prensa o en los que esta recibió amenazas de diferentes sectores. Es el caso del Diario Noticias de la Costa y de FM de la Bahía de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, a los que el intendente Javier Iud ha declarado que no va a ofrecer más información. Según la FOPEA, Los funcionarios tomaron la decisión tras una pelea entre el intendente Iud y el periodista Luis Uribe ocurrida el miércoles 10 de diciembre por la noche, tras el acto en el que se festejaron los 25 años de democracia y se aprobó la ordenanza de libre acceso a la información.
También se hace eco esta institución del intento de silenciar la voz de Radio Nacional en San Luis, con incendios de su sede, corte de los cables que le permitían emitir e, incluso, amenazas de muerte a su directora. Otros casos denunciados por FOPEA son la propuesta de las autoridades de Mendoza para que sólo puedan sacar foto de los políticos los fotógrafos autorizados y titulados en sitios oficiales, o la situación de los periodistas de la localidad de Quines, en el norte de la provincia de San Luis, que sólo pueden cubrir las reuniones del Concejo Deliberante a través de una valla ubicada a una gran distancia del lugar donde se realizan los debates.
En el ámbito de la política nacional, 2008 ha sido el año de la crisis agraria para Argentina. Se produjo un acusado distanciamiento de la presidenta Fernández con la prensa a raíz del tratamiento de este acontecimiento, según CPJ: “El primer año de mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo signado por los conflictos, incluyendo una huelga de cuatro meses del sector agropecuario sobre la política impositiva del gobierno; preocupación económica y revelaciones acerca de donaciones secretas a la campaña presidencial provenientes del exterior. La administración Kirchner afirmó que la prensa distorsionó la realidad durante el prolongado conflicto con el agro y acusó a los medios de trabajar en conjunto para apoyar la huelga”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es más contundente al respecto: “Ya se había desencadenado el conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario, agobiado por una incesante presión tributaria que estalló con la imposición de retenciones móviles a las exportaciones de granos cuando el gobierno instrumentó campañas de desprestigio contra medios, periodistas y representantes de otros sectores económicos y políticos del país”.
Sin embargo, tras el momento de máxima tensión –cuando el Senado rechazó la propuesta de retenciones móviles al sector rural- el gobierno decidió, afortunadamente, cambiar el rumbo. En palabras de la SIP: “(…) el gobierno, que desde ese momento produjo un ajuste de funcionarios y un notorio cambio de rumbo en el vínculo con los medios, como vehículo para establecer un nuevo contacto con la gente”.
Todas las instituciones que monitorean la libertad de expresión se felicitan de que Cristina Fernández comenzara a mostrarse más abierta ante la prensa, aceptando preguntas de los reporteros en algunos eventos públicos, concertando la realización de un número limitado de entrevistas y escribiendo notas de opinión para periódicos provinciales. Pero, sobre todo, su decisión de realizar una rueda de prensa –después de diez meses en el gobierno- fue acogida con satisfacción. Parecía que Fernández había decidido abandonar la trayectoria de su predecesor, Néstor Kirchner, que en cuatro años no compareció nunca ante los medios.
La tradición que, sin embargo, sí parece haber heredado Fernández es la de repartir la publicidad oficial entre los medios más afines e impedir a aquellos más críticos con el gobierno el acceso a esta fuente de ingresos. CPJ afirma que quedaron en el congreso varias propuestas para clarificar este reparto: “Extendiendo un sistema que se había institucionalizado durante la presidencia de su marido, la administración Kirchner manipuló la distribución de la publicidad estatal creando un sistema de embargos publicitarios a los medios críticos y recompensando con anuncios a los medios que apoyaron al gobierno, según afirmaron analistas. En los primeros seis meses de 2008, el gobierno nacional gastó 181,7 millones de pesos (52 millones de dólares estadounidenses) en publicidad oficial, según la Asociación por los Derechos Civiles, una organización no gubernamental que promueve los derechos constitucionales. El monto superó los 164 millones de pesos (47 millones de dólares estadounidenses) que el gobierno gastara en la primera mitad del 2007. Según los analistas, el modelo de distribución se mantuvo inalterable respecto a los años anteriores”.
Con respecto a la legislación en materia de libertad de expresión,  ha habido dos fallos que han sentado precedente pues coinciden en destacar que los funcionarios no deben ser resguardados del escrutinio público. En mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuló una sentencia penal por difamación contra un periodista local e instó a que Argentina reforme sus leyes de difamación conforme a los estándares regionales. En este caso, el del periodista Eduardo Kimel, se revocó la condena por difamación penal de 1999. La CIDH, el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos, dictaminó que el estado había violado el derecho de Kimel a la libertad de expresión. El tribunal instó al país a modificar sus leyes de difamación conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que "no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos" y le condenó a pagar una indemnización por daños y perjuicios.
De esta forma, se inició una campaña desde distintos sectores de la sociedad para la despenalización de los delitos que atenazan a la libertad de información en Argentina, con el aire dado por esta sentencia de la CIDH. Así, se produjo otro acontecimiento reseñable en materia legal en lo referido a la denominada “real malicia”: “En una decisión anunciada en junio, el máximo tribunal de justicia estableció una mayor protección sobre el derecho de los periodistas a criticar las acciones de los funcionarios públicos. La Corte Suprema reafirmó el principio de la "real malicia" al tiempo que revocó un juicio civil de 2003 en contra del diario La Naciónpor una nota editorial que criticaba al Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial. El artículo publicado en octubre de 1998 cuestionaba el desempeño del organismo, que lleva a cabo pericias de medicina forense a nivel federal, y sostenía que el organismo se veía afectado por presiones políticas”, recoge CPJ. En la sentencia se recoge que todos los países necesitan el debate y el disenso para ser democráticos y, por lo tanto, se especifica que la real malicia sólo está presente cuando se informa de datos que se sepan inciertos o de haber actuado con negligencia al contrastar la información.
Todo ello parece haber sentado precedente y está favoreciendo una mayor accesibilidad de los poderes políticos con la prensa. Así lo recogen todas las instituciones que monitorean la libertad de expresión en el país: a pesar de las trabas en ciudades pequeñas, a nivel nacional, tanto políticos como funcionarios han iniciado una campaña de mayor cordialidad con la prensa a la cual dejan preguntar en sus comparecencias.