El estudio de los efectos sociales de los medios tiene una larga tradición en diversas disciplinas científicas –sociología, sicología, filología, comunicación, etc.-, y aun cuando todas ellas revelan consecuencias determinantes en la socialización de los individuos, la creación de opinión, la inducción de modas, etc., son frecuentemente ignorados, descuidados o soslayados por los responsables políticos. Ignorancia o aprovechamiento, ya que es, probablemente, la creencia excesiva en los efectos de los medios la que lleva al usufructo de los mismos, mediante la conversión de las estructuras públicas en instancias gubernamentales, un fenómeno que, significativamente, sólo se produce en el campo de los medios, porque la enseñanza y la medicina públicas, por ejemplo, no sufren tan directamente la influencia gubernamental.
La radiografía de los medios en Andalucía descubre que las estructuras de propiedad privada son externas a la comunidad autónoma; que los consumos de los medios escritos y de la lectura en general se alejan de los valores medios de las estadísticas culturales de España; que hay un predominio de los estímulos audiovisuales; que los medios definen sus agendas con valores generalmente localistas, que a veces colisionan con sus vecindades más próximas, sin que sean significativas las visiones integradoras de los intereses del conjunto de la sociedad; que no existen políticas públicas tendentes a crear estructuras de conocimiento que contribuyan a mejorar las condiciones culturales de la región; que el desarrollo de los medios locales, en el campo de la radio y la televisión, está sentando las bases de una estructura muy degradada de comunicación, que aparece generalmente aliada con valores e intereses que no favorecen el avance de los núcleos de población más atrasados.

Éste es el amplio campo de aplicación de las políticas de las Administraciones públicas, a no ser que un tácito escapismo, o complicidades de gratificación recíproca entre políticos y emisores, relegue a las fuerzas del mercado aspectos tan relevantes como los relacionados con la socialización cívica, la identidad cultural y la imagen y capacidad de interlocución de una comunidad.
Lo más preocupante es observar cómo, en ocasiones, los representantes políticos, cuando se ven obligados a defender la televisión pública, hacen manifestaciones que exteriorizan una profunda ignorancia acerca de los medios y de su papel como agente de cambio, y defienden las programaciones más degradadas en sus valores culturales y sociales como una forma de atender a la demanda 66. Esta aberración conceptual supone, en ocasiones, tanto como la legitimación del atraso y la incultura, esto es, la entronización del mal gusto y la falta de imaginación como primer nutriente de la opinión pública, a la vez que renunciar al más poderoso resorte para la modernización de la sociedad.