|
La ausencia de políticas informativas expresas parece una
constante en la España democrática. Y no se quiere
decir con ello que, en la práctica, no se adviertan expresiones
de políticas de información y comunicación,
ya que la misma declaración de principios “la mejor política
de información es la que no existe”, formulada ya en 1983,
es un verdadero vivero ideológico extraño a los cultivos
del resto de las expresiones socialdemócratas del sur de
Europa 55. Sin duda,
se trata de una manifestación de hermanamiento con posiciones
que parecen heredadas de las mantenidas por Estados Unidos durante
su contencioso en el seno de la Unesco, contestadas en el informe
McBride de 1980 56.
El largo debate dialéctico sobre el “libre flujo” de la información
arranca en Estados Unidos con el final de la SGM y viene a reducir
el intercambio de información, ideas y productos culturales
a las reglas del mercado.
Tal vez sea en América Latina, como ya se ha visto, donde,
con mayor nitidez e intensidad, se hayan formulado, incluso desde
posiciones ideológicas contrapuestas, la necesidad de las
políticas informativas como instrumentos de desarrollo, tanto
para mejorar las condiciones culturales, como para estimular cambios
de hábitos tendentes a una integración económica
en términos de estructuras sostenibles, pero también
como mecanismo para el asentamiento de la cultura democrática.
En España, se elude el debate bajo la demonización
de las políticas de información y comunicación
porque se ven en ellas resabios intervencionistas, y en ningún
caso su dimensión real como garantes del derecho a la información
y del pleno ejercicio de la libertad de expresión 57.
La teórica ausencia de políticas informativas se salda
con dos vías de acción en la que priman:
a) El desarrollo estrictamente mercantil del
sistema de medios, no sólo por la expansión de
la estructura de propiedad privada al conjunto de los sectores
de la información y de la comunicación, sino por
la ausencia de mecanismos democráticos garantizadores
de los derechos de la sociedad en los procesos de comunicación.
Ese carácter se acentúa especialmente por la ausencia
de un referente público –un modelo público audiovisual,
por ejemplo-, determinante en otras naciones en la definición
de estándares de calidad en el conjunto del sistema.
b) La adhesión incondicional a la panacea tecnológica,
que se convierte en un 'leitmotiv' de seducción política,
en virtud de la cual se sobredimensiona el papel de la innovación.
Es el que se conoció, a comienzos de los noventa, como
el triunfo de la “cultura de Telefónica” sobre la presidencia
del Gobierno 58.
Esta postura representa, asimismo, la asunción de la
llamada filosofía tecnológica como discurso de
acompañamiento político, en un tiempo de significativa
contención ideológica. |
La ausencia de un referente nacional ha debilitado y hasta esterilizado
el nacimiento de políticas autonómicas, salvo en aquellos
casos donde los procesos de autoafirmación o recuperación
de los llamados ‘hechos diferenciales’ –lingüísticos,
culturales, etc.- llevaron a fortalecer el proyecto político
a través del sistema público de medios: Cataluña,
País Vasco y Galicia, fundamentalmente.
A
los doce años de su creación, la RTVA no ha
generado una industria innovadora y con proyección
externa, ni ha contribuido significativamente al desarrollo
de la cultura democrática y la participación
social. |
En el caso andaluz, el proceso autonómico no se asienta
en consideraciones diferenciales sobre el conjunto del Estado, sino
en la creación de una estructura de gestión próxima
a los ciudadanos, capaz de recabar los recursos necesarios para
sacar a Andalucía de su secular atraso. Además, se
insiste, al menos en términos enunciativos, en la necesidad
de vertebrar políticamente la comunidad.
Para lograr estos objetivos no se contemplan, desde el campo de
la comunicación, políticas públicas, sino que
parecen cifrar todas las esperanzas y esfuerzos en la creación,
a finales de los ochenta, del ente público RTVA. La experiencia
de la radio y televisión públicas confirma, en la
práctica, la inexistencia de tales políticas y advierte
malformaciones en el modelo de servicio público, similares
a las que se apreciaron en otras estructuras de ámbito estatal.
A los doce años del nacimiento de la RTVA, es difícil
evaluar en qué medida ha contribuido a la pretendida vertebración
y desarrollo integral del territorio. No se ha creado una verdadera
industria audiovisual que se corresponda con la talla demográfica
de Andalucía, capaz de exportar contenidos con calidad y
con personalidad propia diferencial. Tampoco ha servido para impulsar
un proyecto de desarrollo de la cultura democrática, de solidaridad
y participación. Y, desde luego, no se puede afirmar que
el ente público haya paliado las carencias culturales de
la comunidad, sino que, más bien por el contrario, muchos
de sus programas de mayor audiencia han sido el baluarte de numerosos
tópicos arcaizantes que aún recrean la imagen de Andalucía.
Los perfiles de consumo de Canal Sur ponen de manifiesto cómo
entre 1996 y 2000, años en los que el sistema autonómico
ha incrementado en un 50 por ciento sus presupuestos, se ha producido
un desplazamiento hacia públicos más rurales, de mayor
edad y menor formación cultural, y no como consecuencia de
una estrategia de aproximación trazada desde criterios de
servicio al progreso de estos sectores de la comunidad, sino por
la identificación entre el bajo perfil cultural de la emisora
y el de su audiencia.
Es difícil, a la vista de los valores que exhibe Canal Sur,
advertir rasgos convincentes de las políticas de modernización
que, con frecuencia, enuncia el Gobierno andaluz, tal vez para sacudirse
las críticas de los sectores más dinámicos
de la sociedad. |
