La Ley 41/95, por la que se regulan las emisiones de televisión por ondas terrestres, no ha alcanzado su vigencia efectiva por el sucesivo aplazamiento en la redacción de un plan técnico de asignación de frecuencias. Esta situación coloca en términos de alegalidad o debilidad legal muchas de las iniciativas y desarrollos que se conocen en las distintas comunidades autónomas. Andalucía ha sido, desde hace años, la que mayor número de iniciativas ha conocido y donde, seguramente, se da uno de los más bajos perfiles de compromiso de la televisión local con la cultura cívica. Con más de 200 emisoras operativas, no llegan a un 15 por ciento las que tienen carácter público, y, entre estas últimas, aún son menos las que programan en términos de servicio público 109. Los modelos desplegados por los Ayuntamientos no responden a un concepto inequívoco del medio y, en ocasiones, son extensiones de la política municipal o de la imagen de los ediles, cuando no peculiares concesiones a operadores locales ajenos a los proyectos sociales del lugar. Otra valoración por hacer es la de las programaciones, la calidad de éstas, la estética de sus contenidos, su carácter de servicio, etc.

Una realidad que contrasta, por ejemplo, con la de Cataluña, donde una más clara ordenación del sistema de medios ha situado al sector, a pesar de la debilidad legal que lo define, en una posición menos ambigua 110. No obstante, existen algunos ejemplos de televisión local pública con criterio de servicio, esto es, partidarios de regeneración de la radio local, y también se han conocido otras voces que se han sumado, al menos en las declaraciones, a estos criterios ante la penetración de los grandes grupos en el sector. La asociación Aprotels, que integra a las televisiones locales de la provincia de Sevilla, señala como criterios corporativos, la defensa “de la información local, como pieza clave e indiscutible de la idiosincrasia de los pueblos, del derecho de los ciudadanos a recibir información, a participar de los beneficios comunicativos que ofrecen estos medios de comunicación, y a consolidar los ‘pequeños medios’ como valedores de las ‘pequeñas realidades’ en este gran mundo de la era de la globalización”.
Aunque la Administración andaluza ha regulado por decreto (414/00) el régimen jurídico de la televisión local y, con posterioridad, a comienzos de 2001, convocó un concurso previo a la fase de adjudicación de frecuencias, la difícil racionalización del sector depende de la aprobación de un plan técnico de ámbito nacional. Sin embargo, nada parece indicar que se habilite el desarrollo de la televisión local bajo los estándares de la tecnología analógica, en vías de extinción, y que su espacio natural estará definido en la esfera de lo digital. Sin embargo, este cambio de matriz tecnológica, que supone una mayor capacidad de acogida de señales emisoras, favorecerá la implantación de los grandes grupos o el control de las señales por éstos. Hay dudas acerca de la capacidad tecnológica de estas emisoras para asumir la reconversión a los estándares digitales y, en opinión de los expertos, el nuevo horizonte estará descrito por las ‘cadenas’ de los grandes grupos y las señales locales portadas por plataformas digitales terrestres, operadoras de cable, etc. 111. No obstante, Andalucía, que tienen una dilatada tradición en el audiovisual de proximidad, iniciado bajo la cultura del los ‘vídeos comunitarios’, aparece, a los ojos de los expertos, como uno de los territorios españoles más abierto al medio, por el alto consumo audiovisual de la comunidad, la distribución y talla demográfica de sus núcleos de población, el carácter localista de las culturas urbanas y la preponderancia de lo local en la definición de otros espacios mediáticos de referencia (prensa y radio).
La convocatoria de la Junta suscitó una avalancha de solicitudes sorprendente, que más que expresar el dinamismo del sector, podrían haber reflejado movimientos políticos y económicos especulativos. 4.252 solicitantes, uno por cada 1.740 habitantes, una densidad que supera el número de farmacias, kioscos de prensa, etc. De ellas, 2.065 correspondían a entidades con ánimo de lucro; 114 a entidades sin ánimo de lucro; 1.858 a iniciativas de personas físicas, y 215 a los ayuntamientos. Finalmente, fueron admitidas a trámite 4.048, distribuidas de acuerdo con los siguientes valores provinciales: Málaga, 892; Sevilla, 626; Granada, 512; Cádiz, 499; Almería, 494; Huelva, 384; Jaén, 366, y Córdoba, 275. Las más de cuatro mil solicitudes fueron cursadas por sólo 570 peticionarios, lo que advierte sobre el alto grado de demanda de emisoras, especialmente entre personas físicas y sociedades con ánimo de lucro, con una media de 11 emisoras por solicitante.